Migración inversa en aumento: más de 14.000 retornos desde EE.UU. y México hacia Colombia en 2025

La migración en la región vive un cambio sin precedentes. Así lo advirtió la Comisión conformada por las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Panamá y Colombia, con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), tras una misión de monitoreo realizada entre el 21 de julio y el 1 de agosto en puntos fronterizos y rutas críticas de los tres países.

El informe Migración inversa en la ruta Costa Rica–Panamá–Colombia: desafíos de protección y necesidad de una respuesta humanitaria regional reveló que entre enero y agosto del 2025 hubo una reducción del 97% en el tránsito irregular hacia el norte, en contraste con las más de 260.000 personas que cruzaron en 2024. Sin embargo, en el mismo periodo, más de 14.000 migrantes retornaron desde México y Estados Unidos hacia Colombia.

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“La misión nos permitió corroborar que las restricciones de tránsito en la selva del Darién, junto con el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, provocaron que entre enero y agosto del 2025 se diera una reducción del 97 por ciento en el paso irregular hacia el norte, en contraste con las más de 260.000 personas que cruzaron en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, en ese mismo periodo se registró un aumento significativo de migración inversa: más de 14.000 personas retornaron desde México y Estados Unidos e ingresaron a Colombia, ”, aseguró la Defensora Marín.

Los hallazgos del monitoreo se sustentan en 182 testimonios de migrantes en retorno, en un 97% de nacionalidad venezolana. Entre ellos había familias, solicitantes de refugio y personas con necesidades de protección internacional. Según la OIM, el 37% enfrenta necesidades económicas críticas, frente al 13% registrado en quienes avanzaban hacia el norte.

Las principales razones de retorno fueron la imposibilidad de ingresar a EE.UU. (49%), los cambios en su política migratoria (46%), el temor a detenciones o deportaciones (17%) y la falta de recursos (34%). El informe concluye que estas decisiones no son libres ni informadas, sino resultado de coerción y ausencia de garantías de protección.

En Panamá, la Defensoría alertó que en lugares como Colón y Puerto Miramar las personas migrantes sufren precariedad extrema, altos costos de transporte, riesgos de violencia y falta de atención estatal. Además, el 86,8% de los entrevistados aseguró haber sufrido abusos o conocer de ellos en la ruta hacia el norte, incluyendo secuestros, extorsiones y robos en México y Guatemala. Mujeres y niñas enfrentan mayores riesgos, al dormir en casas abandonadas o espacios públicos en Panamá, Costa Rica y Colombia.

La misión también constató la presencia de redes transnacionales de tráfico que controlan la migración inversa, cobrando hasta US$280 por traslados marítimos en embarcaciones precarias. En junio, una lancha que transportaba a 38 personas hacia el Pacífico colombiano naufragó, dejando heridos, entre ellos mujeres gestantes, menores y una persona con discapacidad.

“Escuchamos testimonios dolorosos de migrantes que regresan casi siempre a Colombia. En 2025 llegaron unas 14.000 personas. Urgimos a las autoridades a atenderlos para que no sean captados por grupos armados ilegales”, señaló Scott Campbell, representante en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos.

Colombia se consolidó como punto crítico de esta migración inversa: entre enero y agosto, Migración Colombia registró 14.422 retornados en Capurganá y Turbo (Antioquia). La Ruta Caribe concentra la mayoría de los flujos, con 11.732 personas, el 95% venezolanas. En la Ruta Pacífico Norte, donde se reportaron al menos 247 ingresos, la presencia de grupos armados aumenta los riesgos de violencia y reclutamiento.

Medellín también se ha convertido en un eje del retorno: el 75% de los migrantes que llegan a Necoclí pasan por la ciudad. Allí, pese a los esfuerzos institucionales, persisten carencias en albergues, atención en salud mental, inclusión de personas LGBTIQ+ y garantías de derechos sexuales y reproductivos.

“Es el momento de reforzar la cooperación regional y el apoyo internacional. Solo desde una acción conjunta es posible prevenir abusos y atender con dignidad a las personas migrantes y refugiadas”, concluyó Andrés Sánchez Thorin, representante regional de ONU Derechos Humanos.

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