Corjusticia alerta que decreto para bajar salario de congresistas afecta sueldos de jueces, fiscales y procuradores

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) advirtió este jueves que el Decreto 0030 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional para disminuir la remuneración de los congresistas, provocó una reducción automática en los salarios de procuradores, fiscales y jueces en todo el país.

Según la organización, aunque la medida está dirigida nominalmente a los legisladores, en la práctica activó una modificación en el régimen salarial establecido por la Ley 4 de 1992, lo que generó un efecto cascada que impacta directamente los ingresos de funcionarios judiciales y otros servidores públicos.

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Corjusticia señaló que esta reducción salarial incide de manera directa en la calidad de vida de los funcionarios afectados y de sus familias, y calificó la decisión como una afectación directa a la independencia judicial, adoptada bajo el argumento de la austeridad fiscal.

La agremiación sostuvo que la disminución de los salarios de los funcionarios judiciales constituye “un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial”, al tiempo que desconoce derechos salariales consolidados y el principio de no regresividad en materia laboral. En ese sentido, advirtió que la medida podría derivar en “un escenario de conflictividad institucional”.

Ante este panorama, Corjusticia instó al Gobierno Nacional y a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial a adoptar las medidas necesarias para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura. Asimismo, solicitó al Consejo Superior de la Judicatura y a los organismos de control adelantar las gestiones pertinentes para enfrentar la situación.

La corporación también hizo un llamado a los sindicatos y organizaciones de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía, así como a los servidores públicos afectados, para “aunar esfuerzos por la defensa de nuestros derechos laborales”.

Finalmente, Corjusticia anunció que abrirá espacios de diálogo con otras instituciones y con organismos internacionales para definir estrategias frente al decreto, y concluyó que la protección de la independencia judicial es indispensable para garantizar la democracia.

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