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La “firmatón nacional” por la libertad de David Murcia Guzmán avanza sin sustento jurídico
Videos en redes sociales reactivaron el movimiento que busca presionar la salida de prisión del creador de DMG, condenado por lavado de activos y captación ilegal.
Un nuevo capítulo se abrió esta semana alrededor de la figura de David Murcia Guzmán, fundador de la intervenida firma DMG. En plataformas como TikTok y Facebook comenzó a circular una campaña que invita a reunir firmas para exigir su libertad, pese a que el empresario cumple una condena de 22 años en la cárcel La Picota, en Bogotá.
La convocatoria, promovida por seguidores que se autodenominan “familia DMG”, volvió a poner en escena a voceros que han liderado encuentros con antiguos tarjetahabientes para reclamar la devolución de bienes incautados tras la intervención de la empresa en 2008. Entre ellos figura Samanta Fajardo, quien desde Putumayo —cuna de la compañía— hizo un llamado a la ciudadanía para unirse a la recolección de firmas y respaldar, según dijo, a la abogada Sondra Macollins.
Los puntos de recolección se han instalado en municipios como Mocoa, Puerto Asís, Villa Garzón y La Hormiga, además de una reciente jornada en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. En varios de los videos publicados, los organizadores aseguran que Murcia Guzmán está “secuestrado” y que enfrenta una doble condena pese a haber sido procesado previamente en Estados Unidos.
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Durante una de estas manifestaciones, la activista Cielo González afirmó que DMG “pertenecía al pueblo” y que unas 400.000 familias habrían resultado afectadas por la intervención. También invitó a quienes asisten a inscribirse en lo que denomina “la nueva empresa de la familia DMG”, pese a que la Superintendencia Financiera prohibió en 2021 cualquier uso comercial del nombre o logo de la marca.
No obstante, fuentes cercanas al proceso advierten que la recolección de firmas no tiene efectos legales. La Corte Suprema ya emitió una decisión de fondo sobre la situación jurídica de Murcia Guzmán, y cualquier revisión adicional está en manos del juzgado de ejecución de penas.
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