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Consejo de Estado rechaza decreto que le quita exclusividad para revisar tutelas contra el presidente Petro
El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, criticó la medida del Ejecutivo y aseguró que no fortalece el diálogo institucional entre el Gobierno y las altas cortes.

El Consejo de Estado expresó su rechazo al decreto presidencial que le retira la competencia exclusiva para revisar las tutelas interpuestas contra el presidente de la República. El pronunciamiento fue hecho por su presidente, el magistrado Luis Alberto Álvarez, en entrevista con Mañanas Blu, donde manifestó su preocupación por el contenido y los efectos de la norma expedida el pasado 9 de julio.
“El Consejo de Estado no reclama ni rechaza competencias, simplemente cumple su función de asegurar que las actuaciones de las autoridades estén ajustadas a la Constitución y la ley”, aseguró Álvarez, aunque fue enfático en señalar que el reciente decreto del Ejecutivo no cumple con ese principio.
El magistrado explicó que el presidente de la República tiene facultad para reglamentar las leyes conforme al artículo 189, numeral 11 de la Constitución, pero advirtió que en este caso particular, el decreto —en vez de mejorar el acceso a la justicia o reducir la congestión judicial— afecta el equilibrio institucional:
“No es una medida dirigida a aproximar la justicia contenciosa a la ciudadanía y tampoco está interesada en combatir la congestión judicial”.
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Álvarez sostuvo que la corporación no puede aceptar las justificaciones invocadas en el decreto, el cual modifica una práctica establecida desde el decreto 2591 de 1991, que reguló la acción de tutela: “No contribuye a fortalecer los lazos de entendimiento entre el Ejecutivo y las altas cortes”, afirmó.
El cambio ha generado preocupación entre sectores judiciales y constitucionalistas, quienes advierten que podría abrir la puerta a la manipulación de competencias en casos sensibles para el control de legalidad sobre las decisiones del Ejecutivo.
Por ahora, se espera que otras altas cortes se pronuncien sobre el impacto de esta modificación, mientras persiste la tensión entre el Gobierno nacional y los órganos de control judicial.
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