Esposa de Armando Benedetti figura como titular de millonaria deuda con el contratista Euclides Torres

El ministro del Interior, Armando Benedetti, vuelve al centro de la controversia tras revelarse que una deuda por 3.600 millones de pesos que él mismo reconoció en 2021 ante la Corte Suprema de Justicia ahora aparece registrada a nombre de su esposa, Adelina Guerrero. 

De acuerdo con el periodista Daniel Coronell, el préstamo provino del contratista Euclides Torres, reconocido por su cercanía con el Gobierno y su participación en millonarios contratos estatales. La información fue divulgada por el abogado Camilo Enciso, fundador del Instituto Anticorrupción, en su columna para la Revista Cambio. Enciso recordó que Benedetti admitió haber recibido el dinero de Torres para la compra de una lujosa casa en el sector de Pradomar, en Puerto Colombia. En su testimonio de entonces, el hoy ministro relató: “Yo estoy en la quiebra total (…) tengo deuda, pero no tengo cómo pagarla”.

Sin embargo esa obligación no figura en las declaraciones de patrimonio ni en los reportes de conflicto de interés que Benedetti ha presentado desde 2022. Consultado al respecto, el ministro aseguró que no estaba obligado a reportarla porque “el préstamo no fue hecho a mí”, sino a su esposa.

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En la declaración de renta de Adelina Guerrero, radicada en enero de 2025, figura una deuda de 3.729 millones de pesos con ingresos anuales de apenas 300.000 pesos. La abismal diferencia entre ambos valores ha suscitado interrogantes sobre la veracidad del préstamo y la relación financiera con Torres.

Enciso también subrayó que Benedetti designó como viceministro del Interior a Jaime Berdugo, exgerente de una de las empresas del propio Euclides Torres. Ese mismo contratista forma parte de una unión temporal que recibió del Fondo de Energías No Convencionales (Fenoge) un contrato por 95.000 millones de pesos, firmado por el hoy viceministro.

Las revelaciones avivan el debate sobre los vínculos políticos y financieros entre Benedetti y Torres, quien ha sido un actor clave en la financiación de campañas y en la adjudicación de obras públicas. Mientras tanto, el ministro insiste en que su gestión “no favorece a los poderosos” y que su patrimonio está debidamente reportado ante las autoridades competentes.

El abogado Enciso calificó el caso como “una muestra de los vacíos de transparencia en la alta administración pública” y pidió a los organismos de control revisar si la omisión de la deuda en las declaraciones del ministro constituye una falta disciplinaria o penal.

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