Contraloría detecta daño patrimonial por más de $213 millones en cinco vuelos de Juliana Guerrero

La Contraloría General de la República reveló un hallazgo fiscal por $213.548.069 tras identificar el uso indebido de aeronaves de la Policía Nacional para cinco vuelos realizados entre el 19 y el 21 de junio de 2025. Según el informe, estos desplazamientos —autorizados por el Ministerio del Interior— transportaron a Juliana Guerrero, Verónica Guerrero y Ricardo Adolfo Suárez, sin responder a la misión institucional de la entidad.

En primer lugar, la investigación determinó que los vuelos del 19 y 20 de junio se realizaron bajo el argumento de facilitar la presencia de Juliana Guerrero en una sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Para ello, abordó aeronaves oficiales en rutas que incluyeron Bogotá, Valledupar y Aguachica, pese a que estas actividades no están relacionadas con las funciones del Ministerio del Interior.

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A renglón seguido, el organismo de control precisó que el primer vuelo, realizado la noche del 19 de junio, partió de Bogotá a las 10:44 p. m. con destino a Valledupar, bajo la justificación de una “reunión con comunidad”. Este desplazamiento fue solicitado por el supervisor del convenio del Ministerio del Interior, quien pidió la disponibilidad de una aeronave para el traslado de “personal del señor ministro y su comitiva”.

Posteriormente, el 20 de junio, Guerrero volvió a movilizarse en una aeronave policial en la ruta Valledupar – Aguachica – Valledupar, saliendo a las 7:10 a. m. junto a Verónica Guerrero, Mauricio Díaz, Gerardo Bohórquez y José Pérez Yancy. Para la Contraloría, estos vuelos solo podían autorizarse si estaban alineados con la misión institucional, condición que no se cumplió.

En esa línea, el organismo concluyó que, aunque sí existió autorización ministerial, la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública no corresponde a funciones propias del Ministerio del Interior. Esto, afirmó, constituye una violación al criterio de misionalidad y un uso inapropiado de recursos públicos.

Finalmente, la Contraloría calificó la actuación como una gestión fiscal “ineficaz, ineficiente y antieconómica”, que derivó en un daño patrimonial al Estado por el total de los vuelos realizados.

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