Proyecto busca endurecer sanciones a conductores y usuarios de plataformas de movilidad

El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte que busca reforzar la supervisión estatal sobre los servicios de movilidad. Sin embargo, el articulado ha generado una fuerte reacción del sector de plataformas digitales, que advierte efectos severos sobre la operación de aplicaciones de transporte con vehículos particulares.

Alianza In Colombia, gremio que agrupa a empresas del ecosistema digital, alertó que el proyecto no solo endurece el régimen sancionatorio, sino que en la práctica convertiría esta actividad en ilegal, afectando directamente los ingresos de cerca de 1,2 millones de conductores y las opciones de movilidad de más de 21 millones de usuarios en el país.

De acuerdo con el gremio, la iniciativa introduce sanciones que podrían incluir la suspensión inmediata de las plataformas, la inmovilización de vehículos hasta por 120 días y la imposición de multas económicas por cada viaje realizado. Estas medidas, advierten, harían inviable la continuidad de los servicios de transporte intermediados por aplicaciones digitales.

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es que las sanciones no se limitarían a conductores y empresas tecnológicas. El proyecto extendería la responsabilidad a propietarios de vehículos y a administradores de conjuntos residenciales, hoteles y centros comerciales que permitan la operación de estos servicios, lo que podría derivar en restricciones privadas para evitar eventuales castigos.

“El impacto no es solo jurídico o empresarial. Inmovilizar un vehículo durante semanas o meses significa dejar sin sustento a una familia”, afirmó José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, al explicar las implicaciones económicas del proyecto.

El gremio también cuestionó que la iniciativa desconozca pronunciamientos previos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han instado al Estado a avanzar hacia una regulación clara del sector, en lugar de su prohibición expresa.

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Otro punto señalado es que el articulado podría generar efectos inhibitorios sobre el debate público, al exponer a congresistas y funcionarios a eventuales sanciones por manifestar respaldo a esta actividad económica.

Desde Alianza In Colombia insistieron en que el país requiere una regulación moderna que garantice supervisión estatal, promueva la seguridad y proteja derechos como el trabajo y la movilidad, sin cerrar la puerta a la innovación tecnológica.

El Proyecto de Ley 347 de 2026 inicia ahora su trámite legislativo en el Congreso, donde se anticipa una discusión de fondo sobre el futuro del transporte digital y el modelo de movilidad que adoptará Colombia en los próximos años.

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