Señalan a Gustavo Bolívar y al presidente de Colpensiones por presunta campaña ilegal a favor de la consulta popular

El representante a la Cámara, Óscar Villamizar, señaló públicamente al director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, y al presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, por presuntas irregularidades en la promoción de la consulta popular impulsada por el Gobierno Petro. Según el congresista, ambos funcionarios habrían adelantado campañas ilegales entregando kits promocionales y obligando a empleados públicos a participar en marchas.

Previo a las movilizaciones del 1 de mayo, Bolívar fue visto en Soledad, Atlántico, participando en eventos ciudadanos donde alentaba a votar por el “Sí” a la consulta, y distribuyendo kits con camisetas, gorras y termos. En uno de los actos, invitó al público a corear su apoyo a la reforma laboral mediante preguntas dirigidas.

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Pero los señalamientos no se limitan al DPS. De acuerdo con testimonios recogidos por medios nacionales, el presidente de Colpensiones habría obligado a sus funcionarios a asistir a las marchas con el material propagandístico de la consulta, enviando correos de convocatoria e incluso presionando a empleados temporales para garantizar su presencia.

“A los contratistas y funcionarios les están entregando un kit con publicidad de ‘Vote sí por la consulta’. ¡Gravísimo! Denunciaremos a Bolívar y Dussan por promover ilegalmente el ‘Sí’, sin que la consulta haya sido aprobada por el Congreso ni autorizada por el CNE”, manifestó Villamizar en su cuenta de X.

El parlamentario sostiene que esta campaña se adelanta de manera irregular, dado que el Consejo Nacional Electoral aún no ha avalado el mecanismo, lo cual imposibilita legalmente cualquier tipo de promoción oficial. Según expertos como Alfonso Portela, exregistrador delegado, ninguna campaña puede comenzar hasta que la consulta sea aprobada y registrada formalmente, momento en el que además se establecen topes de gasto y vigilancia financiera.

De comprobarse las acusaciones, los implicados habrían violado la ley electoral y estarían enfrentando investigaciones por uso indebido de recursos y funcionarios públicos para fines proselitistas.

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