MOE enciende alarmas por millonarios gastos en precampañas presidenciales y falta de control sobre la publicidad digital

La Misión de Observación Electoral (MOE) encendió las alertas sobre el acelerado crecimiento del gasto en las precampañas presidenciales de cara a las elecciones de 2026, al advertir que grandes montos están siendo dirigidos a publicidad en redes sociales sin mecanismos efectivos de control. 

Un informe, presentado ante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral y revelado por El País de Cali, mostró que entre marzo y octubre de 2025 los precandidatos invirtieron cerca de 800 millones de pesos en anuncios digitales, una cifra inédita para una etapa previa a la inscripción de candidaturas.

De acuerdo con la MOE, la dinámica de la financiación política ha cambiado: si antes el gasto se concentraba en espacios públicos y medios tradicionales, ahora la inversión se traslada masivamente a plataformas como Facebook e Instagram. Allí se identificaron 42 cuentas activas comprando pauta, mientras que en espacios como TikTok o YouTube la información es imposible de rastrear debido a la falta de bibliotecas públicas de anuncios.

“Garantizar el acceso a la información financiera y la rendición de cuentas es clave para fortalecer la confianza ciudadana y prevenir irregularidades”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE, quien advirtió que la falta de trazabilidad constituye un riesgo creciente para la transparencia del proceso electoral.

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El informe destacó que el Consejo Nacional Electoral —entidad encargada de vigilar la financiación política— solo despliega un control pleno cuando las candidaturas están oficialmente inscritas. Esto deja por fuera toda la etapa preelectoral, donde se concentra buena parte del gasto y donde, según expertos, existe el mayor riesgo de aportes prohibidos o de origen desconocido.

“El CNE puede actuar de oficio o por denuncias, pero mientras no haya inscripción, el margen de acción es limitado”, explicó Alejandro Sánchez, coordinador de la MOE, quien calificó este periodo como una “zona gris” sin garantías de supervisión.

Otro factor de preocupación es el rol de los comités de grupos ciudadanos, que pueden promocionar precandidatos sin estar sujetos a los mismos controles que partidos y campañas formales.

La MOE identificó tres grandes vacíos:

• Comités ciudadanos con amplias libertades para gastar en promoción,
• Intervención tardía del CNE,
• Imposibilidad de auditar propaganda digital en plataformas sin bibliotecas públicas.

En palabras de Barrios, esta combinación “favorece a los aspirantes con mayores recursos” y aumenta la desigualdad entre quienes dependen de financiación tradicional y quienes movilizan grandes montos en redes.

Con la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo de 2026 y las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo, la MOE insistió en la necesidad urgente de reformar los mecanismos de seguimiento financiero para evitar que la campaña digital se convierta en un espacio sin controles y susceptible a la infiltración de recursos indebidos.

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