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El prontuario de los criminales que salieron de prisión para acompañar en marcha a presidente Petro en Medellín

Concentración multitudinaria en la capital de Antioquia. Alias Carlos Pesebre y Douglas presentes.

criminales acompañan a petro en manifestacion
Por Agencia Periodismo Investigativo | Créditos: Captura de video

En la multitud cohibida que acudió este sábado a la concentración del presidente Gustavo Petro, causó gran inquietud la presencia de dos individuos condenados por múltiples delitos y pertenecientes a grupos de crimen organizado: Freyner Alfonso Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”, y José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”. Lo más sorprendente del hecho no es solo su aparición pública, sino que ambos continúan cumpliendo amplias penas de prisión.

Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como “Carlos Pesebre”, ha sido uno de los líderes históricos de la organización criminal Odín Robledo, brazo armado y micro‑traficante de la Oficina de Envigado en Medellín.

Se vinculó originalmente en los años 90 a las “Milicias Urbanas” de grupos paramilitares, y tras la desmovilización de las AUC en 2005 continuó su actividad ilícita, integrándose a la estructura de la Oficina y liderando bandas como “los Pesebreros” en las comunas de Robledo y San Javier.

Carlos Pesebre - Foto suministrada Policía Nacional.

Ramírez fue capturado en marzo de 2013 en Urrao (Antioquia) durante la operación “Esparta II” junto a compinches como alias “Tatú”

En los juzgados, “Pesebre” afrontó dos procesos principales. En un primer caso, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas con sede en Valledupar le impuso nueve años por concierto para delinquir agravado, pena que cumplió parcialmente en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar

Posteriormente, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín emitió, el 29 de septiembre de 2016, una sentencia de 36 años, tres meses y un día de prisión por homicidio agravado—en su calidad de determinador del asesinato de Mauricio Alberto Velásquez Valencia, alias “el Meca”, exagente del DAS y lugarteniente suyo, ejecutado el 15 de julio de 2005 en Belén Los Alpes

Después de su condena, fue absuelto por el Tribunal Superior de Medellín, pero la Corte Suprema revocó esa decisión en enero de 2023 (sentencia STP16510‑2022), devolviéndole la condena original

José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas - Foto suministrada Policía Nacional.

Por su parte, José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, ha sido identificado como segundo cabecilla de La Oficina de Envigado y líder de la facción “La Terraza” . Fue capturado en abril de 2009 y llevado ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, donde fue condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado, tras haber participado en el secuestro y extorsión de la barranquillera Margarita Socarrás en enero de 2008

Su proceso fue revisado por casación en 2013. Padece enfermedades cardiovasculares y pulmonares —incluyendo afección coronaria, diabetes y bronconeumopatía— por lo cual su defensa ha solicitado en repetidas ocasiones prisión domiciliaria.

Lea también: (Defensoría del Pueblo advierte sobre fallas en el control de armas tras atentado a Miguel Uribe)

En abril de 2025, uno de los puntos más polémicos fue su designación por parte del Gobierno nacional —mediante la resolución 094 de 2025, suscrita por el presidente Petro— como vocero principal en los Espacios Socio‑Jurídicos de Conversación con estructuras de crimen organizado.

Esto generó gran controversia porque implicó reconocer su rol, pero sin otorgarle beneficios legales ni modificar su régimen carcelario

El contraste entre su situación legal y su participación en un acto reivindicativo junto al presidente plantea interpelaciones jurídicas y de seguridad.

¿Qué protocolo penitenciario o judicial autorizó su movilización desde La Picota hasta el evento? ¿Hubo custodia del INPEC o escoltas? ¿Qué justificación legal se entregó —si la hubo— para su presencia en un espacio masivo de apoyo político?

Lo cierto es que, por ahora, ninguna autoridad ha explicado públicamente bajo qué figura jurídica se desplazaron ambos desde sus centros penitenciarios, lo que sigue generando un vacío de transparencia institucional.

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