Por: Agencia de Periodismo Investigativo
El pasado 11 de mayo, a tan solo 27 kilómetros de Bogotá, la Fiscalía y el Ejército ubicaron un amplio depósito de cocaína. El hallazgo causó sorpresa entre las autoridades, no solo por la cercanía a la capital de la República, sino por la modalidad que estaban usando los narcotraficantes: diseño de laboratorios y arriendo a pequeñas organizaciones por cortos períodos, con una capacidad para producir 150 kilos diarios del alcaloide. Además, se detectó que organizaciones delictivas de México estaban tras el negocio. Desde entonces, con mayor alerta y en una encrucijada por los anuncios de legalización de la droga que ha hecho el entrante presidente en el país centroamericano, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Colombia lucha para reducir este flagelo, que en los últimos años creció como una industria con alta incidencia de mexicanos.
Mientras los actores que combaten el narcotráfico en el país analizaban nuevas fórmulas de control antidrogas, otro caso llamaba la atención en Bogotá: una joven de 26 años, procedente de México, tenía adheridos en el cuerpo US$750.000. Como ya es usual por la amplia experiencia de la policía aeroportuaria, fue detenida. Cuando se le preguntó por el origen del dinero no supo responder. Menos cuando se le interrogó para qué iba a utilizar los recursos. Al final, las autoridades comprobaron que la joven, una universitaria, era emisaria de una organización criminal del narcotráfico de su país que la envió para comprar droga.
El fenómeno y la incidencia de los narcotraficantes mexicanos se volvieron relevantes en los últimos años, por los incumplimientos que, según la Policía Antinarcóticos y la Fiscalía, obligaron a gestionar el negocio directamente. El síntoma evidente de esta realidad lo evidencia el cambio de destino de los ciudadanos mexicanos hacia Colombia. En las últimas décadas, los destinos favoritos de esta población eran las principales ciudades del país. Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla eran las capitales que visitaban.
Sin embargo, esa dinámica migratoria empezó a modificarse desde 2015 aproximadamente. Un estudio en la materia da cuenta de que esos ciudadanos cambiaron de destino y los departamentos que visitan con mayor frecuencia son Nariño, Cauca, Putumayo, Risaralda, Meta, Guaviare y Norte de Santander. La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) documentó en su más reciente informe que departamentos como Putumayo, Norte de Santander y Cauca presentan el mayor incremento de cultivos de coca. De igual manera, señala el informe el departamento de Nariño sigue siendo la zona con mayor producción de coca en el país.
Por eso, el estudio de dinámica migratoria realizado por Migración Colombia destaca tres regiones en donde se ha transformado el desplazamiento de mexicanos en el país. La primera zona, definida de alto impacto, está conformada por Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Otra, denominada de impacto medio, conformada por los departamentos de Cauca, Caquetá, Meta y Guaviare, y una zona de impacto bajo de la que hacen parte Vichada, Chocó, Antioquia, Córdoba y Bolívar.
Otra medición técnica del mismo organismo desmitifica la presencia de la industria del narcotráfico mexicana en Colombia y la evidencia con cifras concretas. Con un indicador que señala aumento de ciudadanos de ese país que ingresan a Colombia pero que son inadmitidos, con historias similares a la de la joven mexicana de los US$750.000 incautados. Mientras que en 2016, 114 fueron inadmitidos, en 2017 la cifra llegó a 326. En lo que va corrido del presente año, la cifra ya va a superar los 300. Documentos falsos, razones de soberanía nacional, carecer de recursos económicos o actividad económica, oficio u otro medio lícito de vida, así como estar registrado en los archivos especializados de la policía internacional, son algunas de las principales causas.
Esta situación no solo ha sido evidenciada por Migración Colombia, la Policía Antinarcóticos o algunos organismos internacionales. En marzo del año pasado, el fiscal Néstor Humberto Martínez le envió una comunicación a la entonces canciller, María Ángela Holguín, con el propósito no solo de denunciar la situación, sino de buscar mecanismos conjuntos para impedir el ingreso de ilegales mexicanos y por ende el crecimiento de los tentáculos del narcotráfico de exportación. Una comunicación que recibió respuesta, pero según muestran las cifras, poco se hizo.
En este contexto, surgió la preocupación por dos zonas coyunturales de la geografía colombiana. La actividad cocalera en el departamento de Norte de Santander, pues allí el proyecto Simci, el Ministerio de Justicia y el Observatorio de Drogas de Colombia encontraron que el 16 % de la pasta de coca está ubicado a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela. Por eso, esta zona del país fue denominada de impacto alto y, según las autoridades, hasta allí se siguen desplazando los mexicanos.
La otra zona en donde se habla corrido es el departamento del Putumayo. De hecho, el entonces ministro del Interior, Guillermo Rivera Salazar, quien conoce como la palma de su mano la región, de la cual es oriundo, fue informado de que allí varios mexicanos se pasean como Pedro por su casa, no solo en su capital, Mocoa, sino en la zona rural, plagada de cultivos ilícitos. Una zona que en los últimos años ha crecido como espuma en materia de hectáreas de coca. De esta manera, mientras que en diciembre de 2010 tenía 4.785 hectáreas de cultivos ilícitos, a diciembre de 2017 la cifra creció exponencialmente hasta llegar a 29.589 hectáreas, siendo el segundo departamento con más coca del país.
Una mirada al sur del país con un protagonista excelso dentro del mundo del narcotráfico y la delincuencia armada: Wálter Patricio Arizala Vernaza, conocido con el alias de Guacho’. Se trata de un exguerrillero de las Farc, de origen ecuatoriano, que a sus 28 años de edad se ha convertido en el dolor de cabeza de las autoridades en Colombia y en su natal Ecuador. De hecho, el fin de semana la Armada Nacional incautó 940 kilos de cocaína en el sector del Estero, Agua Clara, zona rural de Tumaco, en Nariño. Una droga avaluada en el mercado en $28.000 millones.
Se trata de un cargamento que iba con destino a Centroamérica y era transportado en una embarcación de doble fondo que fue abandonada por sus tripulantes ante la presión de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, que hizo la incautación. Según el brigadier general Jorge Hoyos, comandante de esa agrupación castrense, el cargamento pertenecía al frente Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho.
Y es justamente este fugitivo, sindicado del asesinato del equipo periodístico del diario El Comerciode Ecuador, el enlace clave entre la mafia colombiana y los carteles de la droga en México. Hace pocos meses, en el Congreso Nacional de Municipios de Cartagena, el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló queGuacho, disidente de las Farc, es el brazo armado del cartel de Sinaloa. De su organización ilegal, según cifras presentadas en el primer semestre del presente año por Ramiro Mantilla, comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, han sido capturados más de 50 miembros.
Otros hechos agravan el problema. A finales de junio, la Policía detuvo a 16 mexicanos que habrían salido de Nariño con cocaína. Según la Dirección Antinarcóticos de la institución y la DEA de Estados Unidos, miembros del cartel de Sinaloa estaban llegando a Tumaco en supuesta condición de turistas, cuando su objetivo esencial era negociar importantes cargamentos de cocaína. Tan solo a los capturados les encontraron 1.300 kilogramos de cocaína.
En concreto, en lo que se refiere al cartel de Sinaloa está Ismael Mayo Zambada, considerado el segundo en esa organización y socio del ChapoGuzmán. Por esta razón, aparece entre los más buscados por Estados Unidos y México, con una recompensa de US$5 millones por su captura. Un informe de la Fiscalía señala que Mayo Zambada es el comercializador de la droga con el Clan del Golfo, los Puntilleros y los Pelusos, organizaciones que controlan cultivos ilícitos en el Putumayo, nordeste antioqueño y los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Un narcotraficante que tiene vínculos con Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, y Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo. Contactos que permiten el envío de droga a México a través de corredores del sur y la frontera con Venezuela.
Los contactos, las incautaciones, el manejo de dinero, las rutas y la incursión de mexicanos son pan de cada día tanto en Colombia como en su patria. Las reuniones de alto nivel entre las autoridades colombianas y altos funcionarios como Raúl Cervantes, procurador de México, parece que no han servido de mucho, pese a las advertencias y las evidencias.
Un panorama que se está volviendo más complejo en razón a que mientras Estados Unidos y Colombia unificaron su lucha contra el narcotráfico al presionar al consumidor, en el primer caso, y en el segundo, expedir la normatividad que permite la incautación y destrucción de dosis mínimas, el nuevo gobierno de México parece ir en contravía. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el cargo el próximo 1° de diciembre, piensa de manera opuesta. Ha planteado que la guerra contra el narcotráfico fracasó, porque crecieron el consumo y el negocio, en tanto la violencia se incrementó de manera exponencial. Va a solicitar ayuda a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para despenalizar el consumo y legalizar la droga. Además, las medidas represivas se reducirán, como quiera que está proponiendo retirar al ejército de su lucha contra el narcotráfico.
Como sucedió recientemente, las cocinas, laboratorios y comercialización de la droga para los mexicanos ya están en las goteras de Bogotá. Las autoridades hacen su mayor esfuerzo por controlar el flagelo, pero aún falta mucho. El crecimiento de ciudadanos de ese país en actividades de drogas es evidente. Por eso, los próximos meses prometen ser trascendentales, con una perspectiva incierta en la que los gobiernos y las autoridades colombianas, mexicanas y estadounidenses deberán definir el futuro de una actividad que sigue siendo un gran lastre para la sociedad.
