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JEP abre incidente contra siete exmilitares por presunta falta de verdad
La Jurisdicción Especial para la Paz investiga a oficiales retirados por posibles mentiras en sus versiones sobre crímenes contra el pueblo Arhuaco en 1990.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de verificación del régimen de condicionalidad contra siete exintegrantes de la Fuerza Pública, por presuntas faltas al deber de aportar verdad plena y no mentir en relación con crímenes contra el pueblo Arhuaco ocurridos en 1990.
El incidente se relaciona con la desaparición forzada de tres Mamos Arhuacos y la tortura de varios indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, y vincula a siete comparecientes: el general Juan Salcedo Lora, los coroneles Luis Fernando Duque Izquierdo y Rafael Mejía Roa, el capitán Pedro Antonio Fernández Ocampo, el mayor Hernán Carrera Sanabria, y los sargentos Cosme García Camacho y Daniel Rivera Rincón. Ninguno de ellos había solicitado su sometimiento formal a la JEP, ya que actualmente se encuentran en libertad sin condenas por estos hechos.
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A pesar de que los comparecientes tienen derecho a no autoincriminarse, la JEP aclaró que están obligados a decir la verdad y no distorsionarla dolosamente. Mentir o engañar, señala el auto, representa un incumplimiento del régimen de condicionalidad, lo que podría derivar en la exclusión del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La decisión fue motivada por las declaraciones de autoridades espirituales Arhuacas durante una diligencia en territorio sagrado, así como por los señalamientos de un apoderado de víctimas sobre un supuesto pacto de silencio entre los exmilitares.
También se realizó una contrastación preliminar entre las versiones entregadas y las evidencias disponibles en el expediente judicial.
Finalmente, la magistratura determinó que no es procedente remitir a los comparecientes al régimen adversarial, sino que deben enfrentar este incidente como una oportunidad para hacer aportes significativos a la verdad, restablecer la confianza con las víctimas y conservar los beneficios de la justicia transicional.
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