Desde que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), amigo personal de Gustavo Petro y exmilitante del otrora grupo subversivo M-19, recordó el nombre de Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', en aquel caótico Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero, no existe sector en el país que no esté siendo salpicado por el poder corruptor del zar del contrabando.
Sin embargo, poco se ha dicho de quienes asumieron su defensa jurídica en Colombia, sus gestiones y los pagos con recursos públicos que han asumido a través de contratos con el Senado de la República. Se trata del exfiscal general Mario Iguarán Arana y especialmente de un abogado del que poco se sabe en los estrados judiciales, pero mucho en el cotilleo político: Camilo Rojas.
Las vueltas mas recientes de Rojas e Iguarán datan del pasado 27 de diciembre de 2024, cuando ‘Papá Pitufo’ era casi un desconocido en el mundo de la legalidad, porque en el de la ilegalidad su 'fama' si que es bien conocida.
Ese día Rojas e Iguarán enviaron un derecho de petición al entonces canciller Luis Gilberto Murillo, en el que indagaban sobre el trámite de extradición de su cliente capturado en Valencia, España, en abril de 2024, país en donde posteriormente quedó en libertad.
En concreto los abogados solicitaron información sobre los instrumentos y mecanismos de cooperación judicial de Colombia con España y Portugal, este último país en donde fue capturado el 3 de diciembre pasado.
También requirieron a la Cancillería copia de la medida de aseguramiento ordenada por juez en Colombia, resolución de acusación o sentencia condenatoria que hubiera servido como soporte a la solicitud de extradición de 'Papá Pitufo' a Colombia.
Y fueron más allá, paradójicamente, pidieron certificar si Colombia superó el Estado de Cosas Inconstitucional de las Prisiones. En otras palabras, si en las cárceles continuaban el hacinamiento y la violación de los derechos humanos, que garantizaran una reclusión digna de Diego Marín Buitrago.
A este derecho de petición se suma, una acción de tutela que fue resuelta el 27 de enero de 2025, mediante la cual el Juzgado 33 Administrativo de Bogotá la declaró improcedente, al evidenciar, según los abogados Rojas e Iguarán, que la Cancillería no respondió de fondo el derecho de petición que radicaron el 27 de diciembre de 2024.
Al respecto, el despacho judicial les recordó a los defensores de ‘Papá Pitufo’ que parte de la información que habían solicitado al ministerio de Relaciones Exteriores tiene el carácter de reservado.
Fiscal general
Mario Iguarán Arana nació en El Cerrito, Valle del Cauca, y tiene 64 años de edad. Fue viceministro del Interior cuando Sabas Pretelt de la Vega fungió como cabeza de esa cartera. Existen dos versiones sobre cómo llegó a ser incluido en la terna para el cargo de fiscal general y, luego, cómo fue elegido.
La primera de ellas relata que fue el propio Sabas Pretelt quien incluyó su nombre cuando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez le encomendó elaborar la terna. El ministro del Interior incluyó también a Consuelo Caldas y a Alejandro Ordóñez, quien aún no estaba ni en ciernes de ser procurador general.
Sin embargo, la terna fue desbaratada por el propio Uribe, quien pidió incluir a Jorge Pretelt. Sabas excluyó a Ordóñez, pero luego el presidente le pidió incorporar a su secretario jurídico: Camilo Ospina.
Ahí, el ministro del Interior le comunicó a Iguarán que no iría en la terna. Al día siguiente, Uribe sacó del gabinete al entonces ministro de Defensa, Jorge Uribe, y Sabas le propuso que designara a Camilo Ospina mejor en ese cargo. Así regresó Iguarán a la terna.
Aunque en las primeras rondas de votación en la Corte Suprema de Justicia Jorge Pretelt alcanzó 15 votos de los 16 que requería para ser elegido, finalmente Iguarán ganó el pulso.
No obstante, este siempre le ha atribuido su triunfo al Divino Niño de Buga, en 2023 Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', aseguró ante la JEP que el paramilitarismo tuvo injerencia directa en la elección de él como fiscal general, aseveración a la que también se sumó Salvatore Mancuso a finales de 2024.
Lo propio ocurrió en 2011, cuando Juan Carlos Sierra, alias 'El Tuso', aseguró que el gobierno, a través de él, había ofrecido dinero para obtener una imagen de un magistrado con el procesado empresario italiano Giorgio Sale.
Pese a ello, en las últimas dos décadas Iguarán ha manifestado que dichas versiones se empezaron a gestar cuando él, en calidad de fiscal, se le atravesó a la intención de Mario Uribe de huir de la justicia en busca de asilo en Costa Rica.
Incluso, se ha desmarcado del uribismo, argumentando que fue quien, como fiscal y a pesar de ser ternado por el presidente Uribe, expidió orden de captura contra Jorge Noguera, director del extinto DAS; abrió investigaciones contra la familia de la entonces canciller Consuelo Araújo Noguera, y dio su aval para que se dictara medida de aseguramiento contra Mario Uribe, primo del expresidente.
Los defensores de Iguarán de la época recuerdan como frescos en su memoria los contrapunteos con Uribe por temas como la penalización de la dosis personal que pretendía el primer mandatario frente al desacuerdo del fiscal, o la cadena perpetua para violadores de niños, un proyecto inconstitucional pero altamente mediático, al que se intentó sumar Iguarán en contravía de la postura de Uribe.
Por su parte, opositores a su gestión al frente del ente acusador recuerdan que llevó a Armando Martí, un denominado “brujo” a la Fiscalía, que buscó más réditos mediáticos que resultados reales e, incluso, advierten que fue Iguarán, en su calidad de viceministro, quien redactó junto con Mario Uribe el "articulito" para la reelección de Uribe.
Lo cierto es que, tras su salida de la Fiscalía, ha tenido polémicos clientes. En 2016, la Superintendencia de Sociedades tomó posesión de los activos de la sociedad Insignia Jurídica S. A. tras señalarla de haber incurrido en captación masiva e ilegal de dinero. Dicha sociedad fue vinculada al nombre de Mario Iguarán como socio, aunque él, mediante un comunicado de prensa, negó serlo.
En 2013 fungió como abogado del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, cuando la Fiscalía le abrió un proceso por el esquema de basuras.
Iguarán fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional entre 1992 y 1997; director de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla entre 1997 y 2000; fiscal general entre 2005 y 2009, y embajador de Colombia en Egipto desde el 3 de marzo de 2010.
Viceministro de Justicia
El otro abogado de alias 'Papá Pitufo' es mucho menos conocido. Su nombre es Camilo Andrés Rojas Castro. Inició su vida laboral el 29 de febrero de 2000 en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como auxiliar de servicios generales. Pasó a ser auxiliar administrativo, técnico, profesional administrativo, hasta llegar a ser secretario del entonces director Felipe Muñoz.
De la entidad, que fue liquidada tras el escándalo de las chuzadas, salió a comienzos de 2013. Cinco días después ya tenía cargo como profesional universitario del Consejo Superior de la Judicatura; allí laboró hasta el 15 de octubre de 2015.
Entre los años 2016 y 2017 fue contratista de la Corporación Autónoma Regional CAR, al tiempo que fungió como gerente y/o representante legal de la empresa de abogados Rojas Rossi Abogados & Asociados.
Desde julio hasta septiembre de 2018 fue conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; luego del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ya en el año 2020, llegó como contratista al ministerio de Justicia; despues asumió como secreatrio general. Luego, en enero de 2022, pasó a ser viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, y más adelante ofició como director encargado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Enfrentó varios escándalos como viceministro: las salidas de la cárcel de Carlos Mattos. También la fuga de Juan Lárison Castro Estupiñán, alias Matamba, de la penitenciaría de supuesta alta seguridad La Picota.
Según la Fiscalía, John Fredy Gallo Bedoya, alias 'Pájaro'; el capitán del Gaula Bogotá, Luis Eduardo Duque Casas, y el exparamilitar Édgar Múnevar, alias 'el Caballista', fueron los presuntos coordinadores de una de las evasiones más bochornosas y coordinadas de la historia reciente de las prisiones.
Y, por supuesto, la responsabilidad del Inpec, entidad adscrita al ministerio de Justicia. Al menos 35 guardias fueron señalados de participar en la fuga de alias 'Matamba'.
Contratos millonarios con el Senado
Tras la salida del Ministerio de Justicia en agosto de 2022, impulsó su propia empresa de servicios jurídicos, Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados S. A. S., de la que él es su representante legal.
Cinco años atrás, el 10 de enero de 2017, Camilo Rojas y Francisco Rossi Buenaventura crearon la sociedad por acciones simplificada Rojas Rossi Abogados S. A. S., con un capital de $1 millón y el propósito de brindar asesorías legales a personas naturales y jurídicas del sector público y privado.
Apenas seis meses después, convocaron una asamblea extraordinaria de socios en la que Rossi Buenaventura cedió sus acciones a Camilo Rojas y se acordó modificar el nombre de la razón social.
En febrero de 2023, Rojas Castro suscribió un contrato millonario con el Senado de la República por $650 millones.
Curiosamente, en la acreditación de experiencia aportaron dos certificaciones laborales. Una, suscrita por Quinval S. A. S., concretamente por Roberto Quintero García, un excongresista del Partido Liberal que en dicha certificación admitió que Rojas Castro lo había representado judicialmente ante la Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es decir, en donde él laboró y luego fue conjuez.
La certificación asegura que dicho contrato de defensa judicial se cumplió y se ejecutó en su totalidad desde el año 2022. En los procesos que le figuran a Quintero García está el 2016-02464, el cual fue radicado en 2018 y cuya última actuación data del 24 de febrero de 2020.
Otro proceso es el 2013-04465, cuya última actuación fue el 5 de julio de 2018, con ponencia del magistrado Pedro Sanabria, y un proceso más radicado en el año 2000.
La otra certificación que aportó fue firmada por el general en retiro de la Policía Rodolfo Palomino, quien aseguró que la firma Rojas Castro lo representó judicialmente en un proceso de reparación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa en contra de la Nación y RCN. Este, según el exdirector de la Policía, se ejecutó en el año 2019, y él pagó $50 millones.
Finalizado ese contrato, firmó otro el 23 de octubre de 2023 por $427,4 millones. Ya en 2024, el 23 de enero, se suscribió uno por $1.314 millones por nueve meses y tres días. Apenas cuatro días después de finalizar ese, suscribió uno más por $360,6 millones.
La propuesta que le pasó a esa célula legislativa consistió en brindar acompañamiento en el proceso de solicitud, recepción, verificación, devolución y/o trámite en el proceso de vincular personas naturales y/o jurídicas mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios.
Contratistas del Senado consultados por esta agencia se quejaron de la demora en sus procesos de contratación e indican que siempre fueron atendidos por una sola persona vía WhatsApp.
El presidente del Senado, Roy Barreras, fungía como presidente de esa corporación cuando Rojas Castro suscribió dicho contrato. A Barreras le siguió Alexánder López y luego Iván Name.
Adicionalmente, el nombre de Roy Barreras salió a relucir por cuenta del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, quien el pasado 17 de febrero, en una entrevista en W Radio, aseguró que en una cena celebrada días después de asumir como director de la entidad que se encarga de los impuestos y aduanas del país, Barreras le pidió las direcciones de la Dian en Buenaventura y Cali.
Pero fue más allá: recordó una metáfora que usó el hoy embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, quien lo comparó con el futbolista Leo Messi: "Tú eres un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas".
Barreras desmintió a Reyes. Incluso, los apoderados judiciales del exsenador pidieron una valoración psiquiátrica de Reyes ante el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Luis Carlos Reyes, en su momento, entregó una lista de 48 personas que recomendaron hojas de vida para las direcciones de la Dian; entre ellos estarían Armando Benedetti, Nicolás Petro y Juan Fernando Petro.
Lo cierto es que según registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, la empresa del abogado Camilo Rojas y sus socios han cambiado en cinco oportunidades de razón social durante ocho años. Adicionalmente ha tenido varias modificaciones accionarias.
Primero se llamó Rojas Rossi Abogados SAS, luego se transformó en Rojas & Rojas, después pasó a denominarse Rojas Castro Consultores & Abogados Asociados SAS, posteriormente Rojas Poveda Consultores y Abogados Asociados SAS y actualmente desde el 4 de julio de 20224 su razón social es Rojas Castro Consultores y Abogados Asociados SAS.
Zar del contrabando
El caso de Diego Marín Buitrago no es uno más de la historia criminal del país. Conocido como el zar del contrabando en Colombia, tiene 62 años de edad, nació en Palestina, Caldas, y su poder corruptor parece no tener límites.
Informes de las autoridades reportan que fue capturado en 1994 y señalado de liderar el contrabando y una red de lavado de activos en favor del Cartel de Cali, concretamente de los hermanos Rodríguez Orejuela.
Según el exdirector de la Polfa, Juan Carlos Buitrago, ponía y quitaba a su antojo a miembros de la Policía, especialmente en la Policía Fiscal y Aduanera.
Recientemente, y en virtud de lo afirmado por Augusto Rodríguez en aquel Consejo de Ministros, salieron a relucir múltiples conexiones entre Diego Marín, conocido como 'Papá Pitufo', y sectores políticos.
Por ejemplo, Néstor García Colorado, cofundador del Partido Alianza Verde e hijo de Néstor García, excombatiente del movimiento subversivo indultado M-19, es señalado como la persona que sentó a Marín con Xavier Vendrell, el catalán asesor de Gustavo Petro.
Quien luego le recibió $500 millones para la campaña Petro Presidente, pero que, tras la furia de Augusto Rodríguez, los devolvió, aunque omitiendo las instrucciones dadas por este.
Lo cierto es que, increíblemente, Diego Marín se enteró de las órdenes de captura que le habrían librado en Colombia, huyó a España, donde fue capturado. Luego fue dejado en libertad y se trasladó a Portugal, donde recientemente la justicia acaba de dar su visto bueno para ser extraditado a Colombia, donde, al parecer, no son pocos los que no quieren que comparezca ante la justicia y revele su poder corruptor. En su defensa tiene a Camilo Rojas y Mario Iguarán.
La postura de Mario Iguarán
La Agencia de Periodismo Investigativo, API, contactó a Mario Iguarán, abogado defensor suplente de Diego Marín Buitrago para conocer su postura frente al caso.
¿En qué circunstancias conoce a Diego Marín?
No conozco personalmente a Diego Marín, lo que sí puedo afirmar es que conozco la causa en la que he venido ejerciendo como parte del equipo jurídico que lo representa.
¿Qué lo lleva a aceptar ser su abogado suplente?
Que me buscaron cuando ya tenían un abogado titular y lo hicieron por la creencia de ellos de que por mi experiencia yo podría coadyuvar en lo atinente al proceso de extradición. Y lo acepté por la creencia de que puedo aportar en la estrategia defensiva.
¿No le parece que hay un conflicto ético, como quiera que usted fue fiscal general y la primera vez que él se capturó fue en 1994?
Para nada. En el año 1994 aún no tenía ni siquiera en mente ser Fiscal General, y para cuándo fui Fiscal General nunca llegué a conocer que el señor Marín tuviese investigación alguna, ni mucho menos intervine en dicha calidad, con lo cual no existe impedimento alguno para ejercer mi profesión en este caso.
¿En qué circunstancias conoció al abogado principal Camilo Rojas?
Lo conozco no solo como un gran amigo y un gran abogado, sino también desde el punto de vista académico y dogmático.
¿Qué le dice al país en su condición de exfiscal general y abogado suplente del procesado y en vía de extradición 'Papá Pitufo'?
Que en esta oportunidad estoy interviniendo como abogado litigante. Es mi profesión y de eso vivo. Que defiendo culpables cuando han cometido errores y defiendo inocentes cuando la administración de justicia arbitrariamente los judicializa como tú más que nadie sabes porque lo viviste. No será la primera ni la última vez que participe como defensor en procesos mediáticos y en defensa de personas que pudieron cometer un delito. Por lo demás decirte que el país puede tener la tranquilidad de que la defensa siempre intervendrá haciendo uso de los derechos que cuenta toda persona y que están consagrados tanto en la Ley, en la Constitución y en todas los estamentos internacionales, manteniendo la altura y el decoro en nuestras intervenciones.
La postura del abogado principal Camilo Rojas
En las horas de la tarde de este lunes la Agencia de Periodismo Investigativo, API, envió un cuestionario con nueve preguntas al abogado principal de 'Papá Pitufo', Camilo Rojas, al cierre de este reportaje, el defensor no respondió los interrogantes planteados.
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