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Gobierno pidió la renuncia de Alexandra Restrepo a la presidencia de Finagro en medio de cuestionamientos

Líos internos, tensiones por el manejo de recursos, lupa de organismos de control y otros detalles.

Alexandra Restrepo García, expresidente de Finagro
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 14/01/2026 - 12:01 Créditos: Alexandra Restrepo García, expresidente de Finagro. Foto: cortesía Finagro.

La presidencia de Finagro quedó vacante tras la petición de renuncia que el Gobierno le hizo a Alexandra Restrepo García, quien había asumido el cargo en febrero de 2024.

Esto un contexto de cambios y reacomodos en entidades del Estado vinculadas al sector financiero público.

Aunque el reporte inicial sobre la decisión no expone, por sí solo, una causal oficial detallada, el pedido de renuncia se produce en medio de señales acumuladas durante 2024 y 2025: cuestionamientos por el rumbo administrativo de la entidad, alertas internas por contratación y “modernización” de la planta, y una creciente discusión política alrededor del manejo de los recursos del crédito de fomento.

Alexandra Restrepo es economista y especialista en finanzas, con experiencia en el sector financiero y en entidades relacionadas con banca de desarrollo y financiación pública.

Al momento de su designación, el Ministerio de Agricultura destacó su trayectoria en cargos como gerencias regionales y consultorías financieras, además de funciones previas en el Fondo Nacional del Ahorro y asesorías en el propio Ministerio para temas de política de financiamiento agropecuario.

En el debate público, uno de los puntos que marcó el ambiente político alrededor de Finagro fue el choque por la forma de usar parte de los recursos de la entidad.

En mayo de 2024, el presidente Gustavo Petro afirmó que Finagro habría mantenido recursos “guardados” en TES y lo interpretó como una desobediencia frente a lo que el Gobierno buscaba en términos de liquidez para impulsar proyectos productivos.

Ese episodio dejó instalada una tensión sobre prioridades: prudencia financiera e inversiones en títulos versus una mayor velocidad de colocación del crédito y apalancamiento de programas.

A ese clima se sumaron denuncias internas que trascendieron a la opinión pública en 2025. En noviembre de ese año, se reportó la existencia de una comunicación confidencial enviada a la junta directiva por un grupo de funcionarios, en la que se advertía sobre presuntas influencias políticas y recomendaciones para contratación, así como preocupaciones por el cumplimiento de requisitos de experiencia y formación en nuevos cargos creados durante un proceso de “modernización” interna.

En esa información se mencionan, entre otros, al exministro Juan Fernando Cristo y al senador Guido Echeverri, por supuesta cercanía con directivos y por presunta incidencia en decisiones de la entidad, versión que el medio atribuye a la denuncia recibida por la junta.

El mismo reporte señaló que, además de la discusión por nombramientos, dentro de la entidad existían reclamos por contratación con proveedores y por la firma de contratos considerados costosos o difíciles de justificar frente a prioridades misionales, incluyendo un contrato de consultoría para un proyecto editorial conmemorativo.

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También reseñó que el caso había llegado a la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, que solicitó información a la presidencia de Finagro para verificar, analizar y contrastar lo expuesto en las comunicaciones recibidas.

En ese tablero, la solicitud de renuncia a Restrepo puede leerse —sin que exista, hasta ahora, una explicación pública única y cerrada— como el desenlace de varias presiones simultáneas: un desgaste político por el debate sobre el uso de recursos y el papel de Finagro dentro de la estrategia económica del Gobierno.

Además el costo reputacional de las advertencias internas sobre presuntas cuotas y contratación; y el impacto institucional de la intervención de organismos de control solicitando información por posibles irregularidades.

Estas son hipótesis plausibles por la secuencia de hechos conocidos, pero no reemplazan una causa oficial detallada, que a la fecha  no ha sido presentada en un pronunciamiento único y concluyente por parte del gobierno.

La coyuntura también coincide con movimientos en la gobernanza y supervisión del sector financiero público: Finagro hace parte del Grupo Bicentenario y opera bajo vigilancia del sistema financiero, con junta directiva y asamblea de accionistas sujetas a reportes de “información relevante” ante la autoridad del mercado, lo que eleva el escrutinio sobre cambios en su alta gerencia y sus decisiones internas.

Por ahora, el foco inmediato queda puesto en quién asumirá la presidencia y qué lectura hará el Gobierno sobre el papel de Finagro en 2026: si privilegiará una línea de mayor alineación política con la estrategia de crédito y gasto, o si reforzará el perfil técnico para responder a las alertas internas y a los requerimientos de control fiscal.

En cualquier escenario, la salida de Restrepo se convierte en un hecho relevante porque Finagro es un engranaje del financiamiento agropecuario y su estabilidad directiva incide en la ejecución de líneas de redescuento, incentivos y garantías para productores y proyectos rurales.

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