Procuraduría investiga a 40 funcionarios y exfuncionarios por incumplir sentencia a favor de la comunidad Wayuú

El Ministerio Público abrió investigación disciplinaria contra cuarenta funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional, incluidos varios ministros en ejercicio, por el presunto incumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que busca proteger los derechos fundamentales de la comunidad Wayuú en La Guajira.

La investigación se centra en la vulneración de los derechos al agua, la alimentación y la salud de los niños y niñas del pueblo Wayuú, luego de que el alto tribunal declarara un "estado de cosas inconstitucional" en este departamento.

Bajo nivel de cumplimiento y funcionarios investigados

Entre los altos funcionarios actuales incluidos en la investigación figuran:

• Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud y Protección Social
   
• Carlos Carillo, actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
   
• Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural
   

La pesquisa también alcanza a exfuncionarios del gobierno de Iván Duque, como:

• Fernando Ruiz, exministro de Salud y Protección Social
   
• Luis Fernando Velasco, exministro del Interior
   
• Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones
   

Crisis humanitaria persistente

La Procuraduría evidenció su preocupación porque el presunto incumplimiento de la sentencia ha impedido garantizar el acceso de esta población al agua potable, alimentación adecuada, servicios de salud y el respeto a su diversidad cultural.

La Corte Constitucional había ordenado específicamente la creación de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas para atender la emergencia humanitaria en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, cuyo cumplimiento ha sido calificado como "bajo" por el alto tribunal.

Antecedentes y contexto

La Sentencia T-302 de 2017 representa uno de los fallos más importantes en materia de derechos fundamentales de comunidades étnicas en Colombia, sin embargo, su implementación ha enfrentado continuos obstáculos burocráticos y falta de articulación institucional, manteniendo a la población Wayuú en una situación de vulnerabilidad crítica.

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