Keralty: “Sanitas está devastada tras 14 meses de intervención del Gobierno Petro”

Tras el reciente fallo de la Corte Constitucional que anuló la intervención del Gobierno nacional sobre la EPS Sanitas, el grupo empresarial Keralty, propietario mayoritario de la entidad, manifestó su preocupación por el estado actual de la compañía y responsabilizó a la administración del presidente Gustavo Petro de haber ejecutado una estrategia sistemática con el fin de debilitar tanto a Sanitas como al modelo general de aseguramiento en salud vigente en el país.

La compañía anunció que activará un paquete de acciones legales nacionales e internacionales, con el propósito de exigir responsabilidades y reparar los daños que, según argumentan, habría dejado el proceso de intervención.

La Sala Plena de la Corte Constitucional revocó la decisión con la que la Superintendencia Nacional de Salud había intervenido a Sanitas, medida que estuvo en firme durante más de un año.

Con base en este pronunciamiento judicial, la administración de la EPS deberá ser restituida a sus propietarios. Sin embargo, Keralty no celebró el fallo en términos convencionales.

A través de un comunicado, la empresa sostuvo que no se trata de un momento de celebración, sino de un escenario crítico en el que reciben una entidad “devastada”, luego de un proceso que, a su juicio, causó perjuicios estructurales en la operación de la EPS.

El abogado Juan David Riveros, asesor legal de Keralty, explicó que desde hace más de un año, al iniciarse la intervención administrativa, la compañía activó una estrategia jurídica compuesta por varias líneas de acción.

Estas incluyen tutelas, procesos ante organismos judiciales nacionales, recursos ante entidades internacionales y denuncias dirigidas a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y el Consejo de Estado.

El propósito de estas acciones es lograr que se investigue y, en su caso, se sancione individualmente a los funcionarios responsables de las decisiones que llevaron a la intervención de Sanitas y al presunto deterioro de su capacidad operativa.

El abogado señaló como responsables a integrantes del actual Gobierno, en especial al presidente Gustavo Petro, a sus ministros del sector salud y a los superintendentes que lideraron el proceso de intervención.

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Riveros mencionó que la estrategia que, según él, fue implementada para desestabilizar el sistema, ya había sido anunciada en campaña por el entonces candidato Petro, y que desde la llegada del nuevo gobierno se ejecutó con respaldo público.

Riveros se refirió también a lo que denominó como el “chuchuchú”, expresión utilizada por la administración actual para referirse de forma coloquial a la supuesta intención de desmantelar progresivamente el modelo de salud vigente.

A juicio del abogado, esta política habría tenido como eje la afectación directa a EPS como Sanitas, lo cual, según la versión de Keralty, se tradujo en un deterioro profundo de sus indicadores de calidad, atención y sostenibilidad.

Sobre el estado financiero de Sanitas, el abogado manifestó que los efectos del proceso de intervención no podrán corregirse de manera inmediata, y enfatizó en que la administración central continúa siendo responsable de garantizar los recursos que permitan el funcionamiento del sistema.

En ese sentido, recordó que la Corte Constitucional, en su decisión, instó al Gobierno a cumplir con la actualización de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y con los pagos pendientes a las EPS.

Keralty, por su parte, confirmó que asumirá el proceso de recuperación administrativa y operativa de Sanitas, y aseguró que trabajará por restablecer los estándares de atención.

No obstante, la empresa solicitó a los usuarios comprensión frente a las demoras que pueda implicar la superación del daño causado. En palabras del abogado Riveros: “No vamos a poder resolver de la noche a la mañana catorce meses de destrucción”.

El vocero concluyó señalando que el grupo empresarial buscará reconstruir la operatividad de la EPS y que mantendrá la defensa jurídica hasta que, según sus palabras, se restablezca la confianza institucional y se esclarezca el impacto de las decisiones adoptadas por las autoridades durante el periodo de intervención.

Por ahora, el regreso de Sanitas a manos de Keralty se dará en medio de un contexto de alta conflictividad jurídica y política, con múltiples procesos activos que se adelantarán en paralelo en escenarios nacionales e internacionales.

Mientras tanto, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial en respuesta a las acusaciones hechas por el grupo empresarial.

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