Controversia en Dian: 22 jefaturas asignadas sin concurso, varias serían cuotas de Nicolás Petro

La designación de 22 directores seccionales en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por parte de su director, Luis Eduardo Llinás, sin procesos de selección pública ni verificación exhaustiva de antecedentes, ha despertado alertas en sectores institucionales y políticos por las implicaciones que estas decisiones podrían tener en el manejo de puertos estratégicos del país y la posible penetración de intereses ilegales en dichas áreas.

De acuerdo con una investigación publicada por la revista Cambio, las decisiones de Llinás se ejecutaron sin consulta formal a la Presidencia de la República, pese a que el presidente Gustavo Petro había manifestado públicamente su intención de depurar las estructuras de la Dian y de los puertos frente a las mafias que históricamente han buscado influir en esas dependencias.

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), confirmó a ese medio que el jefe de Estado no intervino ni fue informado sobre la asignación de estos cargos, limitándose la Presidencia a tramitar la publicación de las hojas de vida remitidas.

La situación se torna más compleja porque los cargos designados permiten un control directo sobre los principales puertos y zonas aduaneras del país, puntos clave para redes de contrabando y organizaciones criminales como el Clan del Golfo, la Oficina de Envigado y el entramado de alias “Papá Pitufo”, señalado como figura influyente en operaciones ilícitas de comercio exterior.

Fuentes internas de la Dian y de la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera (Uiaf) indicaron que en el proceso no se realizaron verificaciones patrimoniales detalladas, lo que, según expertos consultados, aumenta el riesgo de infiltración de estos grupos.

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Llinás, contador oriundo de Ciénaga de Oro, ocupa de forma simultánea la dirección de la Dian y de la Uiaf, lo que le otorga un control amplio sobre la supervisión de flujos financieros, investigaciones contra el lavado de activos y el manejo de aduanas portuarias. Este doble rol concentra atribuciones inusuales en una sola figura dentro de la estructura estatal.

Su trayectoria está marcada por vínculos con actores políticos de peso. Fue contador de Nicolás Petro, hijo del presidente, cuando este ejercía como diputado en la Asamblea del Atlántico en 2019.

Más adelante, dirigió la campaña presidencial de Gustavo Petro en Antioquia. También mantiene nexos con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hoy detenido por presuntas irregularidades contractuales, y con Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.

El entorno de Llinás incluye a otros aliados que han ascendido en diferentes entidades. Luis Fernando Montes, cercano a Nicolás Petro, pasó de la Uiaf a la Ungrd como jefe de Contratación bajo la administración de Olmedo López.

El hermano de Llinás también ocupó un cargo asesor en esa entidad. Según fuentes citadas por Cambio, estos vínculos han permitido utilizar el acceso a información de la Uiaf para direccionar investigaciones, favoreciendo o exponiendo a determinados sectores políticos y funcionarios, incluidos miembros del círculo cercano al presidente, como Laura Sarabia, exjefa de gabinete, y Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

La gestión de Llinás en la Uiaf también ha estado envuelta en controversia. Su decisión de divulgar un informe reservado sobre el software de espionaje Pegasus, adquirido durante el gobierno de Iván Duque, derivó en la suspensión de Colombia del grupo Egmont, organismo internacional de cooperación contra el lavado de activos.

Esta medida redujo la capacidad del país para intercambiar información clave en investigaciones financieras, debilitando uno de los frentes que el Gobierno había prometido reforzar frente a redes criminales.

En la Dian, Llinás ha fortalecido su estructura de influencia mediante nombramientos como el de Carlos Andrés Vargas, exintegrante de la campaña presidencial en Medellín, como subdirector de Empleo Público.

Desde este cargo se gestiona la interacción con alcaldes, congresistas y subdirecciones claves, incidiendo en la asignación de donaciones y bienes incautados, muchas veces en eventos con presencia de autoridades locales, lo que según analistas, tiene impacto en proyección política hacia las elecciones de 2026.

Antes de que se concretaran los nombramientos seccionales, varios congresistas de diferentes partidos sostuvieron reuniones con Llinás. Entre ellos estuvieron Jorge Hernán Bastidas y Wilmer Castellanos, del Partido Liberal; Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático; y Ferney Silva, César Pachón e Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, esta última delegada del Gobierno en diálogos con la Oficina de Envigado, organización con creciente influencia en Buenaventura.

Consultado sobre las críticas, Llinás defendió su actuación alegando que los cargos corresponden al régimen de libre nombramiento y remoción, lo que otorga al director de la Dian la facultad de asignarlos bajo su criterio.

Sostuvo que se cumplió un proceso interno de verificación, aunque no entregó pruebas documentales que acrediten filtros exhaustivos en los antecedentes patrimoniales o de seguridad de los designados.

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