Lost Prevention Ltda. no es la única empresa de vigilancia y seguridad privada cuestionada por vínculos con cabezas del mundo del hampa, como el “Clan Vega Daza”, o por presuntos manejos irregulares. Otra de las empresas en la mira es Atenas Seguridad Privada Ltda., con sede en la ciudad de Barranquilla.
De sus 379 empleados, 75 tienen procesos por delitos que van desde acceso carnal abusivo con menor de 14 años, extorsión, concierto para delinquir y contrabando hasta homicidios; incluso, un trabajador que fungía como supervisor ya tiene sentencia ejecutoriada por homicidio.
Dicha empresa cuenta con un verdadero arsenal: quince escopetas, 46 pistolas, 190 revólveres y, en 2025, indicaban tener 33 contratos activos.
Asimismo, a una de sus socias, Jacqueline de la Rosa Paternina, le fue extinguido el dominio de un inmueble dentro del proceso de Enilse López, alias “La Gata”. De la Rosa es la exesposa de Raúl Montes Flórez, el otrora jefe de seguridad de Uniapuestas y procesado por múltiples noticias criminales. Hoy, dicen en la Costa, aliado con los antiguos amigos de López, actualmente enemigos.
Homicidios y otros
Entre los casos más relevantes figura la investigación que recae contra uno de sus escoltas, Guillermo Márquez Rivera, por un homicidio ocurrido el 20 de noviembre de 2020 a las 8:30 a. m., así como por hurto en modalidad de tentativa.
También por homicidio, en modalidad de tentativa, aparece Eugenio Rafael Guzmán de Ávila, quien figura como supervisor en dicha empresa, pero que, según el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), fue capturado en enero de 2009, aceptó cargos a mediados de ese año y su sentencia quedó ejecutoriada.
Otro supervisor con antecedentes penales es Luis Fernando Jarava Orejarena, a quien le figuran en los anales de la Fiscalía no solo un proceso por daño en bien ajeno, en el que concilió con la víctima, sino otro por homicidio. Este trabajador fue capturado en diciembre de 2013 y sentenciado en 2016, luego de aceptar cargos.
A otro funcionario, Hernando Luis Morales, quien funge como escolta, le figuran dos procesos en la Fiscalía: uno por receptación, es decir, por haber recibido, ocultado o comercializado un bien producto de un delito, y otro por un homicidio ocurrido en Yolómbó, Antioquía que conoce un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
De otro lado, e indagando en anotaciones y antecedentes de escoltas, vigilantes y supervisores de Atenas, está el caso de Erick Antonio Padilla Lugo, a quien la Fiscalía le abrió tres noticias criminales: una por fuga de presos, pero esta se cerró por atipicidad de la conducta; otra por violencia intrafamiliar; y una más por la cual fue condenado el 13 de junio de 2016 a 54 meses de prisión como autor del delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Posteriormente, el 14 de agosto de 2019, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Sincelejo le concedió la libertad condicional, tras pagar una caución de $150.000.
Desaparición forzada
Quizá uno de los casos más graves es el de otro supervisor, Germán Gómez Díaz, investigado por una desaparición forzada ocurrida el 20 de noviembre de 1992. El proceso tuvo una nueva asignación en septiembre pasado por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. A este funcionario le figura otro proceso por falsedad.
Ahora bien, de estos 75 empleados, de los 349 que la empresa dijo tener a las autoridades, cuatro tienen noticias criminales por homicidio; 16, por lesiones; nueve, por hurto; cuatro, por violencia o amenazas; tres, por extorsión; 20, por violencia intrafamiliar y/o inasistencia alimentaria; uno, por desaparición forzada; uno, por concierto para delinquir; uno, por acceso carnal violento con menor de 14 años; y uno, por lavado de activos. Esto, por citar algunos de los tipos penales que persigue la Fiscalía.
Otro de los cuestionamientos, y que las autoridades tienen como línea de investigación aparte, es el asesinato ocurrido el 9 de junio de 2022, a sangre fría y con sevicia, de Guillermo Enrique Boscan de la Hoz, quien fungía como escolta de la empresa Atenas.
El crimen, un acto sicarial, ocurrió cuando Boscan se movilizaba en un vehículo Chevrolet Spark GT de color rojo, en inmediaciones del barrio El Bosque. Allí fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta. El parrillero le descargó el proveedor de una pistola de 9 milímetros.
La rápida acción de la Policía permitió la captura de Jorge Isaac de la Rosa Gutiérrez, de 26 años de edad. Asimismo, se incautó la motocicleta en la que se movilizaba, una AKT NKD de color blanco que no tenía placa, una pistola de 9 mm y un proveedor con dos cartuchos. Para sorpresa de las autoridades, ambos, víctima y victimario, registraban sendas anotaciones.
El sicario, alias “Palito”, registraba antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que Boscan de la Hoz, el escolta de Atenas, registraba dos noticias criminales por hurto calificado, una por falsedad material en documento y una por porte ilegal de armas. Una de las hipótesis de la Fiscalía es que a Boscan de la Hoz lo mataron para silenciarlo. Sabía más de lo que debía.
Pero no ha sido el único trabajador de dicha empresa asesinado. El 8 de septiembre de 2024 fue ultimado Arbey Peña Cujino, quien fungía como supervisor y quien, para el momento del atentado sicarial, registraba dos anotaciones: una por concierto para delinquir y otra por lesiones personales.
Si bien, en la mayoría de los casos aún tienen la calidad de indiciados o investigados, la actividad de vigilancia y seguridad privada, incluido el servicio de escoltas y supervisores de empresas de seguridad, implica la confianza de la ciudadanía en las conductas de dichas personas.
Sin licencia y con licencia
Luego del pronunciamiento público del presidente Gustavo Petro, quien se mostró desconcertado por alianzas entre grupos criminales y empresas de seguridad, la Superintendencia Delegada para el Control ordenó una inspección a dicha empresa, con domicilio en Barranquilla.
En la visita realizada el 6 de junio de 2024, la superintendencia encontró varios hallazgos. El primero es que la empresa había registrado 391 trabajadores operativos en la plataforma APO; sin embargo, para el mes de mayo de esa anualidad solo reportaba 282 trabajadores activos, es decir, no se entendía la diferencia de 109 personas.
Asimismo, Enrique Rafael Flórez Bruzon figuraba simultáneamente como representante legal y supervisor; tampoco tenían actualizado el registro de aportes parafiscales del personal; algunos no presentaban certificados psicofísicos, así como armas con salvoconductos vencidos.
Tras esta visita, el organismo resolvió iniciar un proceso administrativo sancionatorio y, como medida cautelar, la suspensión de la licencia de funcionamiento.
El abogado de Atenas, Jorge Elíecer Padilla Benítez, recurrió tal decisión argumentando que la medida tomada era desproporcionada, que no se realizó un test de proporcionalidad e incluso defendió a aquellos trabajadores con antecedentes.
“La superintendencia debe revisar que los casos en donde se refiere a personas con antecedentes ciertamente sean antecedentes por condenas debidamente ejecutoriadas, pero además si, al momento en que la empresa Atenas Seguridad Privada Ltda. contrató a uno de esos trabajadores que resultaron con antecedentes, se habían registrado tales antecedentes penales”, indicó.
Inconformes, interpusieron una acción de tutela que conoció el Juzgado 52 Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual ordenó resolver los recursos de reposición y apelación, pero le advirtió a Atenas que debía certificar la recepción de los mismos y declaró improcedente lo demás.
Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Juan Carlos Garzón, revocó la decisión y dejó sin efecto la resolución en la que se había abierto el proceso sancionatorio y suspendido temporalmente la licencia de dicha empresa, en otras palabras la empresa sigue funcionando con normalidad.
Los fundadores
Atenas Seguridad Privada Ltda. fue constituida mediante escritura pública el 24 de junio de 1996 en la Notaría Sexta de Barranquilla. Para ese momento, los socios fundadores fueron Humberto Velásquez Cuete y Efraín Serrano Castañeda, con un capital de $85,3 millones.
El 10 de junio de 2009, mediante escritura pública, esta vez en la Notaría Once, también de Barranquilla, los fundadores cedieron sus cuotas a Teddy Alberto Ripoll Comas y Vivian María Navarro Pugliese. Cuatro años después, estos, a su vez, cedieron a Ceferi David de la Rosa Julio y Wiston Manuel Vargas Corvacho.
En 2019, también mediante documento público, se realizó una nueva cesión de cuotas a Jacqueline Katherine de la Rosa Paternina. Sin embargo, para ese momento ya fungía como gerente Enrique Rafael Flórez Bruzon, el mismo que aparece al momento de la visita de la superintendencia como representante legal y supervisor.
Atenas, a su vez, en los últimos cuatro años ha suscrito 33 contratos con el Estado por $2.167 millones. Entre los más recientes figuran contratos con la Contraloría General de la República, la Gerencia del Magdalena, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y el Hospital de Arjona, Bolívar.
Una de las dueñas en extinción de dominio
El 12 de noviembre de 2005, Jacqueline Katherine de la Rosa Paternina, hoy socia de la empresa Atenas contrajo matrimonio civil en la Notaría Octava de Barranquilla con Raúl Montes Flórez; este fue registrado bajo el serial 4261430. De esta unión nacieron dos hijos.
Dos años después, mediante escritura 2336 del 16 de octubre de 2017 de la Notaría Tercera de Barranquilla, se inscribió en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria 049-416XXX la anotación número cuatro, en la que se consignó la compraventa de un bien inmueble ubicado en la calle 104 # 51 B-104, casa 73.
La Fiscalía 38 Especializada de la Unidad para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos profirió resolución dando inicio al proceso de extinción de dominio dentro del proceso 977, en el que se perseguían bienes de Enilse López, conocida mediáticamente como “La Gata”, así como de sus más cercanos, entre estos Raúl Montes Flórez, jefe de seguridad de Uniapuestas, quien fue capturado junto con otras ocho personas en un operativo conjunto en varias ciudades de la Costa Caribe.
El 15 de febrero de 2017, Jacqueline Katherine de la Rosa Paternina y Raúl Antonio Montes Flórez, mediante escritura 184 de la Notaría Décima de Barranquilla, quedaron, en papeles, divorciados.
La Sociedad de Activos Especiales emitió la Resolución 770 del 27 de julio de 2016, modificada por la 1159 del 25 de septiembre de 2017, pues el inmueble fue declarado como ocupado ilegalmente por de la Rosa Paternina, a quien el 4 de abril de 2019 notificaron de la diligencia de desalojo.
El juez declaró improcedente la tutela, argumentando, entre otras, que el trámite de extinción de dominio se inició el 22 de mayo de 2014, por lo que había tenido la oportunidad procesal para defender dicho bien desde ese momento.
Tres meses después de la acción de tutela, en la que la mujer le esbozó al juez que ese bien era su poco patrimonio, en la misma Notaría Tercera de Barranquilla suscribió la escritura 3651, en la cual adquiría la cesión de cuotas de la empresa Atenas Seguridad Privada Ltda. por $309.195.000 a Wiston Manuel Vargas Corvacho.
Jefe de seguridad cambia de bando
Entretanto, a Raúl Montes Flórez, su otrora esposo y padre de sus hijos, le habían sido imputados los cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, y fue enviado ese 4 de junio de 2014 a prisión. Recobró la libertad meses después, gracias al vencimiento de términos. Sin embargo, la Fiscalía y la Procuraduría apelaron y la medida fue revocada.
En 2017, el otrora jefe de seguridad y hombre de confianza de Enilse López demandó laboralmente a Uniapuestas S. A., mientras que, a su vez, estaba encartado con cuatro noticias criminales más: una por extorsión ante la Fiscalía 7; otra por el mismo delito en la Fiscalía 10; una más por idéntico tipo penal en la Fiscalía 6 Gaula, y una en Bogotá por homicidio.
Actualmente, según múltiples fuentes del sector de las apuestas y juegos en línea, Raúl Montes Flórez funge como jefe de seguridad de empresarios del sector que hoy intentan desmarcarse de Enilse López y su pasado.
Y es que, justamente, en el trámite de extinción de dominio que inició la Fiscalía 38 en contra de López Romero y su grupo empresarial y familiar se advirtió que el entonces jefe de la Unidad Especial de Investigaciones de la Dijín, mayor Jorge Esguerra, partiendo del escrito de Martín Kaolan, asistente del director regional de la DEA en Cartagena, entregó información sobre López y su grupo, entre ellos, sobre Raúl Montes Flórez.
“Dice la fuente mencionada que en 2002 este salió de la cárcel y que él le ayudó a que fuera empleado de la familia, en las empresas del chance; que se ganó la confianza y se convirtió en el jefe de seguridad y que maneja un grupo sicarial al mando de la familia. Este personaje, en compañía de Miguel Vega, alias ‘Ratón’, también, en ocasiones, fue hasta Montería a traer dinero de Mancuso”.
Apenas la Superintendencia de Vigilancia tomó acciones administrativas dentro de sus competencias y, entre otros, con ocasión de que la tercera parte de su personal tenía anotaciones o antecedentes, indicó: “La totalidad de nuestros colaboradores son ciudadanos de bien, seleccionados bajo rigurosos estándares legales, técnicos y éticos”.
Atenas es otro de los casos de las empresas de vigilancia y seguridad privada encargada de velar por el orden, bienes y de proteger a sus clientes, no obstante los hechos demuestran una controvertida realidad.
Espere tercera entrega.
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