Un fiscal seccional avocó conocimiento de una denuncia en contra de tres funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Se trata de Luisa Fernanda Montero Mosquera, Natalia Pabón Domínguez y Juan Sebastián Ternera Camargo, encartados por el presunto delito de prevaricato por acción.
El reproche ante los estrados se derivó de sus actuaciones dentro de la investigación por la presunta reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia de fútbol en la eliminatoria al mundial de Rusia 2018 y la cual involucra a tres personas jurídicas y 17 personas naturales.
En el memorial que ya avanzó en su trámite ante la oficina de asignaciones de la Fiscalía, se evidenció que los tres funcionarios adscritos al despacho del superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Juan Pablo Herrera Saavedra, presidieron el pasado 15 de noviembre una audiencia en la que su jefe, fue recusado, pero fueron ellos los que resolvieron la recusación, contrariando la norma que determina que el único que puede pronunciarse sobre una recusación, es la persona que se recusa.
“Desatendiendo de manera flagrante la normativa vigente, resolvieron una recusación dirigida a su superior jerárquico, impidiendo que se pronunciara y usurpando una competencia que exclusivamente le incumbe al funcionario recusado” señala la denuncia que enrarece el caso y pone en entredicho el proceso que adelanta la Superintendencia.
Pero esta no fue la única queja que pasó del ámbito administrativo al penal. La audiencia celebrada a mediados de noviembre, dejó al descubierto una serie de inconformidades que se han evidenciado dentro del expediente 17-327215, desde que la Superintendencia de Industria y Comercio, formuló pliego de cargos y abrió investigación, mediante resolución 53718 del 30 de julio de 2018.
Por haber incurrido presuntamente en un acuerdo anticompetitivo se inició una actuación de carácter administrativo en contra de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, Comercializadora de Franquicias SAS (Tickershop) y Tú Ticket Ya.Com SAS (Ticket Ya).
Un proceso en donde también se investigan a Elías José Yamhure Daccarett, representante legal de Ticket Ya, así como los socios de esta firma, Rodrígo de Jesús Rendón Cano, Rodrigo Alejandro Rendón Ruiz, Medardo Alberto Romero Riveros, David Alberto Romero Vega y Roberto Saer Daccarett. Así como 11 personas naturales del Comité Ejecutivo de la FCF
Según la entidad, esta se desarrolló en tres fases. La primera porque supuestamente las tres personas jurídicas y 17 naturales favorecieron la oferta presentada por Ticket Shop, excluyendo a otras empresas, la segunda con el presunto desvío masivo de boletas con el propósito de revenderlas en los ocho partidos en los que la Selección Colombia jugó como local en Barranquilla en la fase de eliminación al mundial de Rusia 2018 y la tercera en la supuesta operación logística desplegada en la comercialización de la boletería a precios superiores al valor de venta fijado por la Federación.
Ante el anuncio de la investigación por parte del SIC, la Empresa Ticket Shop se acogió al programa de beneficios por colaboración y aceptó su responsabilidad, iniciando de esta manera y con un “delator” uno de los procesos más mediáticos de la Superintendencia y que más atención ha mantenido dentro de los amantes del fútbol y la selección nacional.
Sin embargo, desde el primer momento los demás implicados, incluyendo socios de Ticket Ya, han señalado que el proceso que adelantó el superintendente delegado, “estuvo marcado por la ausencia de imparcialidad que se evidencia en que todo el trámite que hasta ahora se ha adelantado, lo dirigió la delegatura para probar la resolución de formulación de cargos y no a apreciar la defensa y las pruebas que desvirtuaban las acusaciones”.
Afirman que la actuación es una cosecha de errores. La cual se inició en el momento en que la Superintendencia Delegada reprochó a la Federación no actuar como autoridad pública. “Confundieron una invitación a contratar de una entidad privada con un pliego de condiciones de una pública”. Y advierten que en el informe de 354 páginas la SIC reconoce el error, “la entidad acepta que el contrato no fue una contratación pública y por lo tanto no pretende entrometerse en la autonomía de los privados”.
En el escrito también se indica que dos años después de iniciarse la investigación, no se estableció que la Federación hubiera revendido las boletas o que se hubiera beneficiado de esa práctica.
De la misma manera que la SIC citó unos correos electrónicos intercambiados entre integrantes de Ticket Shop y Ticket Ya. Con base en estos afirma que la Federación tuvo conocimiento de las anomalías en la ejecución del contrato, a pesar de que ninguno de los emails cruzados tuvo como receptor o emisor a algún miembro de la Federación.
Así mismo, se afirma en documentos conocidos por esta Agencia que no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas y los interrogatorios realizados a los testigos, pues la Superintendencia omitió su análisis. “No consideró ninguna de las respuestas que los favorecían y ni siquiera tuvo en cuenta las preguntas que los apoderados de la defensa formularon y mucho menos las respuestas que contradecían las afirmaciones en que sustentaban los cargos”, señala una de las comunicaciones.
El caso se enreda, además porque en el informe de 364 páginas de la SIC se omitió lo asegurado por dos integrantes de la firma que aceptó la responsabilidad, TicketYa. Esto es que nunca dijeron nombres de personas de la Federación con quienes se hubiera reunido integrantes de esa firma paga acordar que ganarían el contrato, tampoco tuvieron conocimiento de la existencia de dichas reuniones.
Adicionalmente, dentro del proceso afirmaron que no conocieron la invitación antes de ser publicada, y reiteraron que su propuesta era la mejor y que junto con la firma Tu Boleta eran las únicas que tenían experiencia en fútbol. “Afirmaron tener un acuerdo con Ticket Shop que la Federación nunca conoció y finalmente que la ebriedad del Fútbol no participó en la reventa, indica otro de los oficios entregado a los organismos de control.
Otro de los puntos de controversia en el caso es el hecho de que se omitió la declaración de las firmas Ossa y Asociados y Tú Boleta quienes manifestaron que no hubo irregularidades en la invitación a ofertar ni en la selección y reconocieron ante la SIC que no ganaron porque se presentó una propuesta mejor.
En la revisión que investigadores hicieron del caso, se advierte además que no es claro porque la SIC señala que la propuesta de la firma Primera Fila era económicamente más favorable que la de Ticket Shop, si la primera no garantizaba el pago si no que ofrecía una comisión sobre las ventas, “mientras que la seleccionada era una oferta en firme que garantizaba el ingreso con independencia de las ventas. También se desconoció que Primera Fila no tenía experiencia en fútbol”.
Con esta cadena de cuestionamientos al procedimiento realizado en la Superintendencia de Industria y Comercio, la audiencia celebrada a mediados de noviembre se convirtió en la gota que rebosó la copa. En los audios que hacen parte de los anexos de la denuncia se evidencian los ánimos crispados.
El abogado de Alberto Romero uno de los socios de TicketShop, recusó al Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, Juan Pablo Herrera. “No estoy sorprendido, la verdad, sigo muy preocupado, me uno a los argumentos del doctor Juan Luis, desde el inicio de la investigación todos hemos planteado un cúmulo de situaciones que conllevan irregularidades y hoy, ante las intervenciones que se han generado ustedes de un brochazo, en una hora, decidieron todas las nulidades y manifestaron que estaban convalidadas”.
Así lo evidenció también el jurista Carlos Sánchez quien en plena audiencia cuestionó una nota de prensa y la intervención pública que hizo el Superintendente Delegado Herrera, “(...) desde que el proceso nació evidentemente estaba destinado a que fueran sancionados nuestros representados (...) yo pongo y formuló una recusación en contra del doctor Juan Pablo Herrera Saavedra, la causal tiene que ver con haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma o haber intervenido en esta como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo”.
El defensor también advirtió que le llamaba la atención porque en el mes de julio de 2018, Herrera, a través de su cuenta de Twitter, publicó información del proceso, es decir, dos meses antes de que fuera nombrado por el nuevo Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, como nuevo delegado para la Protección de la Competencia.
Herrera es economista de la Universidad Externado de Colombia, ha sido asesor económico del despacho del Superintendente de Industria y Comercio desde octubre de 2008 y coordinador del Grupo de Estudios Económicos de la misma entidad desde agosto de 2012 y desde octubre de 2018, se desempeña como delegado.
“La primera fase esta relacionada con el direccionamiento del contrato de operación de boletería por pague de la Federación Colombia a de Fútbol hacia Ticket Shop, sin importar que, de acuerdo con las condiciones del pliego, no podía ser TicketShop el oferente escogido”@pfroblefo, se Indicó en la cuenta oficial de la SIC a la cual Herrera Saavedra el 30 de julio de 2018, efectuó un retweet.
Otro trino citado como evidencia de la recusación y acciones judiciales, según se desprende de la denuncia, señala que “con solo leer la propuesta económica de TicketShop se sabía que la boletería iba para la reventa” @pablofeliperobledo. Indicó el hoy Delegado y funcionario instructor del proceso, al hacer un retweet al mensaje oficial.
Precisamente, Herrera por sus posiciones públicas antes de ser designado en el cargo, son objeto de controversia. Así mismo, su cercanía con el anterior Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, a quien tiene como referencia en su hoja de vida y quien aplaudió la designación en su cuenta de la red social Twitter.
“Muy acertado nombramiento hizo @sicsuper @andresbarretog al designar a Juan Pablo Herrera como SuperDelegado para la Protección de la Competencia. El tiene todas las credenciales de conocimiento técnico, experiencia y honorabilidad indispensables para ese cargo”.
En cuanto a la recusación, fue coadyuvada, es decir, apoyada por por otros siete abogados. Sin embargo, la funcionaria de la SIC, Natalia Pabón, lanzó un argumento que fue motivo de denuncia ante la Fiscalía, “Bueno y en cuanto al tema de la recusación, según el artículo 142 del CGP (...) no podrá recusar quien sin formular recusación haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fue anterior a dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En ese sentido se rechaza la recusación.
De inmediato, los juristas ripostaron en una sola voz. “El único que puede resolver una recusación que se formula contra una persona es esa persona”. Finamente el abogado que recusó, advirtió, “ (...) este es un tema delicado, y es que ustedes no son competentes para decidir sobre ese rechazo de plano, de hecho no podrían ni pronunciarse porque la actuación está suspendida, todo esto no tiene validez”.
La investigación por la presunta reventa de boletas de la Selección Colombia se enreda con un nuevo expediente penal en ciernes. Ahora la investigación toma otro rumbo y en la mira están tres funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio que ponen a tambalear el caso. La Fiscalía y los jueces tienen la última palabra.
