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Corte Suprema de Brasil ordena tobillera electrónica a Jair Bolsonaro por caso de golpe de Estado
Medidas judiciales contra Bolsonaro además de tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales.
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien ocupó el cargo entre 2019 y 2022, comenzó a cumplir nuevas medidas cautelares ordenadas por la Corte Suprema en el marco del proceso judicial en el que se le investiga por su presunta participación en una conspiración para desestabilizar al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Este viernes, agentes de la Policía Federal trasladaron al exmandatario a su sede en Brasilia para colocarle una tobillera electrónica, tras una orden emitida por la máxima instancia judicial del país.
La diligencia se produjo horas después de un operativo en el que las autoridades registraron la residencia de Bolsonaro en la capital brasileña y otras propiedades relacionadas con él, incluida la sede del Partido Liberal (PL), colectividad política que lidera.
La operación fue autorizada por la Corte Suprema como parte del avance de las investigaciones por los hechos ocurridos después de las elecciones presidenciales de 2022, en las que Lula da Silva resultó vencedor.
La decisión del tribunal no solo incluye el monitoreo electrónico permanente, sino también la prohibición para Bolsonaro de utilizar sus redes sociales, consideradas por la Justicia como un canal clave en la organización de mensajes y convocatorias relacionados con la investigación.
Además, se le prohíbe comunicarse con otros investigados o procesados por los mismos hechos, acercarse a embajadas y mantener contacto con representantes diplomáticos extranjeros.
La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Celso Vilardi, expresó en un comunicado su desacuerdo con las medidas adoptadas.
Según los representantes legales, las restricciones son desproporcionadas, dado que —según alegan— Bolsonaro ha cumplido con todas las disposiciones judiciales anteriores.
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El equipo jurídico anunció que presentará recursos una vez reciba formalmente la resolución emitida por la Corte Suprema.
Las investigaciones se centran en determinar el papel de Bolsonaro en los actos de carácter insurreccional registrados tras la derrota electoral de 2022 y en su presunta coordinación con grupos que promovieron la invasión de edificios públicos en Brasilia en enero de 2023.
De acuerdo con el diario Folha de São Paulo, las autoridades evalúan si el exmandatario incurrió en delitos como obstrucción a la justicia, coacción en curso de un proceso y atentado contra la soberanía nacional.
Las pesquisas también exploran la posibilidad de que Bolsonaro estuviera preparando su salida del país con destino a Estados Unidos para solicitar asilo político.
La misma fuente señala que su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, mantiene contactos con funcionarios de la administración de Donald Trump para promover sanciones contra Brasil como respuesta a las acciones judiciales que enfrenta el expresidente.
El caso ha generado pronunciamientos a nivel internacional. El expresidente estadounidense Donald Trump ha solicitado públicamente la suspensión del proceso judicial contra Bolsonaro, calificándolo como una persecución política.
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