Caso de presunto matoneo en el colegio Los Nogales será definido en juicio penal por injuria

Un proceso judicial de carácter penal se abrió contra dos exdirectivos del colegio Los Nogales de Bogotá, luego de que la Fiscalía General de la Nación los acusara por el presunto delito de injuria, relacionado con la divulgación pública de un caso de acoso escolar ocurrido en 2024.

La acusación fue radicada el pasado 22 de enero de 2026, tras cerca de año y medio de indagaciones. Los señalados son Camilo Camargo, rector de la institución, y Marcela Junguito, entonces vicerrectora académica y actual directora del Gimnasio Femenino.

Según el expediente conocido por El Tiempo, la controversia se originó cuando ambos directivos ofrecieron declaraciones a medios de comunicación en las que describieron conductas de matoneo atribuidas a dos estudiantes, sancionados posteriormente con la expulsión. Para las familias de los menores, esa exposición habría vulnerado la reserva de los procesos disciplinarios y afectado la reputación de sus hijos.

En su momento, Camargo sostuvo que las acciones investigadas correspondían a un patrón de intimidación reiterada, con la intención de causar daño a otro estudiante. El colegio, tras recibir pruebas aportadas por los padres del menor afectado —incluidos mensajes y grabaciones—, activó su protocolo interno y reportó el caso a la Secretaría de Educación de Bogotá.

La decisión de expulsar a los dos adolescentes generó una profunda división en la comunidad educativa. Mientras algunos sectores respaldaron la aplicación estricta del manual de convivencia, otros cuestionaron la proporcionalidad de la sanción y promovieron acciones judiciales.

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De hecho, los padres de los estudiantes sancionados interpusieron tutelas y otros recursos legales, alegando vulneración del derecho a la educación. No obstante, las autoridades judiciales concluyeron que el colegio actuó conforme a sus normas internas y dentro del marco legal.

Paralelamente, las familias avanzaron por la vía penal. En la denuncia por injuria argumentaron que los directivos expusieron información sensible de menores de edad en escenarios mediáticos. La abogada Beatriz Molina, representante de los exalumnos, insistió en que los funcionarios educativos tienen el deber de guardar confidencialidad en este tipo de procesos y advirtió que también existirían elementos que apuntan a situaciones de acoso en doble vía.

Desde la defensa de Camargo y Junguito, el penalista Fabio Humar aseguró que atenderán todas las citaciones judiciales y ejercerán los mecanismos legales disponibles, aunque manifestó su desacuerdo con la apertura del proceso, al considerar que sienta un precedente complejo para el manejo institucional de casos similares.

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