Declaran "silla vacía" a curul del exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez

Con el regreso de las sesiones ordinarias al Congreso de la República, este martes, 20 de febrero, fue declarada la 'silla vacía' a la curul del exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramirez, capturado el año pasado por concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Después de la aplicación de esta medida, la curul de Ramírez no podrá ser ocupada por el siguiente candidato en la lista del uribismo que se presentó para las elecciones legislativas del año 2022.

Con esta situación, el Centro Democrático queda con 12 curules y la oposición pierde un voto que podría resultar decisivo en medio del trámite de varios proyectos clave que serán discutidos este semestre en el Congreso de la República. 

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"Dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 134 de la Constitución Política, respecto de la curul del doctor Ciro Alejandro Ramírez Cortés, identificado con cédula de ciudadanía 81.XXX.XXX, por las razones dadas en la parte considerativa del presente acto administrativo. En consecuencia, no habrá lugar al llamado a su reemplazo", dijo la mesa directiva del Senado de la República.

El artículo mencionado anteriormente establece que la figura de la "silla vacía" comienza a aplicarse desde el momento de la captura, especialmente en casos de procesos judiciales relacionados con presuntos actos de corrupción, concierto para delinquir, vínculos con grupos ilegales y narcotráfico, entre otras faltas graves.

Después de aplicar la figura de la "silla vacía", el Senado de la República suspende automáticamente el pago de honorarios a Ciro Ramírez y retira de su plantilla de personal a los funcionarios que trabajaban en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del dirigente político hasta la fecha, y que también seguían recibiendo un salario.

El congresista fue capturado el año pasado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación por la presunta desviación de millonarios contratos de obras públicas en los Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.

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