Magistrado Carlos Camargo será ponente en el estudio del decreto de Emergencia Económica

La Corte Constitucional definió este martes 13 de enero al magistrado Carlos Camargo Assis como ponente en el estudio de la constitucionalidad del decreto de Emergencia Económica y Social expedido por el Gobierno nacional a finales de 2025. La decisión se produjo pocas horas después de levantarse la vacancia judicial y marca el inicio formal de uno de los debates jurídicos más sensibles del año.

Camargo será el encargado de analizar el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 y, como primer paso, deberá establecer si existen méritos suficientes para ordenar la suspensión provisional de la norma mientras la Sala Plena adopta una decisión de fondo. El decreto fue firmado por el presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso y tiene como objetivo recaudar cerca de 16 billones de pesos para atender el déficit fiscal.

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Según explicó el Gobierno en su momento, la declaratoria de emergencia busca garantizar recursos para cubrir obligaciones del Estado sin recurrir a un mayor endeudamiento. El presidente Petro aseguró que la deuda externa del país no está aumentando y que el desbalance fiscal obedece, en parte, a la caída en el crecimiento esperado de los ingresos tributarios y a decisiones del Congreso y del Banco de la República que, a su juicio, frenaron reformas clave.

De manera paralela, la Corte también definió al magistrado Juan Carlos Cortés González como ponente del estudio del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, que establece medidas tributarias para financiar los gastos derivados del estado de emergencia. Este decreto, según el Ministerio de Hacienda, busca asegurar recursos para programas sociales, subsidios de energía en la región Caribe, el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y el cumplimiento de compromisos presupuestales.

Con estas designaciones, la Corte Constitucional entra de lleno en el análisis jurídico de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, en medio de un ambiente político marcado por las elecciones de 2026 y por múltiples demandas que cuestionan el alcance y la legalidad del uso de las facultades extraordinarias.

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