Respuesta de Álvaro Uribe a la JEP sobre casos de falsos positivos

El exsenador Álvaro Uribe le respondió a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) después de la información sobre los casos de falsos positivos durante 2002 y 2008.

La JEP reveló que para la época, no fueron 2.248 casos sino por lo menos 6.402 de lo que llaman “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Cabe recordar que en 2018 el Tribunal de Paz recibió el expediente por parte de la Fiscalía General de la Nación donde se reportó que entre 1988 y 2014 fueron 2.248 víctimas de falsos positivos en Colombia.

Por la revelación, Uribe publicó "Al comunicado de la JEP" con el que responde a las revelaciones y la relación de los hechos con sus años de mandato presidencial. En el escrito Uribe manifiesta que es un "nuevo atropello de la JEP por falsos positivos".

Frente a la situación, el exmandatario escribió el resume de "medidas para garantizar la transparencia de nuestra política de Seguridad Democrática, tema al que me referido en múltiples ocasiones", dentro de las cuales destaca que "Recién iniciado el Gbno, en 2003, cuando la Seguridad Democrática empezaba a dar tranquilidad a los colombianos, ONGs, contrarias a mis ideas, acusaban a las Fuerzas Armadas (FFAA) de asesinar campesinos en lugar de dar de baja a criminales. Asumí públicamente el tema y se ordenó que el cuerpo, de alguien dado de baja en combate, permaneciera en el lugar, no fuera movido por las FFAA y se esperara la llegada del representante del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía." 

Además, mencionó que "También en esos primeros años enfrenté, en público, el grave hechos entre soldados y policías ocurrido  en Guaitarilla y el asesinato de civiles en Cajamarca y Poco antes de la reelección presidencial, en 2006, en Jamundí, se dio el trágico suceso nuevamente entre soldados y policías, el Ministro Camilo Ospina, con mi apoyo, hizo el convenio con la Fiscalía para que este ente asumiera el inicio de investigación en cualquier caso de bajas.  Esa decisión de transparencia fue interpretada por retirados de las FFAA como una derogatoria de la Justicia Penal Militar, y, por otro lado, la Fiscalía llegó al exceso de hacer de cada levantamiento de cadáver un auto de cabeza de proceso contra soldados de la Patria". 

"En una ocasión me reuní con un Capitán del Ejército, testigo protegido, en la sede de Naciones Unidas en Bogotá, al salir revelé al país su versión de que en la Brigada de Ocaña habían asesinado inocentes para proteger a narcotraficantes y pretender demostrar que si perseguían al narcotráfico; los responsables están presos", manifestó el exmandatario.

Además, explicó que "suspendí de sus cargos a 27 oficiales del Ejército a finales de 2008, decisión a raíz de un informe del Ministerio que presentaba indicios de conductas penales en uno de los casos y en los demás falta de rigor en los protocolos operativos que podrían facilitar hechos delictivos" y que "Próximo a terminar el Gobierno recibí la visita del representante de Naciones Unidas, quien me dijo traerme la “buena noticia” de que en los últimos dos años solamente había 4 casos sospechosos de violación de Derechos Humanos, “no debería haber uno solo”, le repliqué". 

"Siempre privilegié la desmovilización y la captura sobre las bajas,  y los resultados muestran que en el Gobierno hubo 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros desmovilizados, sin el costo institucional, ni la impunidad total del reciente mal llamado proceso de paz", agregó, mientras demostró que durante su gobierno "las capturas fueron 36363 y las bajas 13992".