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JEP y ARN firman acuerdo clave para implementar sanciones restaurativas
Alianza histórica para que las sanciones propias empiecen a transformar los territorios más golpeados por el conflicto armado.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en el cumplimiento efectivo de sus decisiones judiciales. Este martes, en presencia del presidente Gustavo Petro, se firmó un Memorando de Entendimiento entre la JEP y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que da inicio al proceso de articulación institucional para hacer realidad las sanciones propias impuestas por el Tribunal para la Paz.
El acuerdo permitirá que las sentencias no se queden en el papel, sino que se conviertan en acciones concretas en los territorios. Como primer paso, se activa la subcuenta 'Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas – ARN' del Fondo Colombia en Paz, con un presupuesto inicial de $50.000 millones. Estos recursos financiarán proyectos restaurativos derivados del Caso 01 sobre secuestros, y del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, relativo a ejecuciones extrajudiciales.
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Durante el acto, el presidente Petro destacó la importancia de visibilizar verdades incómodas. "La JEP ha destapado cosas que la sociedad debe digerir, pero que muchos quieren tapar rápido", afirmó. También hizo un llamado a cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz, entre ellos la entrega de tierras y el desarrollo rural.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, subrayó que este acuerdo es garantía de cumplimiento real. “No queremos sentencias de papel, sino fallos que transformen los territorios”, afirmó, destacando que esta articulación con el Gobierno envía un mensaje de compromiso a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU.
El memorando abre la puerta a una fase más ambiciosa de implementación. Se crearán mesas de trabajo para definir los lineamientos técnicos de los Proyectos Restaurativos que deberán cumplir los máximos responsables que reconozcan su responsabilidad. Estos proyectos se desarrollarán con participación de las víctimas y comunidades, priorizando los territorios más afectados por la violencia.
Así, el Estado da un paso firme hacia el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz, al garantizar que las sanciones propias de la JEP no solo reparen el daño causado, sino que también transformen las condiciones estructurales que perpetúan el conflicto armado en Colombia.
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