Secretario de Guerra de EE. UU. confirma que lancha atacada en el Caribe era del ELN

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la ejecución de una operación militar en aguas internacionales del mar Caribe, dirigida contra una embarcación que, según información de inteligencia, pertenecía al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El funcionario estadounidense precisó que la acción fue ordenada por el presidente Donald Trump y coordinada bajo el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de su país (USSOUTHCOM).

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La acción elevó el tono de la confrontación política entre la administración estadounidense y el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Según el reporte oficial difundido por Hegseth en su cuenta de la red social X, las agencias de inteligencia del país norteamericano identificaron la nave como una unidad empleada para el tráfico ilegal de estupefacientes.

El funcionario afirmó que la embarcación seguía una ruta marítima previamente identificada como corredor del narcotráfico en el hemisferio occidental y que transportaba una carga significativa de sustancias prohibidas.

La operación militar fue descrita como una acción preventiva basada en evidencias operativas y en la categorización del ELN como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

Durante el procedimiento ofensivo, tres personas que se encontraban a bordo de la lancha murieron. El secretario de Guerra sostuvo que estos individuos eran integrantes de redes que calificó como narcoterroristas.

Asimismo, aseguró que no se presentaron bajas ni heridos entre las tropas estadounidenses involucradas en la intervención.

En su declaración pública, Hegseth afirmó que el gobierno de su país mantendrá una política ofensiva frente a estructuras armadas que participen en economías ilegales.

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Comparó la amenaza que representan estas organizaciones con la que en su momento supuso la red terrorista Al Qaeda, y sostuvo que la estrategia militar será de persecución y aniquilación.

“Estos carteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental. Usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército de Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son”, indicó en su pronunciamiento.

El episodio militar tiene lugar en un contexto de creciente tensión política y diplomática entre los gobiernos de Washington y Bogotá. Dos días después del ataque, el 19 de octubre, el presidente Trump emitió declaraciones en su red social Truth Social, en las que acusó al mandatario colombiano Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

Afirmó, además, que el jefe de Estado colombiano no ha adoptado medidas para frenar el fenómeno del narcotráfico, pese a los recursos y subsidios entregados por Estados Unidos en el marco de la cooperación bilateral.

El presidente estadounidense sostuvo que la economía del narcotráfico sigue siendo, a su juicio, el principal motor económico de Colombia y calificó como “una estafa de largo plazo” los recursos entregados a ese país andino bajo convenios de lucha contra las drogas.

A raíz de esa percepción, anunció la suspensión inmediata de cualquier tipo de ayuda económica o transferencia financiera destinada al gobierno colombiano. “Cualquier otra forma de pago o subsidio dejará de hacerse a Colombia”, declaró el mandatario norteamericano.

Este pronunciamiento se suma a un episodio ocurrido el 15 de septiembre del mismo año, cuando medios oficiales del Gobierno colombiano, en particular el canal RTVC, informaron sobre un ataque anterior en el mar Caribe ejecutado por las fuerzas armadas estadounidenses.

En ese momento, se reportó que una de las embarcaciones destruidas por bombardeo era de bandera colombiana. Se trataba del segundo operativo en altamar atribuido a tropas estadounidenses en ese mismo corredor marítimo.

La reiteración de estas acciones militares sin consulta previa y su coincidencia con una narrativa acusatoria contra el gobierno colombiano han generado un deterioro progresivo en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La caracterización del conflicto interno colombiano como una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos, y la equiparación de actores armados ilegales con redes terroristas globales, introduce un cambio de enfoque en el tratamiento del fenómeno por parte del Ejecutivo norteamericano.

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