Human Rights Watch: directora Juanita Goebertus dice que decreto de consulta popular vulnera la Constitución

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, se pronunció sobre el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro para convocar a una consulta popular sin la autorización previa del Senado, hecho que ha generado amplio debate en el ámbito jurídico y político del país.

En su declaración pública, Goebertus sostuvo que dicha actuación del Ejecutivo es contraria a la Constitución Política de Colombia.

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“La convocatoria a consulta popular vía decreto sin concepto previo favorable del Senado es inconstitucional”, afirmó la directora de HRW, haciendo alusión al requisito establecido en el artículo 103 de la Carta Política, que señala que toda convocatoria a consulta popular debe contar previamente con concepto favorable del Senado para poder ser válida.

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La declaración de Goebertus fue difundida en momentos en que el decreto presidencial ha sido objeto de demandas ante la Corte Constitucional, y cuando se multiplican las voces que advierten sobre una posible alteración del equilibrio de poderes.

La jurista, quien ocupó una curul en la Cámara de Representantes entre 2018 y 2022, hizo además un llamado a que las instituciones encargadas de revisar la legalidad del decreto actúen conforme a sus funciones constitucionales.

“Confiamos en las instituciones —Consejo de Estado, Corte Constitucional y Registraduría— que deberán proteger el Estado de derecho. Cuentan con nuestro apoyo”, añadió.

El pronunciamiento fue interpretado como una señal de respaldo institucional a los órganos de control y justicia que deberán pronunciarse en los próximos días sobre la legalidad del decreto y su viabilidad dentro del marco constitucional.

El gobierno, por su parte, ha defendido la medida argumentando que se trata de un mecanismo democrático directo y que la ciudadanía tiene el derecho a pronunciarse sobre temas de interés nacional.

No obstante, desde distintos sectores del derecho se ha reiterado que los mecanismos de participación no pueden imponerse al margen de los procedimientos establecidos por la ley y la Constitución.

Human Rights Watch es una organización no gubernamental internacional dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo.

Su origen se remonta a 1978, cuando un grupo de activistas fundó la organización Helsinki Watch en Estados Unidos con el objetivo de monitorear el cumplimiento de los Acuerdos de Helsinki por parte de la entonces Unión Soviética.

En los años siguientes, se crearon organizaciones similares enfocadas en otras regiones del mundo —como Americas Watch (1981), Asia Watch (1985), Africa Watch (1988) y Middle East Watch (1989)—, las cuales se fusionaron en 1988 bajo el nombre Human Rights Watch.

Desde entonces, HRW ha documentado violaciones a los derechos humanos en más de 90 países y se ha consolidado como una fuente de referencia para la comunidad internacional en temas como crímenes de guerra, violencia estatal, autoritarismo, desapariciones forzadas, represión contra la prensa, entre otros.

Human Rights Watch es una entidad sin fines de lucro que se financia principalmente a través de donaciones privadas de fundaciones filantrópicas, empresas y particulares. No acepta recursos financieros de gobiernos, con el fin de garantizar su independencia operativa.

Una parte importante de su financiamiento proviene de la Fundación Open Society, liderada por George Soros, quien en 2010 comprometió una donación de 100 millones de dólares a distribuir en 10 años.

La organización tiene su sede principal en Nueva York y oficinas regionales en Washington, Londres, Bruselas, Ginebra, Johannesburgo, Nairobi, Beirut, Berlín, Tokio, São Paulo, Ciudad de México, Bogotá, entre otras.

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