Llaman a juicio a jueza de Barranquilla por conceder libertad al condenado contratista Emilio Tapia

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico profirió pliego de cargos en contra de Claribel Onisa Fernández Castellón, jueza primera de Ejecución de Penas y Medidas de Barranquilla, por su presunta responsabilidad en la concesión irregular de libertades condicionales a Emilio Tapia, condenado por corrupción.

La funcionaria judicial deberá responder por cuatro cargos relacionados con los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Según informó el ente disciplinario, las decisiones bajo escrutinio fueron adoptadas en marzo, abril y diciembre de 2025, todas relacionadas con el mismo condenado.

El proceso se encuentra en etapa de juicio disciplinario y la decisión anunciada es de primera instancia, por lo que no procede recurso alguno.

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El primer episodio ocurrió el 11 de abril de 2025, cuando la jueza concedió libertad condicional a Tapia.

La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión ese mismo día, pero el recurso no fue tramitado oportunamente: la apelación fue concedida cuatro meses después, el 29 de agosto.

Esta aparente dilación dio pie al cargo por presunta omisión en el trámite oportuno de un recurso legal.

El segundo caso se remonta al 28 de marzo del mismo año, cuando Fernández Castellón volvió a otorgar libertad condicional al contratista.

En este caso, aunque la Procuraduría interpuso un recurso de apelación, la jueza lo negó argumentando una indebida sustentación.

El Ministerio Público insistió mediante recurso de queja ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.
Posteriormente, tras una recusación contra el magistrado que conoció el recurso, el expediente fue devuelto a la magistratura.

Sin embargo, el magistrado Jorge Eliécer Cabrera rechazó la recusación por extemporánea y ordenó el retorno del proceso al juzgado de ejecución de penas.

Una vez el expediente regresó a su despacho, la jueza Fernández Castellón resolvió de oficio una nulidad procesal. A través de auto emitido el 30 de julio de 2025, dejó sin efectos la libertad condicional concedida en marzo, pero al mismo tiempo realizó un nuevo cómputo de redención de pena y volvió a concederle la libertad a Tapia.

La Comisión de Disciplina Judicial advirtió que, en lugar de remitir el expediente a su superior jerárquico, como correspondía, la funcionaria se pronunció unilateralmente sobre asuntos que, por su naturaleza, debieron ser resueltos por el tribunal. Esta conducta constituye, según el pliego de cargos, una posible extralimitación funcional y vulneración del debido proceso.

Además de las decisiones de marzo y abril, la jueza es objeto de una investigación separada por la tercera libertad condicional otorgada a Emilio Tapia, que fue efectiva en diciembre de 2025.

Esta medida, de momento, no hace parte del juicio disciplinario en curso, pero continúa bajo examen por parte de los órganos de control.

Emilio Tapia, conocido por su participación en varios escándalos de corrupción como el del ‘carrusel de la contratación’ y el caso Centros Poblados, ha sido beneficiado en varias ocasiones por decisiones judiciales que han generado controversia pública.

Las actuaciones de la jueza Fernández Castellón reavivan el debate sobre los controles internos del sistema judicial y la necesidad de mayor vigilancia sobre el cumplimiento estricto de los procedimientos en materia penal.

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