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Para 2026, año electoral, gobierno aumenta presupuesto en $40 billones
Críticos cuestionan el aumento y lo relacionan con estrategia electoral del gobierno.

El Ministerio de Hacienda anunció que el proyecto de reforma tributaria, cuya radicación estaba prevista para finales de julio, será presentado ante el Congreso a finales de agosto.
La decisión se adoptó pese a que se había anticipado que este martes el Gobierno Nacional entregaría dos iniciativas clave: el Presupuesto General de la Nación para 2026 y la reforma tributaria.
De acuerdo con la cartera de Hacienda, únicamente se radicará este 29 de julio, a las dos de la tarde, el proyecto de presupuesto, cuyo monto asciende a 551,6 billones de pesos, una cifra que supera en cerca de 40 billones el presupuesto decretado para la vigencia de 2025.
La radicación se hace el último día del plazo legal para que el Ejecutivo entregue la propuesta al Congreso, lo que garantiza que el trámite legislativo pueda desarrollarse sin contratiempos de calendario.
El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, recordó en su cuenta de X que el Gobierno debe cumplir con la fecha límite para la radicación del presupuesto, y expresó reparos frente a la intención del Ejecutivo de vincular los ingresos de una reforma tributaria que aún no se conoce al cálculo de las cuentas nacionales.
“Por otro lado, anuncia la presentación de una ley de financiamiento de 19 billones de pesos (reforma tributaria). Ojalá no incurra en la misma equivocación del año pasado que condujo al impase con el Congreso y a que el presupuesto de 2025 terminara expedido por decreto: pretender que el monto que se aspira a recaudar con una reforma tributaria (que ni se conoce y mucho menos se ha discutido), se incorpore al monto del presupuesto del año entrante como si fuera un hecho cumplido”, señaló Restrepo.
El Ministerio de Hacienda había adelantado desde junio que la reforma tributaria se enmarca dentro de los lineamientos del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) y busca generar un recaudo adicional de entre 19 billones y 25 billones de pesos para financiar el gasto público en 2026.
El proyecto, según el Gobierno, tendrá un enfoque orientado a garantizar sostenibilidad fiscal y responder a compromisos de gasto previamente adquiridos.
La radicación del presupuesto ocurre en un contexto de presión sobre las finanzas públicas. De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), aunque en los últimos años se han reducido los desbalances asociados al déficit externo y a la inflación, el déficit fiscal y la deuda pública registraron incrementos significativos en 2024.
El organismo destacó que entre las causas de esta situación se encuentran los ingresos reales inferiores a los proyectados por el Gobierno, particularmente durante 2024 y en lo corrido de 2025 hasta mayo.
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El Carf explicó que las metas de recaudo tributario en ambos años se fundamentaron en proyecciones optimistas sobre la gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que no se materializaron.
Adicionalmente, la alta carga por intereses de la deuda y las restricciones en la composición del gasto han afectado tanto la estabilidad fiscal como la liquidez del Gobierno.
“Los riesgos fiscales y de liquidez del Gobierno Nacional constituyen el tema más relevante desde la perspectiva de la estabilidad macroeconómica en la actualidad”, señaló el Comité en un comunicado reciente.
Aunque el Gobierno ha expresado su intención de presentar un presupuesto austero para 2026, con crecimiento real limitado, el Carf advirtió que el gasto total proyectado aumentaría 0,2 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) respecto a 2025.
Esto equivaldría a un crecimiento nominal del 7,2%, de acuerdo con el escenario planteado por el organismo, que coincide con las estimaciones del MFMP.
La reforma tributaria, cuyo texto aún no se ha divulgado, será clave para cubrir las necesidades de financiación del presupuesto, en medio de un escenario en el que el Gobierno enfrenta presiones por el aumento de la deuda, la lenta recuperación del recaudo y las obligaciones de gasto social y de inversión.
La discusión legislativa que se abrirá en agosto será determinante para definir el alcance de las fuentes de financiamiento y las prioridades fiscales del país para el próximo año.
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