Denuncian a Ricardo Bonilla por haber presuntamente repartido contratos a cambio de apoyo político

Una nueva denuncia golpea al Gobierno Nacional y al entorno del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. María Alejandra Benavides, quien fue su asesora, aseguró ante la Fiscalía que en esa cartera se establecieron mecanismos para asegurar el respaldo político de congresistas mediante la entrega de contratos y cupos indicativos.

El testimonio de Benavides, revelado por Semana, indica que la llamada “gobernabilidad” del Ejecutivo se sostenía con la asignación de proyectos y recursos a legisladores de la Comisión de Crédito Público. Según su declaración, la instrucción venía directamente del ministro Bonilla, con un objetivo claro: mantener contentos a los congresistas y garantizar sus votos en el Congreso.

Benavides explicó que su principal tarea consistía en coordinar los cupos indicativos, es decir, la gestión de proyectos en distintas entidades públicas asignados a determinados parlamentarios. “El cupo indicativo es un seguimiento de proyectos que se hace a ciertos congresistas, en pro de un relacionamiento y una gobernabilidad. Esto se materializaba en quórum y votaciones”, afirmó.

La exasesora relató que cuando su jefa directa, Andrea Ramírez, salió de licencia de maternidad, quedó a cargo de un registro en el que se detallaban los contratos adjudicados a cada congresista. Estas gestiones, dijo, se realizaban en reuniones con los miembros de la Comisión de Crédito Público, donde se definían los proyectos que el Ministerio debía respaldar.

“Un cupo indicativo era la forma de garantizar gobernabilidad”, insistió Benavides. Añadió que, por orden del ministro, debía procurar que los congresistas “se mantuvieran felices” y que los funcionarios del despacho recibían instrucciones específicas sobre qué legisladores atender y con qué prioridad.

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La testigo también describió un encuentro en el que los congresistas acordaron apoyar un crédito propuesto por el Ministerio de Hacienda como muestra de buena voluntad hacia Bonilla, siempre que este cumpliera ciertos compromisos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El caso, que se suma al escándalo por presunta corrupción en la UNGRD, salpica a varios legisladores: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Todos ellos están siendo investigados por posibles irregularidades en la asignación de contratos, aunque continúan el proceso en libertad por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La confesión de Benavides refuerza la tesis de que desde el Ministerio de Hacienda se tejió una estructura para premiar con contratos a quienes apoyaran las iniciativas del Gobierno, usando la “gobernabilidad” como fachada para el intercambio de favores políticos.

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