Olga Tristancho Suárez es una de las funcionarias públicas mejor pagadas del país. Su cargo como fiscal 56 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá le representa un ingreso mensual de $28’976.949. Aunque gana más que la alcaldesa de Bogotá Claudia López, el gobernador de Cundinamarca, Nicolas García, el director de la Dian José Andrés Romero, entre otros altos funcionarios, la fiscal le dijo a la justicia que su salario no le alcanza.
Por eso se opuso a que le descontaran el impuesto solidario de Covid-19 decretado por el presidente Ivan Duque al inicio de la pandemia y que grava los sueldos más altos del Estado, es decir aquellos iguales o superiores a $10 millones. Así las cosas, enfiló baterías en contra de Marcela Yepes, directora ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación e interpuso una acción de tutela.
Nadie pone en entredicho la elevada carga laboral de la Fiscal. Sobre todo en épocas del entonces Fiscal Luis Gustavo Moreno quien como jefe de la Unidad Anticorrupción y según trascendió en el escándalo del Cartel de la Toga, atiborró de procesos urgentes a Tristancho para evitar que pudiera avanzar en 21 Investigaciones que provenían de tres seccionales de Barranquilla en contra del entonces alcalde de Barranquilla, Alex Char.
Pero unas han sido de cal y otras de arena para Tristancho. En el año 2016 fue cuestionada por el abogado de las hijas del Nelson Mejía Sarmiento, el exalcalde de Santo Tomas Atlántico, asesinado, luego de que ella revocara una resolución de acusación en contra del ex senador Dieb Maloof, señalado como presunto determinador del homicidio del mandatario local.
En el cuestionado archivo de la investigación en favor del congresista, la fiscal afirmó, “si no existen fundamentos para acusar, menos los hay para sostener una medida de aseguramiento”. El abogado de la familia de la victima calificó en su momento este hecho como “un regalo de navidad” toda vez que el archivo se profirió un 23 de diciembre.
La curtida funcionaria del ente acusador inconforme con el decreto 568 de 2020 que ordena el descuento en un porcentaje a salarios altos, acudió a la justicia con detalladas cuentas a la mano.
Manifestó que de su salario, mensualmente le descuentan $877.900 por EPS, otro tanto para su fondo de pensiones, $219.600 para el Fondo de Solidaridad en Pensión, otro tanto para el Fondo de Subsidio Pensional y $5’070.000 por concepto de retención en la fuente.
También precisó otros gastos. Obligaciones por $10 millones como cuota mensual de un crédito bancario y $27.600 como aporte a la Asociación Nacional de Fiscales.
Pero las deducciones de su salario no paran ahí. A esto se suma los descuentos por dos embargos. Uno de $3’333.495 y otro de $4’166.869.
En la accion de tutela también discriminó sus gastos mensuales de alimentación, servicios públicos, administración, medicina prepagada, gasolina y seguros, así como el salario de las dos empleadas que dijo cuidan de su señora madre y de las cuales ella está a cargo. Así las cosas las deducciones de nómina y gastos mensuales reportados por la funcionaria ascienden a $26’667.254.
“Al confrontar mis ingresos mensuales con las deducciones y los gastos fijos que debo cubrir mensualmente, se observa claramente que con el porcentaje del nuevo impuesto fijado por el gobierno en el artículo 6 del decreto 568 de 2020, se me impedirá, desde este 30 de mayo de 2020, cubrir los gastos mensuales ya referidos que son indispensables para sostener mi vida y la de mi familia en condiciones dignas”, puntualizó la funcionaria en su escrito en donde además calificó el hecho como “abusivo descuento”.
Pero la acción de tutela tuvo un impase. El titular del juzgado 22 Administrativo de Oralidad, al que le correspondió el asunto por reparto, declaró su impedimento así como el de todos los jueces administrativos de ese circuito por una razón. Todos están en la misma situación de Tristancho, es decir, cobijados por el decreto de descuento solidario de Covid-19. Por esta razón, el Tribunal Administrativo tuvo que nombrar un juez Ad Hoc.
Marcela Yepes, la directora ejecutiva de la Fiscalía le dijo al juez Ad Hoc que Tristancho, “si consideraba que dicha retención tributaria impacta sus finanzas personal de tal manera que se comprometa su mínimo vital, podía refinanciar sus obligaciones de tipo crediticio con las entidades acreedoras, gozando de las facilidades de pago que se han otorgado en medio de la Emergencia Social, Económica, Social y Ecológica”.
El juez le dio la razón a Tristancho y le concedió la tutela, y afirmó que los $5’435.399 del impuesto solidario descontados mensualmente, “resultan ser notoriamente lesivos para la manutención mensual o mínimo vital de la accionante y su familia, pese a su alta remuneración oficial, dado que en este momento ella atraviesa por una difícil situación económica”, concluyó el juez Ramiro Borja Ávila en el fallo.
Una decisión judicial que hace parte de la avalancha de funcionarios que argumentando dificultades financieras se resisten a pagar el impuesto solidario acudiendo a mecanismos legales.
