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Proponen drones y uso de armas no letales para proteger a la fuerza pública
El ministro de Defensa confirmó que la Corte Constitucional revisará la propuesta.

El Gobierno colombiano evalúa la incorporación de drones para realizar fumigación aérea en áreas de cultivos ilícitos, especialmente en aquellas donde la fuerza pública enfrenta agresiones y resistencia de la población civil. La iniciativa fue confirmada este 8 de septiembre por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tras los anuncios del presidente Gustavo Petro.
Sánchez aseguró que la propuesta será revisada por la Corte Constitucional, instancia que deberá definir su viabilidad legal. Según el funcionario, el uso de drones permitiría un control más preciso, con menor riesgo para los uniformados y menor afectación ambiental frente a los métodos tradicionales de aspersión.
“Ya lo revisará la Corte y se mirarán los protocolos. Lo cierto es que los tiempos han cambiado, hay mejor tecnología para evitar daños ambientales… también hay la posibilidad de emplear drones para la fumigación”, declaró Sánchez.
El jefe de la cartera de Defensa recordó que en 2021 se erradicaron 106.000 hectáreas de cultivos ilícitos, pero que en los años siguientes estas volvieron a incrementarse en más de 60.000 hectáreas, lo que, según él, evidencia la necesidad de combinar la acción tecnológica con programas de transformación social.
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El ministro también señaló que el Gobierno analiza el uso de armas no letales para proteger a los uniformados en situaciones de amenaza directa, inspirándose en experiencias internacionales como la de Perú. “Aquí los militares y policías le ponen el pecho y la vida para proteger a los colombianos, y debemos garantizar también sus derechos humanos. Quien toque a un policía o un militar está atacando a Colombia”, sostuvo.
El anuncio se da pocos días después de la liberación de 45 uniformados retenidos en Cauca, episodio en el que, de acuerdo con las autoridades, disidencias de las Farc habrían instrumentalizado a campesinos, mujeres y menores para frenar operaciones oficiales.
Mientras avanza la discusión en la Corte, el Ministerio de Defensa insistió en que las nuevas tecnologías y protocolos buscan salvaguardar la vida de los uniformados y reducir el poder de las economías ilegales que afectan a distintas regiones del país.
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