Contraloría detecta millonario detrimento fiscal en fallido proyecto para modernizar el mercado energético

La Contraloría General de la República concluyó que un proyecto destinado a modernizar la gestión del mercado energético en Colombia terminó en un grave detrimento fiscal que supera los USD 26 millones, debido a la inexistencia del software contratado, el cual nunca fue entregado ni puesto en funcionamiento.

La investigación se inició a partir de una denuncia del Ministerio de Minas y Energía, que alertó sobre presuntas irregularidades en un contrato suscrito por XM S. A. E.S.P., la empresa responsable de la administración del mercado de energía eléctrica en el país. El objetivo del proyecto era desarrollar e implementar el Sistema de Administración del Mercado (SAM), una plataforma tecnológica que debía centralizar y optimizar los procesos del sector.

De acuerdo con el ente de control, los recursos destinados al contrato provinieron directamente de la tarifa de energía que pagan los usuarios en sus facturas, valores que son autorizados anualmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Uno de los principales hallazgos corresponde a USD 15,6 millones relacionados con el contrato celebrado con el Consorcio Siemens Endimensions, encargado del desarrollo del sistema. La Contraloría estableció que el proyecto presentó reiterados retrasos, múltiples prórrogas y fallas estructurales, y que, pese a ello, el software nunca fue entregado de forma integral ni recibido a satisfacción.

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Aun así, XM S. A. efectuó pagos por bienes y servicios que no se materializaron, lo que ocasionó un daño directo a los recursos públicos. Aunque la empresa aseguró haber realizado seguimiento permanente al contrato, el organismo de control concluyó que dicha supervisión fue insuficiente para evitar la pérdida del dinero.

El informe también advierte que las gestiones para hacer efectivas las garantías y emprender acciones legales contra el consorcio contratista se activaron cuando el perjuicio ya se había consolidado, es decir, después de que los recursos fueran comprometidos sin que existiera un producto funcional.

Adicionalmente, la Contraloría identificó un segundo hallazgo por USD 10,5 millones, asociado a contratos de soporte, mantenimiento, capacitación y diseño del sistema. Según el ente de control, se pagaron servicios de acompañamiento técnico sobre una plataforma inexistente o que no podía operar, lo que resulta incompatible con la naturaleza de este tipo de contratos.

El organismo concluyó que se desembolsaron recursos por servicios vinculados a componentes que no estaban implementados, no funcionaban de manera integrada o no podían ser utilizados, lo que incrementó el impacto del detrimento fiscal.

Finalmente, el informe fue remitido al Ministerio de Minas y Energía con el detalle de los hallazgos, para que se adelanten las acciones administrativas, fiscales y legales correspondientes frente a este caso.

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