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Esta es la Reforma a la Justicia del gobierno Petro: puntos claves del articulado
Fue radicada de forma conjunta entre el ministerio de Justicia, la Corte Suprema y la Fiscalía.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, presentaron ante el Senado de la República la Reforma a la Justicia del Gobierno Petro.
La iniciativa tiene como el objetivo combatir la impunidad y garantizar una justicia más eficiente y rápida en el país. Asimismo, busca retomar el "espíritu original" del Sistema Penal Oral Acusatorio, implementado en 2004, que se ha visto limitado por múltiples modificaciones a lo largo de los años.
Los funcionarios señalaron que esta reforma permitiría agilizar la resolución de casos mediante mecanismos de terminación anticipada, como los preacuerdos y el principio de oportunidad, facilitando un cierre más ágil de los procesos judiciales.
#AEstaHora | En el @SenadoGovCo la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, la @CorteSupremaJ y @FiscaliaCol, radican el Proyecto de Ley para una #JusticiaÁgilYEficaz que busca acelerar la respuesta del sistema de justicia penal, retomando la filosofía original del Sistema… pic.twitter.com/L0c4TYiZm0
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) October 8, 2024
En la actualidad, solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal colombiano se resuelven mediante estas figuras, lo que va en contravía de las tendencias internacionales, donde se espera que el 90% de los procesos se resuelvan sin llegar a juicio.
Con la reforma, se pretende invertir esta situación, descongestionando la justicia y evitando la revictimización de quienes han sufrido delitos.
El proyecto de ley propone, entre otros cambios, el levantamiento de restricciones a mecanismos procesales como los preacuerdos y el principio de oportunidad, y la introducción de medidas como:
- La extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas.
- Aplicación del principio de oportunidad por parte de la Fiscalía desde el momento de la indagación.
- La posibilidad de que las personas capturadas en situación de flagrancia puedan recibir beneficios por allanamiento de cargos en similares condiciones que aquellos que no han sido aprehendidos en flagrancia.
- Procedimiento de allanamientos y preacuerdos para todos los delitos.
Según cifras presentadas por los promotores de la reforma, en 2023 se radicaron 1.815.751 noticias criminales, y en lo que va de 2024 ya se han registrado 559.313 más, lo que representa un incremento significativo de casos activos y una posible saturación de la justicia penal. Actualmente, hay más de 3.2 millones de procesos en curso en el país.
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El sistema penal enfrenta un desequilibrio: de los 52.278 escritos de acusación presentados por la Fiscalía en 2023, solo 2.742 correspondieron a preacuerdos, lo que equivale a poco más del 5%. La reforma busca revertir esta situación, para que la mayoría de los casos puedan ser resueltos antes de llegar a juicio, como lo estipula el modelo original del sistema acusatorio.
Los impulsores del proyecto subrayaron que la iniciativa es el resultado de una amplia discusión con diversos sectores y que su implementación permitirá restablecer la confianza en el sistema judicial, reducir la impunidad y asegurar el respeto de los derechos de las víctimas.
Ahora, el proyecto deberá ser debatido por el Congreso, donde se espera que su articulado sea evaluado y aprobado para entrar en vigor.
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