Nicaragua ordena arrestos por manifestaciones en redes sociales tras la captura de Nicolás Maduro

Tras la operación militar encabezada por Estados Unidos el pasado 3 de enero en la capital venezolana, que derivó en la captura del exmandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados posteriormente a territorio estadounidense para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y conspiración, en Nicaragua se activaron mecanismos de represión enfocados en impedir cualquier expresión favorable a esa detención.

Medios independientes como 100% Noticias, así como periodistas nicaragüenses en el exilio, reportaron que ciudadanos han sido arrestados por publicar mensajes considerados críticos hacia el expresidente venezolano o por manifestar algún tipo de aprobación frente a su captura.

El periodista Miguel Mendoza informó en su cuenta de la red social X que al menos quince personas fueron detenidas en el departamento de Chontales por ese motivo.

En otra publicación, señaló que el comunicador Oswaldo Rocha fue capturado bajo acusación de comentar públicamente sobre la caída del líder chavista.

De acuerdo con el mismo medio, estas acciones forman parte de una ofensiva que busca eliminar manifestaciones de opinión, simbólicas o explícitas, que se alejen del respaldo oficialista hacia Maduro.

100% Noticias reportó que en los días posteriores a la detención del exmandatario, ocurrieron varios secuestros de ciudadanos nicaragüenses que hicieron publicaciones al respecto, en lo que se describe como una escalada represiva cuyo fin es restringir la libertad de expresión en el entorno digital.

El gobierno de Ortega y Murillo tardó cerca de catorce horas en emitir un pronunciamiento oficial sobre la detención del expresidente venezolano.

La declaración evitó las formas más agresivas del discurso oficial y no incluyó anuncios sobre acciones diplomáticas ante el hecho.

En el comunicado, el régimen expresó su acompañamiento y exigió la liberación de Maduro y Flores, sin detallar medidas adicionales.

Sin embargo, medios como La Prensa informaron que de manera paralela a ese comunicado, se emitieron instrucciones internas a funcionarios públicos y empleados del Estado para publicar en sus redes mensajes de apoyo al dirigente venezolano.

Según testimonios recogidos por el medio, estas órdenes incluyeron amenazas a quienes no hicieran públicas expresiones de respaldo, con la advertencia de que “el silencio es traición”.

Algunos de los mensajes circularon bajo frases como “dudar es traición” y “el silencio en redes sociales… es un síntoma del traidor”.

En cuentas asociadas a estructuras oficialistas se difundieron imágenes de Nicolás Maduro junto con mensajes de solidaridad, replicadas por docentes, trabajadores estatales y funcionarios municipales.

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También se hizo visible un panfleto firmado por la Juventud Sandinista y la Red de Comunicadores, en el que se atacaba a quienes celebraron la operación de captura.

En dicho documento se señaló que muchos de los críticos reciben beneficios estatales, como becas y bonos escolares, y que no deberían oponerse al gobierno que los provee.

Conforme aumentaron las expresiones públicas en redes sociales respecto a la situación en Venezuela, el aparato estatal nicaragüense intensificó sus labores de vigilancia y control.

100% Noticias reportó que entre el 4 y el 5 de enero se activaron patrullajes conjuntos entre fuerzas policiales y militares en barrios urbanos e instalaciones estatales.

Además, se ordenó a la Fuerza Naval fortalecer su presencia en las costas del Caribe y del Pacífico, mientras que la Fuerza Aérea desplegó equipos de radar.

La presencia de efectivos militares fue observada en varias zonas de Managua y otras ciudades, tanto uniformados como vestidos de civil.

A esto se sumaron operativos coordinados con la Policía Nacional y acciones de inteligencia y contrainteligencia en terreno. También se registró movimiento de integrantes del partido gobernante en sedes municipales y viviendas vinculadas al Frente Sandinista.

De acuerdo con el mismo medio, el régimen mantiene operativa una estructura de vigilancia política en barrios, instituciones y entre sus propios militantes, encargada de monitorear opiniones, actitudes y comportamientos de personas consideradas disidentes o críticas.

Esta red incluye comités ciudadanos conocidos como CPC, CLS y UVE, cuyas actividades se intensificaron tras las órdenes provenientes de la residencia presidencial de El Carmen.

Estas acciones se desarrollan en un contexto de preparación oficialista para conmemorar el aniversario número diecinueve de permanencia continua del binomio Ortega-Murillo en el poder.

Para el próximo 10 de enero, la copresidenta Rosario Murillo convocó una jornada nacional de marchas y actividades partidarias.

Mientras se organizan estos actos conmemorativos, el gobierno nicaragüense ha reforzado los mecanismos de control territorial y ha incrementado la presión sobre la ciudadanía para asegurar manifestaciones públicas de lealtad, tanto dentro como fuera del entorno digital.

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