Cargos a un alcalde y siete concejales por manejos indebidos del presupuesto

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el actual alcalde de Campoalegre, Huila, Víctor Ramón Vargas Salazar, y de siete concejales, investigados por una aparente extralimitación de sus funciones, al firmar un acuerdo donde le otorgaron facultades al mandatario local para modificar el presupuesto, función que es competencia exclusiva e indelegable del cabildo municipal.  

Los concejales afectados por el pliego de cargos son Ronal Eugenio Ferreira, José Santos Gracia Gutiérrez, Arizmendi Sánchez Marín, Elkin Mauricio Claros Méndez, Hernando Rodríguez Polanía, Omaira Polanía Navarro y Kevin Javier Torrejano Moreno, elegidos para el periodo 2024 – 2027.  

Para la Procuraduría Provincial de Instrucción de Neiva, al suscribir ese acuerdo el Concejo se desprendió de una competencia que le es propia por mandato de la Constitución, con lo que trasgredió el ordenamiento jurídico pues no se podía apartar de esa función para radicarla en cabeza del alcalde.

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“La autorización concedida al alcalde en el Acuerdo 001 del 31 de enero de 2024 fue ilegal, aunada a que fue concedida sin limitación alguna en el objeto, cuantía y partidas presupuestales, permitiendo de este modo que los traslados o adiciones se hicieran sin impedimento y a voluntad del mandatario local”, precisó el órgano de control en el auto de cargos. 

Agregó el Ministerio Público que los investigados estaban en capacidad de efectuar una interpretación racional, coherente e integral de la normatividad vigente e incluso de los mismos postulados constitucionales que orientan las funciones de los concejos municipales.

En el caso del alcalde Vargas Salazar, el órgano de control precisó que “era totalmente inviable que solicitara al concejo municipal ser investido de facultades transitorias para realizar traslados,adiciones o modificaciones al presupuesto de la vigencia fiscal 2024, ya que esta potestad radica exclusivamente en cabeza de la corporación de elección popular”. 

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta de los investigados como una falta grave cometida con culpa gravísima. 

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