Polémica por adjudicación de contratos tecnológicos del gobierno español a empresas en China

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de adjudicar contratos tecnológicos a las empresas chinas Hikvision y Huawei ha despertado preocupación entre los aliados occidentales de España. La medida, interpretada como un acercamiento estratégico hacia el régimen de Xi Jinping, ha generado tensiones diplomáticas con Estados Unidos y advertencias sobre los riesgos a la seguridad nacional.

Una de las principales polémicas gira en torno a la instalación de más de 40 cámaras de videovigilancia de la empresa Hikvision en la sede de La Moncloa y en otras dependencias estatales como el Ministerio del Interior, Renfe, Correos y Hacienda. Hikvision ha sido vetada en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y el Parlamento Europeo por sus presuntos vínculos con el aparato de inteligencia chino y su participación en la represión de la minoría uigur en Xinjiang.

A pesar de los antecedentes, el Departamento de Seguridad de Presidencia formalizó en 2022 una licitación por 118.580 euros para actualizar el sistema de videovigilancia con tecnología de Hikvision. Las cámaras permiten reconocimiento facial y seguimiento en tiempo real, una capacidad que, según expertos internacionales, podría ser aprovechada con fines de espionaje.

Otro contrato que generó inquietud fue la adjudicación de 12,3 millones de euros a Huawei por parte del Ministerio del Interior para gestionar y almacenar las escuchas telefónicas judiciales del sistema SITEL. Esta operación, según denunció el Senado de Estados Unidos, representa un riesgo de que el Partido Comunista Chino tenga acceso indirecto a información sensible de uno de los miembros de la OTAN.

Las críticas se han multiplicado en organismos de seguridad e inteligencia, tanto dentro como fuera de España. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) manifestó su preocupación por la creciente dependencia tecnológica de proveedores chinos. “Se antepone el negocio a la seguridad del Estado”, aseguró un funcionario citado por el diario El Español.

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Desde hace varios años, Estados Unidos ha advertido sobre los riesgos del uso de tecnología china en infraestructuras críticas. En 2019, la Casa Blanca incluyó a Hikvision en su lista negra por representar “una amenaza inaceptable para la seguridad nacional”. Canadá, por su parte, suspendió recientemente todas las operaciones de la filial de Hikvision en su territorio.

En defensa de sus acciones, el Gobierno español ha insistido en que los procesos de contratación han cumplido con los requisitos legales y que no existe evidencia concluyente de espionaje. Tanto China como las empresas señaladas han rechazado las acusaciones, calificándolas de “infundadas”.

Mientras tanto, los socios transatlánticos observan con creciente inquietud la orientación del Gobierno de Sánchez. Desde Washington se advierte que Madrid está “jugando con fuego” al permitir la participación de empresas chinas en sectores estratégicos, poniendo en riesgo no solo la ciberseguridad, sino también el flujo de información compartida en el marco de la cooperación internacional.

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