Estados Unidos intensifica acciones militares en el Caribe en operación antidrogas que afecta a Colombia

Una serie de maniobras ofensivas ejecutadas por las fuerzas armadas de Estados Unidos en el mar Caribe ha reconfigurado la situación de seguridad en la región y ha ubicado a Colombia como un actor directamente implicado en la cadena logística del narcotráfico.

Las operaciones incluyen bombardeos a embarcaciones en tránsito, acciones de inteligencia y el despliegue de recursos aéreos de alta capacidad destructiva. Aunque oficialmente se presentan como parte de una campaña para interrumpir el tráfico internacional de estupefacientes, analistas en seguridad y diplomacia advierten que se trata también de una ofensiva geoestratégica con implicaciones bilaterales y regionales.

Información suministrada por organismos de inteligencia, citada por medios especializados en temas de defensa, indica que las embarcaciones impactadas en recientes ataques tenían como punto de origen el archipiélago de San Andrés, Providencia y las islas de San Bernardo.

De acuerdo con esos reportes, los cargamentos eran organizados con apoyo logístico transnacional, particularmente desde Venezuela, donde operan redes vinculadas al denominado cartel de los Soles.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a este entramado una participación sistemática en el tráfico de clorhidrato de cocaína, con rutas establecidas hacia Centroamérica y la costa sureste de Estados Unidos.

La estrategia adoptada durante la administración del expresidente Donald Trump, cuya doctrina se ha mantenido como línea operativa en algunos sectores del aparato de seguridad estadounidense, contemplaba el uso de medios militares para interceptar y neutralizar embarcaciones sospechosas de transportar droga.

Bajo esa directriz, la presencia de aeronaves de combate como los B-52 y cazas F-35 ha aumentado en la región, al igual que las misiones encubiertas ejecutadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que opera con bases flotantes y unidades de reconocimiento satelital.

La dimensión militar de esta campaña ha tenido efectos directos sobre los métodos utilizados por las redes criminales. De acuerdo con oficiales de inteligencia militar colombiana, los grupos dedicados al narcotráfico han optado por modificar sus mecanismos logísticos para eludir la detección y aumentar sus probabilidades de éxito.

El uso de embarcaciones semisumergibles, que disminuyen la posibilidad de ser detectadas por radares, se ha convertido en una práctica frecuente.

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También se ha documentado la utilización de lanchas con motores fuera de borda de alta velocidad, cuya autonomía es potenciada mediante el apoyo de embarcaciones de pescadores artesanales.

Estos pescadores, ubicados principalmente en sectores costeros del golfo de Urabá, el norte del departamento del Chocó y el archipiélago de San Andrés, cumplen un papel que oscila entre la complicidad forzada y la colaboración voluntaria.

Su participación abarca desde el abastecimiento de combustible hasta la facilitación de rutas de salida y el ocultamiento de movimientos nocturnos.

Las investigaciones señalan que dichos servicios son retribuidos con pagos en efectivo o mediante transferencias ilícitas que escapan a la supervisión estatal.

Según datos compartidos por fuentes militares colombianas, aproximadamente el 70 % de los cargamentos de cocaína incautados por autoridades estadounidenses tienen como punto de partida algún enclave costero nacional.

Este indicador ubica a Colombia como un eslabón esencial en la cadena de suministro hacia mercados internacionales.

En ese contexto, el uso de territorio insular para la salida de cargamentos ha generado una preocupación particular, tanto por la vulnerabilidad geográfica como por la limitada capacidad de vigilancia que existe en estas zonas, caracterizadas por extensas áreas marinas y un bajo número de efectivos navales.

El incremento de acciones ofensivas por parte del aparato militar estadounidense ha generado tensiones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, que interpreta estas operaciones como una amenaza a su soberanía.

La administración de Nicolás Maduro ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la presencia militar extranjera en el Caribe y ha advertido sobre el riesgo de una confrontación directa.

Por su parte, funcionarios de la Casa Blanca han reiterado que las acciones se circunscriben a la protección de sus fronteras frente a amenazas transnacionales, sin descartar intervenciones más amplias si se comprueba el patrocinio estatal de actividades ilegales.

Colombia, en este escenario, se encuentra ante una doble presión. Por un lado, las exigencias del gobierno de Estados Unidos respecto a una mayor cooperación en la lucha contra el narcotráfico y, por otro, la necesidad de mantener la estabilidad regional y evitar convertirse en un punto de fricción en una eventual escalada militar entre dos actores con los que mantiene relaciones diplomáticas.

Las autoridades nacionales han evitado pronunciamientos explícitos sobre los recientes bombardeos, aunque sectores del Ministerio de Defensa reconocen la existencia de comunicaciones e intercambios de información con agencias de seguridad estadounidenses.

El avance de esta dinámica ha motivado el seguimiento por parte de organismos multilaterales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que han reiterado la necesidad de mantener el respeto al derecho internacional humanitario y evitar acciones unilaterales que puedan poner en riesgo la seguridad de comunidades costeras y marinas.

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