Cuestionamientos por posible designación de Adith Romero como nuevo director de la Unidad para las Víctimas

En la noche del 9 de mayo fue publicada en el portal de aspirantes a altos cargos del Estado la hoja de vida de Adith Rafael Romero, quien figura como posible nuevo director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De confirmarse su nombramiento, Romero sería el tercer funcionario en asumir la dirección de la entidad en lo corrido del año 2025, en reemplazo de Gloria Cuartas, designada apenas el 14 de marzo.

Romero es ingeniero industrial de la UNAD, cuenta con una especialización en salud ocupacional y una maestría en administración de organizaciones. Sin embargo, la mayor parte de su experiencia profesional ha estado relacionada con funciones de escolta y seguridad privada, labores que ejerció entre 2002 y 2018 en diferentes empresas del sector. En 2022 ingresó al sector público como especialista jefe en la Alcaldía de Barrancabermeja.

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La posible designación ha generado críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que cuestionan su falta de experiencia en temas relacionados con la atención a víctimas del conflicto armado, justicia transicional y enfoque diferencial. Romero asumiría la dirección de una entidad clave para garantizar los derechos y la reparación integral de millones de colombianos afectados por la violencia.

Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, y Juan Pablo Guerrero, del CINEP, han expresado públicamente su preocupación. “Nombrar a Adith Romero en la Unidad para las Víctimas es desconocer décadas de lucha de las víctimas y vaciar de sentido la justicia transicional”, afirmó Guerrero al referirse al proceso de selección.

Desde la Presidencia aún no se ha hecho oficial el nombramiento. La hoja de vida publicada indica que su más reciente cargo fue como jefe de oficina en el Instituto Universitario de la Paz (UNIPAZ) en Santander. De confirmarse su designación, Romero llegaría a liderar una entidad fundamental en la implementación del Acuerdo de Paz y en la garantía de verdad, justicia, reparación y no repetición.

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