En los próximos días un juez decidirá si Christopher Rafael Bolger, hijo de un ex funcionario de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en Colombia quien tiene su mismo nombre, continuará en prisión acusado de haber abusado sexualmente de un bebé de 18 meses y un niño de 7 años en el edificio en el que vivía al norte de Bogotá. El más reciente dictamen de Medicina Legal establece que el acusado de 23 años padece un transtorno mental denominado esquizofrenia paranoide.
Todo comenzó, el 6 de marzo de 2018. En las horas de la tarde, uno de los vigilantes de un exclusivo edificio ubicado en la calle 87 con carrera séptima en Bogotá, le informó a Chistopher Bolger, el hijo del diplomático, que no podía estar en el parque porque era de uso exclusivo para los niños.
El hombre pidió ir al gimnasio. Minutos después, el celador que le había hecho la advertencia, lo observó en el baño del lugar, exhibiendo sus genitales. De inmediato, el guarda informó a la administradora del edificio quien ordenó llamar a la persona de servicios generales para que la acompañara.
Minutos después, escucharon una algarabía. Una mujer que trabajaba cuidando dos niños, una bebé de 18 meses y un niño de 7 años estaba empujando a Bolger e insultándolo. El hombre, tras ser expulsado por el vigilante del baño del gimnasio, llegó hasta un salón continuo.
Se masturbó, se inclinó cerca de la bebé y le acercó el pene erecto a su cara. La niñera apenas se percató de la situación, se abalanzó sobre el hombre y lo sacó a empujones. Este, en silencio, salió del lugar. Esa fue la versión de la señora y de la que el acusado refiere a los médicos no recordar.
El escándalo no tardó, el apoderado judicial de la familia de los niños advirtió a los medios de comunicación que el señalado como agresor, era el hijo de un diplomático de la ONU.
La Fiscalía inició la investigación, mientras que los padres del sindicado aportaron evidencia clínica que señalaba que Cristopher Rafael Bolger, estaba en tratamiento médico desde que fue diagnosticado con esquizofrenia esquizoafectiva en 2016.
Se trata de una enfermedad mental que aparece en la infancia o tardíamente en la adultez y que se caracteriza por episodios de hipomanía y manía como humor elevado, irritable, autoestima exagerada, conducta deshibida, depresión y uno de los principales rasgos; la psicosis, una alteración del pensamiento y de la percepción de la realidad, delirios y alucinaciones visuales y auditivas.
Este precisamente parece ser el punto de quiebre entre la Fiscalía y la defensa. Para el ente investigador en el momento de los hechos, no estaba comprometida la voluntad de Bolger, “pues tenía pleno conocimiento que estaba desplegando actos libidinosos sobre los menores (...) aprovechándose de las zonas comunes en que como residentes tienen acceso los habitantes del edificio, queriendo su realización, lesionando el bien jurídicamente tutelado de la libertad, integridad y formación sexual”.
Descartando la afectación mental por considerar que para aquella tarde de marzo de 2018, el joven de nacionalidad chilena de 23 años, estaba plenamente consciente de lo que realizaba y no presentaba episodios alterados de conciencia, el 7 de marzo de 2017 le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años en grado de tentativa, en concurso homogéneo con actos sexuales abusivos. Bolger no aceptó los cargos.
Dentro de las pruebas del ente acusador aparecen un informe de captura en flagrancia elaborado por el patrullero Jorge Rincón. Acompañado de las entrevistas que realizó la policía judicial al vigilante, la administradora y la niñera. Además, una conversación por whatsapp del consejo de administración e informes periciales forenses practicados a los menores.
Un dosier probatorio que contempla también, el informe médico forense practicado a Bolger, un escrito del 25 de marzo de 2014 del licenciado en sicología. Steven M Sichel PH.D, copia de informe expedido por University Diagnostic Institute, Winter Park-Longwood-Orlando del 20 de julio de 2016, así como, otras pruebas entre documentales y testimoniales.
En el voluminoso expediente se establece que Bolger es el segundo de tres hijos, quienes viven con su madre, una maestra de nacionalidad brasileña que está radicada en los Estados Unidos.
Para el momento de los hechos, su padre, el diplomático de la ONU informó que luego de los hechos se retiró del trabajo, se radicó en Bogotá para acompañar a su hijo de forma permanente en Colombia, “(...) mientras él se encontraba trabajando en las Naciones Unidas migraron como grupo familiar a varios países del mundo, siendo Colombia el último país donde estuvo establecida la familia hasta antes de su retiro”.
En este contexto, el padre del acusado entregó otros antecedentes médicos de su hijo. Dice que empezó a caminar a los dos años, que se comunicaba con gestos hasta los cinco años cuando empezó a hablar. Afirma que Chris, cómo le dice, es muy inteligente pero que la enfermedad lo ha limitado. Dijo que tiene una imaginación inusual y que en noviembre de 2016 fue internado en una clínica siquiátrica durante una semana en donde diagnosticaron que padece esquizofrenia.
El exdiplomático narró que la única persona que lo señala es la niñera de los pequeños, que no existen más pruebas y que nadie más vio que su hijo agrediera sexualmente a los menores. “Me dieron una visa de asuntos jurídicos, estoy todos los días desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche. Ya no trabajo ahora soy jubilado” afirmó.
Así mismo, informaron a los médicos forenses que Cristopher Borgel, presentó retraso psicológico en algunas etapas del desarrollo, especialmente en el lenguaje. Hacia los cinco años de edad empezó a presentar problemas de aprendizaje y de conducta. “Tempranamente fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, siendo necesario iniciar tratamiento farmacológico, psicológico; requiriendo apoyo y consejería escolar”.
Años más tarde, nuevos síntomas aparecieron, mutismo, aislamiento y alucinaciones auditivas. Su bajo rendimiento escolar le impidió culminar dos carreras profesionales, aunque las inició. Luego, en Estados Unidos fue diagnosticado de esquizofrenia.
En contraste, en Colombia, Borgel, según registros médicos, su asistencia a siquiatría fue irregular, aunado a que no ocupaba su tiempo en proyectos o tareas. Incluso, en un informe médico del 28 de noviembre de 2017, se estableció en la epicrisis que aunque tenía citas programadas semanalmente, Cristopher no asistió con regularidad. Se evidenció, que la madre informó que con la más reciente medicación, el procesado por al justicia había tenido un mayor contacto con ella, saliendo de la habitación y tomándose un baño.
“Se ha advertido que el paciente requiere hospitalizarse o asistir a clínica diurna. La madre no está de acuerdo. Pendiente que la dra pueda librar entrevista con ella para lograr colaboración con la decisión de que Christopher se hospitalice” firmó un siquiatra que lo valoró en su momento.
En marzo de 2018, Borgel fue denunciado por el padre de los niños, capturado supuestamente en flagrancia y enviado a prisión. Una semana después internado en el hospital siquiátrico La Inmaculada en donde estuvo ocho meses. Una entidad de salud de la que su padre el hoy ex diplomático hizo una grave afirmación que reposa dentro del expediente.
“Chris fue violado sexualmente por un enfermero de la Inmaculada, fue básicamente un rehén, no le dieron terapia, ni ejercicio físico, fue encerrado en una jaula no más” le relato a uno de los funcionarios forenses, el padre del acusado.
En la primera valoración realizada por el Instituto de Medicina Legal, en marzo de 2018, los forenses no pudieron establecer si el día de los hechos estaba en plenitud de sus facultades mentales o no, “ al momento de la presente valoración, cursa un episodio agudo de características psicóticas en el contexto de un transtorno mental mayor, esquizofrenia, presentando un alto riesgo de auto o heteroagresión, dada la ausencia de contacto con la realidad que tiene el examinado el día de hoy (...) no es posible en este momento pronunciarse sobre la capacidad de comprensión y autodeterminación del examinado la cual se podrá evaluar una vez, este haya recibido un tratamiento tal psicofarmacológico juicioso por parte de psiquiatría”.
Luego de casi dos años en los que estuvo recluido unos días en la cárcel, luego internado en clínica La Inmaculada, después remitido a la clínica siquiátrica La Paz, en donde supuestamente no fue recibido por falta de cupo se trasladó a la cárcel La Picota, a finales del año pasado en donde de nuevo se hizo un examen forense.
En este informe el área de psiquiatría de Medicina Legal determinó como conclusión que, “el examinado Christopher Rafael Bolger, tuvo una alteración en su capacidad de comprensión y autodeterminación al momento de la ocurrencia de los hechos materia de investigación acontecidos en marzo de 2018, debido a su transtorno mental”.
Según el abogado, Oswaldo Medina quién representa a Bolger, “la defensa desde el primer día de la captura le hizo saber a la Fiscalía y jueces de garantías de la enfermedad grave que padece mi cliente. Además de los hechos denunciados existen dudas de lo que sucedió la tarde del seis de marzo”.
Después de dos años, la Fiscalía tan solo ha realizado la imputación de cargos en virtud a la enfermedad mental del acusado. Lo que se resolverá en los próximos días es si Bolger espera su juicio en la cárcel o en un hospital psiquiátrico.
A mediados de 2018 el Tribunal Superior de Bogotá falló en su favor una acción de tutela que garantizaba su sitio de reclusión como inimputable, es decir, que no sería responsable penalmente por su estado mental, pero el Consejo de Estado la revocó.
El debate ante los jueces está servido. La familia de los menores, el abogado de las víctimas y la Fiscalía piden que se castigue con todo el peso de la ley a Bolger por sus inaceptables actuaciones con los dos menores.
Entre tanto, la defensa y su padre reiteran que es un enfermo mental y debe ser tratado como inimputable, en un centro siquiátrico, no responsable de los hechos, por lo cual debe ser declarado inocente. En las próximas semanas se inicia el juicio que determinará si Bolger tendrá que responder penalmente o no por los hechos que se le acusan. Un juez tiene la última palabra.
