El pasado 18 de octubre, Luis Gustavo Moreno volvió a sentir el aire fresco de la libertad. Había pasado los últimos cinco años tras los muros de la prisión. Cuatro centros de reclusión en Colombia y Estados Unidos, y una extradición.
Era 28 de junio de 2017, agentes del CTI de la Fiscalía lo capturaron en su oficina, en el búnker. Desde el 30 de septiembre de 2016, era fiscal delegado ante el Tribunal y director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción.
En una de las delegaciones ante la Corte se investigaba a Alejandro Lyons Musk, exgobernador de Córdoba, por sendos hechos de corrupción. En noviembre de 2016, a través del abogado Leonardo Pinilla, le remitió una propuesta. A cambio de dinero, podía ayudarle a bloquear las investigaciones en su contra.
Como hecho adicional, en febrero de 2017, Maximiliano García Bazanta y Jesús Eugenio Henao, a cambio de un principio de oportunidad, declararon en contra de Lyons. Por tener acceso a lo que habían confesado, Moreno, a través de Pinilla, pidió $100 millones.
Confesó sus delitos y delató. Sus declaraciones ayudaron a revelar al país y a la justicia cómo en el máximo órgano de cierre de la justicia penal, la Corte Suprema de Justicia, los magistrados vendían fallos y cómo se estructuró el vergonzoso 'cartel de la toga'.
Fachada de la Corte Suprema de Justicia
Con su acuerdo de colaboración con el ente acusador, puso contra las cuerdas de la justicia a los otrora poderosos de la toga: los magistrados Leonidas Bustos, Gustavo Malo, Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino, y congresistas como Musa Besaile.
Otras 24 personas resultaron salpicadas, pero han utilizado la dilación y sus tentáculos de poder para que el paso del tiempo olvide todo, incluso sus procesos. En capilla judicial hay al menos cuatro exgobernadores, ocho excongresistas, varios exalcaldes y varios fiscales.
En dos cárceles de Estados Unidos, especialmente, Moreno supo lo que es el verdadero infierno carcelario. Tímido al comienzo y fogoso al final, tuvo que enfrentar a afroamericanos que se cansaron de golpearlo y tras muchas palizas, varias costillas fracturadas, pocos minutos de sol, escasa comida, la pérdida de su familia y amigos, el alejamiento de su pequeña hija y el escarnio público, tuvo una lección de vida.
Tras la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó su excarcelación por pena cumplida, luego de que el 7 de marzo ese mismo tribunal lo condenara a una pena de 58 meses y 15 días de prisión, el 29 de octubre Moreno salió de la cárcel.
Con 41 velitas para poner en el pastel de cumpleaños, sintió que la vida había sido generosa y le había dado otra oportunidad para empezar desde cero. Un puñado de amigos, su familia de sangre y algún profesor de derecho que lo esperó para reclamarle en qué habían fallado.
Fachada de Gimansio Bodytech
Una de sus primeras decisiones fue inscribirse en un gimnasio. Con dos hernias discales severas en las vértebras L4 y L5 y una instrucción médica perentoria, debía iniciar un acondicionamiento físico supervisado.
Inversiones en Recreación Deporte y Salud S.A, propietario de la marca de gimnasios Bodytech, abrió su primera sede en el país en 1998. Tiene 87 sedes en Colombia, otras 10 en Perú y 45 en Chile, con cerca de 200.000 afliados e inversiones millonarias fue el elegido por Moreno.
En el mismo mes de su excarcelación, se desplazó hasta la sede de Bodytech del Centro Comercial Gran Estación, al occidente de Bogotá, preguntó por los precios, requisitos y detalló los equipos y horarios.
Se animó por el plan anual, suscribió el contrato y del cuenta de su novia se desembolsó el dinero.
Dos días después, llegó con toda la disposición para entrenar; durante los últimos cinco años había soñado con regresar a un gimnasio grande y con equipos modernos, no con las mancuernas de hierro colado que se consiguen en algún penal del país.
No pudo ingresar, el sistema falló. Al indagar qué sucedía, le pidieron que esperara. Veía cómo los funcionarios hacían llamadas y enviaban y recibían correos. Tiempo después, el administrador de la sede le informó que no podía ingresar por su condición de pospenado, por haber incurrido en delitos contra la administración pública, aseguró el funcionario.
Ante la interrogante en derecho que planteó Moreno, pues a su juicio el gimnasio le estaba imponiendo una sanción que ni la Corte Suprema de Justicia le había impuesto, el administrador solo atinó a señalar que esperara una respuesta oficial y lo instó a solicitar la devolución del dinero.
Pasaron los días y la respuesta no llegó. Escribió a los otros canales, pero el gimnasio se limitaba a responder que escribiera a uno u otro correo y que esperara la respuesta. Luego manifestaron que lo transferirían con Andrés Lenis y más tarde se identificó en el chat como Kimber Chau.
La respuesta oficial le fue remitida hasta el pasado 27 de abril por Bodytech, cuando a través de una carta suscrita por César Alberto González Rodríguez, oficial de cumplimiento de Inversiones en Recreación Deporte y Salud S.A. (Bodytech), le informaron escuetamente que la empresa dentro de su política corporativa tenía unos principios y valores, y le remitieron un enlace en el cual esgrimían su "política de Prevención de Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude".
También le advirtieron que habían consultado su nombre en internet y que en medios de comunicación se había reseñado que él había estado en prisión.
"Usted fue condenado por los delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada, delitos relacionados con hechos de corrupción pública. Por esta razón, nos abstenemos de tener relaciones contractuales con usted", señalaron en la misiva.
Asimismo, le ratificaron que por esa razón ese gimnasio se abstenía de tener relaciones contractuales con el exfiscal. Será la justicia la que determine si este tipo de espacios destinados a la salud y el acondicionamiento físico pueden imponer sanciones adicionales y si, posterior a la firma de un contrato, lo pueden terminar unilateralmente por ser un postpenado, de la misma manera que pueden consultar los antecedentes judiciales y políticos de sus usuarios.
Luis Gustavo Moreno, reconoce sus errores, esta luchando para actuar correctamente y señaló: “Ese gimnasio estigmatiza a los pospenados, a los que ya pagamos una condena y nos encontramos en la legalidad, es algo de dignidad”.
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