Gobierno estudia si mantiene suspensión de orden de captura contra alias ‘Calarcá’

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se encuentra en proceso de análisis la posibilidad de revocar la suspensión de la orden de captura emitida contra el individuo conocido con el alias de ‘Calarcá’. La decisión se enmarca en las deliberaciones de las mesas de seguridad y paz impulsadas por el Gobierno.

La evaluación incluirá consideraciones relacionadas con el accionar reciente de este actor armado, así como con las denuncias presentadas por la Defensoría del Pueblo en torno al reclutamiento forzado de menores en departamentos como Guaviare, junto con ataques perpetrados contra civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Sánchez, explicó que la decisión será tomada con base en el análisis integral del comportamiento del grupo al que se atribuyen atentados, extorsiones y otras conductas criminales, entre ellas acciones que comprometen la seguridad en zonas rurales.

Añadió que cualquier conclusión será comunicada de manera oficial a la ciudadanía, y que el Estado actuará de conformidad con su deber de salvaguardar a la población.

En este contexto, se le consultó al funcionario sobre la responsabilidad de alias ‘Calarcá’ en la emboscada ocurrida en Amalfi, Antioquia, donde murieron 13 policías tras la caída de un helicóptero Black Hawk.

Al respecto, Sánchez reconoció que existe un contraste entre el ofrecimiento de una recompensa de cinco millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos y los acercamientos del Estado colombiano en el marco de la política de paz total.

No obstante, sostuvo que ambos países comparten el interés común de desarticular las redes criminales involucradas en actos terroristas, sin que ello signifique una interferencia en los procesos jurídicos y políticos en desarrollo.

El jefe de la cartera de Defensa también abordó la agenda bilateral con Estados Unidos, en el contexto de la próxima visita del presidente Gustavo Petro a ese país. Señaló que los vínculos con Washington se han reactivado mediante encuentros centrados en tres ejes: el combate al narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado transnacional y la cooperación en seguridad.

Afirmó que el gobierno colombiano mantiene un papel protagónico en los esfuerzos conjuntos, resaltando que alrededor del 60 % de la droga incautada a escala global se logra gracias a labores de inteligencia lideradas por autoridades nacionales. Sánchez detalló que esta estrategia ha tenido un alto costo en términos humanos.

Lea también: (Ataques armados y explosión sacuden a Caquetá: se investigan vínculos con disidencias armadas y extorsión)

Desde el inicio del actual periodo presidencial, aproximadamente 2.000 colombianos han perdido la vida en acciones relacionadas con la confrontación contra el narcotráfico, entre ellos 356 uniformados que participaron en operativos de alto riesgo.

En otro frente, el ministro anunció nuevas restricciones a la importación y comercialización de drones en el país, como respuesta al uso creciente de estos dispositivos por parte de estructuras armadas ilegales para la comisión de atentados con explosivos.

De acuerdo con cifras oficiales, durante el año 2025 se registraron cerca de 8.400 intentos de ataques utilizando drones, de los cuales el 96 % fueron frustrados mediante operaciones de inteligencia y contrainteligencia, mientras que el 4 % restante causó víctimas y daños materiales.

Las medidas contemplan la obligación de notificar previamente cualquier importación de drones, así como la limitación de puntos de ingreso al país, que serán exclusivamente los puertos de Cartagena y la capital.

Además, se exigirá a las empresas que distribuyen este tipo de tecnología establecer protocolos de control, implementar sistemas de trazabilidad de equipos y remitir informes periódicos a las autoridades competentes.

El titular del despacho señaló que estas disposiciones hacen parte de una política preventiva para evitar que estos dispositivos sean utilizados en acciones armadas o de sabotaje que afecten la infraestructura pública o privada, así como la integridad de civiles y servidores del Estado.

Otras noticias