Han pasado trece años desde la captura de David Murcia Guzmán por conformar la pirámide más grande del país, DMG. Mediante esta se lavaron más de $4 billones y por ello fue extraditado a los Estados Unidos cumplió su pena y retornó al país. Ahora paga una condena en Colombia de 22 años de prisión en la carcel Tramacúa de Valledupar.
No obstante, y a pesar de la condena en firme por el delito de captación ilegal de recursos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, así como los señalamientos de vínculos con el exjefe paramilitar Carlos Mario Jimenez, alias Macaco; las víctimas de Murcia Guzmán no cesan en su batalla de intentar recuperar lo que perdieron. Acaban de radicar una nueva demanda en contra de la Nación y la Superintendencia de Sociedades en busca de que se les indemnice.
La demandante es la empresa Victimas de la Liquidación de DMG SAS. Fue constituida mediante documento privado el 30 de septiembre de 2019 por Santiago Morales Sáenz, Bettsy Saavedra Clavijo, Carlos Julio Moya Colmenares, María José Sequeda, Jaime Uribe Galindo, Diego Felipe Gutierrez, William Roy y Angela Soto.
Estas personas se unieron y crearon esta sociedad comercial cuyo objeto, según reza en los registros de Cámara de Comercio de Bogotá, es recuperar $28.000 millones por concepto de capital, daño emergente, lucro cesante y daños morales causados, entre otros conceptos.
En la constitución de la sociedad también hicieron referencia a los inmuebles el Lote Las Mercedes, Nuevo San Antonio y Bihar B ubicados en la Autopista Norte con Calle 191 en Bogotá, con un area de 60.000 metros cuadrados. Según estimativos de mercado los inmuebles tienen un valor superior a los $100.000 millones.
Según los accionistas de la firma, estos inmuebles fueron entregados a Carlos Eduardo Gutierrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes desde el año 2008 para que estos adquirieran dichos inmuebles a favor de DMG, pero dicen esto nunca ocurrió.
Al respecto de Carlos Eduardo Gutierrez Robayo, ha sido mencionado en cuatro casos relevantes que avanzan en la justicia. Se trata de presuntos vínculos con Alex Saab, detenido en Cabo Verde, en proceso de extradición a Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolas Maduro.
También ha sido relacionado en el proceso contra “Memo Fantasma”, actualmente en prisión por supuesto paramilitarismo. De igual forma su nombre salió a relucir en el caso de la narcofinca del exembajador de Colombia en Uruguay y en los Panama Papers, constitución de empresas en Panamá para evasión de impuestos y otras actividades, y según Cuestión Pública, esta relacionado en 33 sociedades: 15 en Panamá, 16 en Colombia, una en Rusia y otra en Suiza.
Gutierrez Robayo es ingeniero, comerciante de papa y concuñado del senador y aspirante presidencial Gustavo Petro. En cuanto a Juan Carlos Valencia Yepes, es un empresario, dedicado a diversas actividades comerciales y hermano del fallecido presentador Jota Mario Valencia.
En la creación de la empresa de Víctimas de la Liquidación de DMG, también advirtieron sus socios que para desarrollar el objeto social contratarían abogados especializados en derecho penal y administrativo.
De igual forma, en otras áreas, para interponer una acción de grupo o de reparación directa en contra de la Superintendencia de Sociedades por nombrar a María Mercedes Perry y que, según advirtieron engañó a las víctimas de DMG, al afirmar que esos inmuebles le pertenecían a la pirámide, pero realmente eran de Colbank SA e Inverlopez Ltda.
El capital autorizado de la empresa Victimas de la Liquidación de DMG SAS es de $10 millones y su principal accionista es Betsy Saavedra con el 35%, su gerente y representante legal es Santiago Morales Sáenz con una participación accionaria del 20%.
Al respecto, Morales Saenz aseguró que “En el caso de DMG hemos observado como la Superintendencia de Sociedades a través de su liquidadora ha tenido en vilo durante diez años desde una tribuna a las víctimas de DMG, esperando al menos un poco de lo que han invertido, pero el tiempo nos ha mostrado que la superintendencia ha sido negligente y deficiente todo en detrimento de las víctimas de DMG.
Este 23 de septiembre la empresa inició con la ejecución de su objeto social y radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda de reparación directa.
Advierten que sus pretensiones no han caducado, pues la ley establece un término de dos años desde que se causó el daño y afirman que esta no sucedió en el año 2008 cuando el gobierno intervino la pirámide.
Ello, luego de expedir un decreto de estado de emergencia, sino el 3 de julio de 2019, cuando el juzgado 11 civil del circuito profirió sentencia en la que determinó que los propietarios del lote en el que funcionaba la pirámide no era de DMG si no de una banca de inversión y de Inversiones López Piñeros y Maria Elvira López Piñeros.
En la demanda reiteran que la liquidadora designada por la Superintendencia de Sociedades María Mercedes Perry incluyó en la liquidación, erradamente estos tres lotes avaluados en más de $100.000 millones y públicamente informó que le pertenecían a DMG.
Esta apreciación detallada en la demanda, la hizo argumentando que en el año 2008 DMG le había girado $28.000 millones a Luis Eduardo Gutierrez Robayo y Juan Carlos Valencia con el propósito de que adquirieran esos lotes.
Luego de la intervención de la pirámide, Gutierrez y Valencia le informaron a las autoridades que el 3 de junio de 2008 habían suscrito una promesa de compraventa y que por esos lotes les habían pagado $28.000 millones.
En la promesa los vendedores estipularon una cláusula en la cual mencionaron que los lotes no se podían vender a una persona natural o jurídica que no estuviese vigilada por la Superintendencia Financiera.
Sin embargo, dicho documento a pesar de que fue suscrito en junio de 2008, al momento de la captura de David Murcia Guzman, cinco meses después, en noviembre de ese mismo año, aún no se había elevado a escritura pública.
Ante esta situación los vendedores ofrecieron regresar el dinero pagado por DMG y así evitar líos legales, pero la liquidadora Perry, en mayo de 201,1 rechazó de plano la oferta.
El argumento de la liquidadora es hoy el de la demanda de las víctimas. Perry se negó a recibir el dinero argumentando que los tres lotes hacían parte de los activos de DMG porque se había pagado la totalidad del precio acordado y en cambio requirió a los vendedores para que firmaran la escritura pero esto nunca ocurrió.
La Supersociedades intentó ejercer el dominio sobre dichos inmuebles, incluso la delegada para Asuntos de Insolvencia en el año 2012 Angela María Echeverry ordenó el registro de los inmuebles en cabeza de DMG como extincion de dominio pero Colbank S.A. denunció el hecho ante la Fiscalía.
Frente al caso, Roberto Charris, defensor de Colbank señaló que “lo que pasa al interior de la Superintendencia de Sociedades debe ser revisado por las autoridades porque ellos son responsables de que hoy las victimas de DMG no tengan ningún tipo de reparación, por el contrario, en algunos casos han sido revictimizados por el Estado”.
Asegura Charris que las victimas tienen el derecho a reclamar que les devuelvan los recursos e indicó que la liquidadora de DMG María Mercedes Perry, es investigada actualmente por la Fiscalía tras incurrir en presuntas irregularidades por un pleito por dos lotes en Bogotá avaluados en millones de pesos que hacen parte de la demanda de víctimas de DMG contra el Estado.
De hecho, según registros de la Fiscalía, fue denunciada por falsedad en documento público y fraude procesal por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos Zona Norte en enero de 2019.
Pero los cuestionamientos a la liquidadora no se quedan ahí. El pago de $1.860 millones de impuesto predial y de $7.000 millones por los servicios de vigilancia desde el año 2009, por unos lotes de los que no existía escritura disminuyeron la cuantía entregada a las víctimas.
La cereza del pastel fue la sentencia del juzgado 11 Civil del Circuito que condenó a DMG a pagar $10.000 millones por intentar pagar a las víctimas de la pirámide con predios que le pertenecían a terceros.
Las pretensiones de la demanda no son menos cuantiosas que recursos de los lotes. En esta se pide que se declare la responsabilidad de la Nación por $28.000 millones por el trámite de la liquidación.
Además que se condene a pagar a favor de los ocho socios de la empresa Victimas de la liquidación de DMG SAS, la suma de $41.200 millones por daños materiales. También buscan indemnización por un lucro cesante de $73.920. Se estima que las victimas de la pirámide ascienden a 240.000 personas.
La millonaria demanda durará varios años en resolverse. Lo evidente, es que el negocio de multiplicar el dinero de forma fácil y rápida que materializó David Murcia Guzmán hace más de una década sigue teniendo consecuencias.
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