Hace dos semanas, el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia que tiene a cargo el proceso contra el ganadero, Santiago Uribe Vélez, tomó la determinación de aplazar el juicio para la primera semana de abril del próximo año. Una decisión que el funcionario profirió porque varios testigos no asistieron ese día para declarar en el caso que está en su recta final. Sin embargo, pese a que se pospuso, Uribe Vélez, en un proceso que cumplió 23 años, sacó nueva artillería jurídica y se fue lanza en ristre contra el Instituto de Medicina Legal y un dictamen de dos médicos siquiatras forenses que validaron el estado mental de Eunicio Alfonso Pineda Luján, testigo principal de la Fiscalía.
Santiago Uribe Vélez es procesado por los presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, en relación a la conformación de grupos ilegales en el municipio de Yarumal, Antioquia, y zonas aledañas durante los años de 1990 a 1994. Su acusación también se fundamenta en un posible homicidio agravado de Camilo Barrientos Durán, un conductor de bus asesinado en la tarde del 25 de febrero de 1994. Un crimen que es el eje del caso en cuanto se habla de una estrategia de exterminio en la región adjudicada a un grupo conocido como los ‘Doce Apóstoles’, creado por Santiago Uribe Vélez, según testimonio del mayor en retiro de la policía, Juan Carlos Meneses, condenado a 27 años de prisión por homicidio agravado y actualmente recluido en la cárcel La Picota.
La importancia de Eunicio Alfonso Pineda Luján en el proceso es trascendental. Desde que comenzó el caso en diciembre de 1995 fueron apareciendo pruebas y en marzo de 2013, por solicitud del abogado de la parte civil Daniel Prado, solicitó la declaración de Pineda que para esa época ya estaba exiliado. En concreto, lo que atestiguó es que fue un campesino que trabajó en la hacienda La Carolina, de propiedad de la familia Uribe Vélez, que allí conoció de actividades de autodefensa y que se fue cuando descubrió que lo iban a asesinar. Sin embargo, ha relatado que posteriormente regresó a la región y dos paramilitares lo torturaron pero se salvó porque logró esquivar los disparos al huir precipitadamente.
Es justamente, esta versión de Pineda Luján, la que reactivó el proceso que parecía estancado hasta abril del próximo año cuando se reinicie el juicio. A instancias de su defensa, el pasado 3 de diciembre se radicó ante el juez del caso, un documento de 109 páginas en el que se objeta el dictamen pericial sobre el estado de salud mental del testigo. Se trata de una prueba científica que presentaron el 13 de julio de 2015, los médicos Ricardo Tamayo Fonseca e Iván Perea Fernández, funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Un dictamen que fue complementado el 24 de octubre de ese mismo año por petición de la defensa.
La discusión radica en las facultades mentales de Pineda Luján para atestiguar en el caso. Los siquiatras forenses de Medicina Legal determinaron que “presenta un cuadro clínico compatible con su diagnóstico de trastorno de estrés postraumático con síntomas sicóticos que tiende hacia la cronicidad y para el cual no ha recibido el tratamiento adecuado”. Los facultativos también señalaron que en el examen realizado no se encontró evidencia de que lo denunciado dentro del proceso sea contrario a la verdad y por lo tanto está en capacidad mental de testificar en el caso contra Santiago Uribe.
Los facultativos también señalaron que en el examen realizado no se encontró evidencia de que lo denunciado dentro del proceso sea contrario a la verdad y por lo tanto está en capacidad mental de testificar en el caso contra Santiago Uribe.
Sin embargo, frente al concepto forense, ripostó Jaime Granados, el apoderado judicial de Uribe Vélez y el 27 de julio de 2015, presentó un cuestionario con 35 solicitudes de aclaración que fue resuelto casi tres meses después. Este año, cuando arrancó el juicio, el asunto del estado mental del testigo volvió a tomar relevancia y por ello, el pasado 3 de diciembre, Santiago Uribe y su defensa enfilaron toda su artillería jurídica para demostrar las fallas en el dictamen y que la situación médica del testigo clave Eunicio Alfonso Pineda Luján no le permite entregar un testimonio válido.
Argumenta la defensa de Uribe Vélez frente al dictamen que hubo un error en la metodología de valoración porque se omitió la realización de un procedimiento de diagnostico diferencial. En otras palabras, se desconoció la reglamentación científica para este tipo de pruebas. Un concepto del exdirector de Medicina Legal, Ricardo Mora Izquierdo, expedido a finales de noviembre, señala que el diagnóstico trastorno de estrés postraumático con síntomas sicóticos, entregado por los dos forenses no figura en los manuales científicos internacionales de patologías mentales, “se inventaron una nueva categoría diagnóstica”, explicó.
Según Mora Izquierdo, es inexplicable que el dictamen de Medicina Legal hubiera desconocido el diagnóstico de los múltiples siquiatras que atendieron al testigo desde el 2007, “lo anterior significa que en el concepto de los expertos del Instituto de Medicina Legal, todos los médicos siquiatras tratantes, que fueron alrededor de 10, que atendieron al Sr Eunicio Pineda, durante cinco años, quienes diagnosticaron una enfermedad psicótica del espectro de la esquizofrenia, estuvieron equivocados siempre”.
Otro aspecto clave en el debate forense sobre el caso, es una supuesta omisión del análisis de la historia clínica que llevó a error en la fundamentación y en la conclusión del diagnóstico. El perito contratado por la defensa, Mora Izquierdo encontró que el 16 de abril de 2008, Pineda Luján, ingresó por urgencias al Hospital Mental de Antioquia, con un cuadro de más de un año de evolución en el que presentó signos y síntomas de ánimo depresivo, tristeza, llanto inmotivado, astenia, adinamia, anhedonia, ideas de muerte e ideas suicidas bien estructuradas. El paciente, le señaló a los médicos que lo vieron, “matar a mi familia, matarme yo con veneno, ya le dije a la mujer que comprara veneno pa´ los ratones, hace año no puedo caminar por un machetazo que me pegué”.
En concreto, los diferentes médicos que lo vieron concluyeron que el diagnóstico del paciente no ha sido fácil, producto de las consultas los facultativos han pensando en retardo mental, epilepsias, depresión sicótica, trastorno de personalidad orgánica, sicosis y esquizofrenia, entre otras patologías. El último control al paciente planteó como diagnóstico una esquizofrenia paranoide y como hipótesis alternativa un trastorno esquizoafectivo.
El último control al paciente planteó como diagnóstico una esquizofrenia paranoide y como hipótesis alternativa un trastorno esquizoafectivo.
Según la historia clínica referenciada en el concepto de Mora Izquierdo el paciente viene sufriendo por lo menos desde el 2007 una enfermedad sicótica de tipo esquizofrénico que le genera un compromiso grave en la sensopercepción, del pensamiento, de la memoria, de los afectos y de los comportamientos. Explica el especialista que se registra un deterioro intelectual importante explicado por una lesión cerebral detectada por una resonancia magnética nuclear y por la cronicidad del cuadro clínico diagnosticado. Además se evidenció que la sintomatología de Pineda Luján es característica de enfermedades esquizofrénicas y, “no son constitutivos de los criterios de inclusión del trastorno de estrés postraumático diagnosticado por los peritos en su informe pericial”.
Con estos argumentos médicos, la defensa de Santiago Uribe intenta demostrar que los hechos que denunció el testigo Pineda Luján a la Fiscalía y que son la base de la acusación son dudosos. Conceptúa que cuando los peritos de Medicina Legal rindieron su dictamen del 13 de julio de 2015 ya se habían registrado otros hechos que hacían ver pocos claros el testimonio de Pineda. En concreto que el jefe paramilitar Rodrigo Pérez Alzate alias ‘Julián Bolívar’ afirmó que no tuvo vínculos con Santiago Uribe Vélez. Lo propio declararon Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’ y Raúl Emilio Hasbun, alias ‘Pedro Bonito’ quienes además sostuvieron que la sigla AUC se comenzó a usar desde 1997 en contravía de lo que dijo Luján quien afirma que los vio con brazaletes con esa sigla entre 1993 y 1994.
Dentro del proceso también se conoció la entrevista de León Eduardo Tobón quien manifestó que Pineda Lujan lo había denunciado falsamente ante la Fiscalía por circunstancias similares por las que señaló a Santiago Uribe Vélez. A ello se suman falencias en los reconocimientos fotográficos y supuestas contradicciones del testigo en declaraciones a la justicia.
Con este nuevo envión jurídico del procesado Uribe Vélez, busca dar un revolcón al proceso que lo tiene contra las cuerdas. Además de objetar el dictamen, aportó nuevas pruebas y solicitó la práctica de otras. Por ejemplo, los dictámenes de Ricardo Mora Izquierdo, el Protocolo de Evaluación en Psiquiatría y Psicología Forenses del Instituto de Medicina Legal, el Protocolo de Estambul, la historia clínica completa de Eunicio Alfonso Pineda Luján y artículos académicos en la pericia objetada.
De igual forma, se pidió la práctica de nuevas pruebas, esto es el testimonio de Ricardo Mora Izquierdo, así como la declaración de los diez siquiatras que trataron al testigo Pineda entre el año 2008 a 2011
De igual forma, se pidió la práctica de nuevas pruebas, esto es el testimonio de Ricardo Mora Izquierdo, así como la declaración de los 10 siquiatras que trataron al testigo Pineda entre el año 2008 a 2011. También que se realice un nuevo dictamen pericial por parte de Julio Arboleda Flórez, profesor emérito, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Queen’s en Canadá, presidente de la Academia de Psiquiatría y Epidemiología de Canadá y presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría Social.
El proceso contra Santiago Uribe Vélez cumple 23 años ante la justicia. Justamente se inició el 15 de diciembre de 1995 por una denuncia de Alberto Martínez Vergara quien señaló la existencia de una banda denominada los ‘Doce Apóstoles’. La Fiscalía luego de escucharlo en versión libre por petición del mismo Uribe y de evaluar varias pruebas profirió resolución inhibitoria el 25 de agosto de 1999.
No obstante, el 21 de septiembre de 2010, en la administración de Guillermo Mendoza Diago, como fiscal encargado, la Fiscalía 16 seccional adscrita a la Unidad Nacional de Derechos Humanos, revocó la resolución inhibitoria y reanudó la investigación contra Uribe Vélez. Tres años después, el 13 de agosto de 2013, apareció el testigo clave del proceso Eunicio Alfonso Pineda Luján, quien desde el exilio en Chile y posteriormente en España, declaró contra Uribe. Desde entonces, se convirtió en uno de sus principales acusadores. Por ello, y con otras pruebas, el ganadero fue enviado a prisión el 29 de febrero de 2016.
En una guarnición militar, estuvo recluido durante dos años y el 15 de marzo de 2018 de este año el juez de Medellín, Jaime Herrera Niño, lo dejó en libertad tras cumplirse el tiempo máximo de detención preventiva sin que hubiese sido resuelta su situación jurídica. Desde entonces, Santiago Uribe Vélez, ha sido más activo en su proceso con miras a demostrar su inocencia. Su nuevo envión jurídico de hace dos semanas busca remover las bases de su acusación, con un propósito esencial, demostrar que el testigo clave en su contra Eunicio Alfonso Pineda Luján no está bien de la cabeza.
