Fiscalía formaliza acusación contra Carlos Ramón González por presunto lavado de activos

La Fiscalía General de la Nación radicó oficialmente el escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), dentro del proceso que lo investiga por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La audiencia de acusación se instaló este jueves 29 de enero a las 8:00 de la mañana y se desarrolló de manera virtual. González asistió a la diligencia desde Nicaragua, país en el que permanece pese a las solicitudes de extradición elevadas por el Estado colombiano desde que estalló el escándalo judicial.

Durante la diligencia, dirigida por la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, la fiscal María Cristina Patiño expuso los fundamentos del escrito acusatorio, mientras que la defensa del exfuncionario estuvo a cargo del abogado Iván Cancino. Según la Fiscalía, González habría ocupado un rol central en la autorización de operaciones financieras irregulares durante su paso por el alto Gobierno.

De acuerdo con la investigación, el exdirector, considerado uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, habría impartido instrucciones desde la Casa de Nariño para facilitar pagos y contratos que posteriormente fueron señalados como ilegales. La acusación sostiene que esas decisiones permitieron el desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales.

A González se le atribuyen los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. La Fiscalía aseguró que el esquema investigado incluía el pago de sobornos para asegurar el trámite y la aprobación de iniciativas del Ejecutivo en el Congreso, lo que también salpica a los expresidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes actualmente se encuentran privados de la libertad por estos hechos.

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El expediente presentado por la Fiscalía, que supera las 60 páginas, detalla movimientos de dinero que inicialmente habrían alcanzado los 60.000 millones de pesos y que, tras ajustes en la investigación, se habrían concretado en cerca de 4.000 millones. El rastreo de los recursos y la identificación de los beneficiarios finales siguen siendo ejes centrales del proceso penal.

En la audiencia fueron acreditadas como víctimas la Ungrd, la Contraloría General de la República y comunidades indígenas wayúu de La Guajira, quienes argumentaron haber resultado afectadas por el presunto desvío de recursos destinados a la gestión del riesgo. La defensa de González cuestionó esta acreditación y pidió que las imputaciones se sustenten en pruebas materiales y no solo en testimonios.

El proceso continuará en las próximas etapas judiciales, mientras se define la situación jurídica del exfuncionario y el avance de las solicitudes internacionales para su eventual extradición.

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