Presidente Gustavo Petro desafía la reserva del Consejo de Ministros y genera controversia constitucional

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha generado una nueva controversia al transmitir en vivo la sesión del Consejo de Ministros de este martes 4 de febrero, en aparente violación de la reserva establecida por la Ley 63 de 1923.

La medida ha sido interpretada por sectores políticos y constitucionalistas como una afrenta a la legalidad y un precedente inédito en la historia institucional del país.

La normativa en cuestión: ¿qué dice la ley?

La Ley 63 de 1923, en su artículo 9, establece de manera explícita la absoluta reserva de las sesiones del Consejo de Ministros:

"Las sesiones del consejo de ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas, y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto materia de consulta."

Esto significa que no solo el contenido de las deliberaciones, sino incluso la asignación de responsabilidades ministeriales sobre cada asunto, debe mantenerse en estricta confidencialidad.

La acción del presidente al transmitir en directo la sesión ministerial se percibe como una violación flagrante de esta disposición legal.

Un acto sin precedentes en la historia política del país

Desde la promulgación de la Ley 63 en 1923, ningún presidente había llevado al extremo de hacer públicas las sesiones del Consejo de Ministros en tiempo real.

Aunque en gobiernos anteriores se han filtrado detalles de discusiones internas, la decisión de Petro de retransmitir una sesión completa sin autorización legal previa constituye un hecho sin precedentes que podría acarrearle consecuencias jurídicas y políticas.

Analistas políticos coinciden en que la reserva de estos encuentros busca garantizar la libertad de deliberación dentro del gabinete sin la presión de la opinión pública, los medios de comunicación o intereses externos.

Al hacer público el desarrollo del Consejo, Petro habría condicionado la participación de los ministros, generando posibles efectos negativos en la administración del Estado.

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