Publicidad
Publicidad
Millonario hallazgo en compra irregular del predio “La Grosería” por parte de la ANT
El terreno adquirido estaba ocupado y carecía de aptitud productiva, pese a que la entidad tenía plena evidencia de su indisponibilidad.
La Contraloría General de la República estableció un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $4.161 millones en la compra del predio “La Grosería”, ubicado en Chimichagua, Cesar, por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dentro del proceso de adquisición de predios rurales destinados al Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.
De acuerdo con el equipo auditor, el predio se encontraba ocupado por familias en condición de invasión, que habían levantado viviendas improvisadas dentro del inmueble. Aunque la ANT tenía conocimiento previo de esta situación, procedió con la compra pese a que existía evidencia formal de dicha ocupación consignada en un Acta de Compromisos firmada por entidades nacionales y municipales, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Restitución de Tierras, el ministerio del Interior y comunidades campesinas del Cesar.
Lea también (Presidente Petro niega informes que vinculan al general Huertas y Wilmer Mejía con disidencias de 'Calarcá')
En ese documento se reconoció la presencia de asentamientos campesinos dentro del predio y se acordó instalar una mesa de diálogo permanente para buscar soluciones a las problemáticas de tierra y territorio. También se pactó que los propietarios ofertarían el predio a la ANT, lo que motivó la suspensión de los operativos de desalojo, bajo el argumento de que el inmueble sería adquirido por la entidad.
Adicionalmente, el acta contempló la caracterización de los ocupantes indeterminados mediante el formulario de sujetos de ordenamiento, con el fin de determinar si cumplían los requisitos para ser beneficiarios de programas de acceso a tierras. No obstante, esta actuación se hizo sin que la ANT verificara previamente la situación jurídica ni el estado real de ocupación del predio, incumpliendo los procedimientos técnicos y legales que garantizan la libre disposición del bien antes de incorporarlo al Fondo de Tierras.
El análisis de la Contraloría concluyó que la ANT viabilizó y ejecutó la compra sin verificar los criterios técnicos establecidos en los artículos 31 y 32 de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1071 de 2015. El estudio técnico reveló que la mayor parte del predio corresponde a suelos de clases agrológicas VII y VIII, catalogados por el IGAC como improductivos e inadecuados para actividades agrícolas, pecuarias o forestales.
En consecuencia, el terreno no cumplía con los parámetros de aptitud y vocación productiva definidos en la normativa agraria, ni con la viabilidad técnica exigida para su incorporación al Fondo de Tierras. La compra, por tanto, no se ajustó a los criterios de uso del suelo necesarios para su destinación a proyectos agropecuarios de la Reforma Rural Integral.
La Contraloría concluyó que la ANT destinó $4.161 millones a la compra de un predio sin capacidad productiva, ocupado por familias indeterminadas y sin aptitud para el aprovechamiento agrario, lo que constituye un uso inadecuado de los recursos públicos y una actuación contraria a la Ley 160 de 1994 y a los lineamientos del Acuerdo Final de Paz.
Otras noticias
Etiquetas
