El senador del Partido Liberal, Mario Castaño Pérez, señalado por la justicia como el cerebro de una organización criminal que se apropió de al menos $43.000 millones en convenios y contratos estatales, ingresó en dos ocasiones al Ministerio del Deporte, justo antes de que fueran aprobadas las vigencias futuras en al menos cinco departamentos en los que operó la red.
En el software, conocido como Visitor de la entidad, al que accedió la Agencia de Periodismo Investigativo, API, quedó registrado que el congresista Castaño ingresó el 4 de marzo de 2020 a las 2:41 pm y salió tres horas después del ministerio del Deporte.
Lo extraño del asunto, es que tal y como quedó consignado en el software de entradas y salidas de visitantes, que permaneció durante todo ese tiempo en el área de “servicios generales”. Es decir, no visitando el despacho del entonces ministro Ernesto Lucena, quien era la cabeza de la entidad para entonces, si no al personal encargado del mantenimiento y limpieza de la entidad.
Un segundo ingreso del congresista Castaño, fue también a “servicios generales” del ministerio y lo realizó el 24 de febrero de 2021.
Pero el parlamentario, quien lideraba la red de corrupción, no fue el único asiduo visitante al Ministerio del Deporte. Su hombre de confianza, Juan Carlos Martínez, conocido como “el hombre del maletín”, también acudía al organismo rector del deporte en Colombia.
De hecho, según las interceptaciones legales realizadas por la Fiscalía y avaladas por un juez de control de garantías, era el encargado de materializar la suscripción de contratos y convenios.
Incluso, Martínez, es el mismo que en una conversación con el contratista Santiago Castaño, le contó que les estaba yendo muy bien en los negocios y le narró que el congresista estaba absolutamente feliz.
“Ese man (Castaño) está feliz, huevón esta feliz, él me dijo: Juan es que este si usted sale de todas las deudas, huevón, me dijo: eso si con lo que va a ganar (…) yo no lo quiero ver comprando carro, no lo quiero ver comprando nada, huevón, deje la plata para que se monte sociedades conmigo en empresas, que yo le pongo a producir esa mierda, dijo: yo sé hacer plata (…) deje ese billete que yo le digo donde lo ponemos hijueputa y nos metemos en sociedad en cosas”.
Esa misma persona, aparece en múltiples grabaciones interceptadas por las autoridades. Ingresó en cuatro ocasiones al Ministerio del Deporte cuando Ernesto Lucena fungía como ministro. Esta Agencia siguió el rastro de sus visitas al organismo oficial.
El primer registro del asesor del senador Mario Castaño, quedó consignado el 6 de abril de 2021 a las 3:26 pm y abandonó la sede de la entidad a las 5:44 pm. Regresó al mes siguiente, el 25 de mayo a la misma hora. Entró a las 3:03 pm y salió a las 5:39 pm.
Los dos últimos ingresos fueron, el primero de junio de 2021 a las 2:29 pm hasta las 5:29 pm. Tres días después regresó. Esta vez ingreso a las 2:44 pm y permaneció en el ministerio hasta las 5:16 pm.
Frente a estos hechos, el exministro del Deporte, Ernesto Lucena, manifestó a la Agencia de Periodismo Investigativo, API: “mi relación con el senador Castaño fue estrictamente profesional y con relación a mi cargo. Él, como los demás congresistas que recibimos durante mi administración hacían gestiones para que recibiéramos alcaldes y les explicáramos cuál era el proceso para viabilizar infraestructura deportiva. Con el señor Martínez no tuve relación y no lo conozco.
Sin embargo, al cruzar los ingresos de los integrantes del caso que el ente acusador ha señalado como “de las marionetas”, se establece que entre los años 2020 y 2022 se suscribieron 22 convenios entre el Ministerio del Deporte y el mismo número de municipios.
Estos corresponden en su mayoría al departamento de Caldas, área de influencia electoral del senador Castaño, en donde las poblaciones de Aguadas, Chinchiná, La Merced, Marmato, Neira, Palestina, Risaralda, Samaná, Salamina, San José y Villamaria, recibieron beneficios.
También se firmaron convenidos con los municipios de Piendamó y Suárez en Cauca; Nuqui y Quibdó en el Chocó; Balboa, Belen de Umbría, Dosquebradas, Pueblo Rico en Risaralda, también con votación para Castaño, así como Armero y Guayabal en el Tolima y Alcalá, Valle del Cauca.
Con otra particularidad en materia de infraestructura deportiva. Veinte días antes que Lucena saliera de su cargo dejó firmados cuatro convenios con vigencias futuras.
El primero de ellos fue la adecuación de la cancha sintética de fútbol del Lago de La Pradera por $2.541 millones en Dosquebradas, Risaralda.
Otra cancha en grama sintética, graderías y áreas complementarias por $2.162 millones en Piendamó, Cauca; otra cancha similar por $2.112 millones en Samaná, Caldas y una más en Risaralda, municipio de Caldas por $2.614 millones.
Estas, se sumaron al suscrito el 29 de diciembre de 2020 por $913 millones para una cancha deportiva de Fútbol 5 en Balboa, población ubicada en el departamento de Risaralda.
Frente a este proceso contractual, cinco meses después, la alcaldía de Balboa publicó el aviso de licitación. Tres meses después, luego de dos suspensiones en el trámite de selección, éste se le adjudicó por $909 millones al Consorcio Cancha Sintética Icotop integrado por Icodin SAS con un 80% de participación y por TOP Ingeniería SAS con un 20%.
Así mismo, se pactó un anticipo de $272 millones. Sin embargo, desde el 7 de marzo la obra está suspendida alegando afectaciones por lluvias. El 18 de marzo volvieron a prorrogar la suspensión; el 6 de abril acordaron reiniciar la obra, pero apenas una semana después fue suspendida y prorrogada en dos ocasiones hasta la fecha.
Un municipio con líos en contratación. Al punto que, el martes de la semana pasada, su alcalde Humberto Vásquez, fue capturado por los delitos de tráfico de influencias, peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
Junto al mandatario local, también fueron judicializados dos funcionarios de su administración, Diego Franco Barco jefe de control interno y Victor Yesid Sánchez secretario de Planeación y Obras Publicas, son señalados de nexos con el senador Castaño.
El otro convenio en materia de infraestructura suscrito cuyo trámite presupuestal se hizo el 9 de julio de 2021, dieciocho días antes de que el ministro Lucena dejara el cargo, fue con la administración de Dosquebradas, Risaralda. El propósito, la construcción y adecuación de la cancha sintética de fútbol del Lago La Pradera.
En enero de este año y faltando apenas siete semanas para los comicios electorales de Congreso, el municipio solicitó el CDP o Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 6140 por $2.541 millones para iniciar el proceso de selección del contratista que justamente haría esa obra.
Semanas después se publicó el pliego de condiciones, exigieron que la persona jurídica debía tener una antigüedad mínima de cinco años, como experiencia general mínima, un contrato ejecutado y terminado y por un valor igual o superior al valor de dicha licitación.
El pasado 30 de junio se adjudicó esa obra a la Unión Temporal Arquitectura Solar 2022. Esta integrada por Ambiente Solar SAS con un 20% y Mauricio Castro Soriano con el 80%.
Una firma con participación minoritaria que fue constituida el 22 de abril de 2016 cuyo objeto social es el diseño, consultoría, interventoría auditoría e instalación de sistemas de energía solar, suscrita con un capital de $140 millones y representada legalmente por Julián Esteban Echavarría Zuluaga.
En cuanto a Mauricio Castro Soriano aparece como excontratista de la gobernación de Risaralda en 2018, en dos cubiertas en Pereira, una más en el 2019 en la casa de la cultura de Pueblo Rico, así como adecuaciones y mejoramientos de escenarios deportivos. En el contrato se estipuló un anticipo del 20% del contrato una vez suscrita el acta de inicio, el 70% con las actas parciales de trabajo y un último pago del 10%.
El tercer convenio de infraestructura se suscribió en otro municipio de influencia del senador Castaño, Piendamó, Cauca. Se trata del convenio que también se dejó amarrado en la misma fecha de los anteriores el 9 de julio de 2021. Se trata de la construcción de cancha en grama sintética, graderías y áreas complementarias por $2.162 millones.
En el estudio de necesidad la administración de Piendamó, los cuales se realizaron dos meses antes de las elecciones legislativas, se argumentó que se requería una cancha sintética en la vereda La Quiebra y proyectaron un costo total de la obra de $2.150.
El 9 de febrero se publicó el pliego definitivo y el 3 de marzo ya había resolución de adjudicación. Un negocio que le fue asignado al Consorcio Canchas Piendamó DCA, integrado por Paola Elizabeth Díaz Alvear con un 50%, Inversiones y Construcciones Ardila SAS y una empresa en reorganización Inversiones CLH SA con el 40%. En el contrato por $2.160 millones se estableció un anticipo del 20% del valor total.
Otro convenio en la mira fue el suscrito con el municipio de Samaná, en Caldas, por $2.112 millones, también quedó entre los firmados la primera semana de julio de 2021. Los estudios previos fueron cargados al sistema el 30 de diciembre, un mes después se publicaron los pliegos definitivos.
Tres días antes de elecciones y cuando ya había estallado el escándalo de corrupción de la red de Castaño, la licitación fue declarada desierta, aunque se analizó la posibilidad de adjudicación a GGC integrado por Gerpro Ingeniería SAS y DYD Project SAS qué pasó una oferta por $2.111’979.327, es decir, veinte mil pesos menos que el presupuesto oficial.
En Risaralda se hizo lo mismo. Otro convenio en Caldas, municipio ubicado en ese departamento por $2.614 millones para la construcción de una cancha sintética. Este se le adjudicó al consorcio Deportivo Caldas integrado por José Wilmer Chilito y Julián Lisandro González.
Pero esto parece ser la punta del iceberg, porque están bajo la lupa quince convenios más suscritos por el Ministerio del Deporte entre 2020 y 2021 en once municipios de Caldas, dos de Cauca y dos de Chocó.
La cercanía entre el ministro Ernesto Lucena y el senador Mario Castaño quedó evidenciada en una fotografía tomada el 19 de enero de 2021 en la cual posan junto al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.
No obstante, interrogado Lucena sobre los registros de ingresos de Castaño y su asesor al ministerio del Deporte respondió que, “no conozco el motivo de la visita a la que hace mención pues no fue en despacho. Imagino sería en infraestructura para lo anteriormente mencionado”.
El exministro precisó que siempre a instancias de los alcaldes se les explicaba y seguían lo ordenado en los procedimientos para infraestructura, según lo estipulado en la resolución 601/2020. Además recalcó que que el ministerio del Deporte no es ente ejecutor de la obras y las licitaciones se hacían a nivel municipal.
Mario Castaño convirtió la política en una empresa criminal lucrativa, han conceptuado los fiscales e investigadores de su caso. Según registros consultados por esta Agencia, su patrimonio aún incalculable, es conformado por 36 inmuebles. De estos ocho aparecen a su nombre, cinco más a nombre de él y su esposa y sus hijos tienen tres propiedades, aunque sus edades son de 22 y 25 años.
Con otro detalle. Tres días después de su captura el CTI de la Fiscalía ocupó 31 bienes con fines de extinción de dominio avaluados catastralmente en $5.000 millones.
En el informe de ingresos y gastos de campaña, Castaño reportó un total de gastos de $664 millones y siete aportes realizados por Transporte Maglo SAS por $150 millones. A este se suman los apoyos económicos de las empresas Páctelo SAS por $60 millones y Greenlnd Investment SAS por $30 millones. El Partido Liberal le giró por $90 millones.
Hoy los destinos del exsenador y el exministro son distintos. Mario Castaño esta recluido en la penitenciaria La Picota en Bogotá de donde ya anunció que delatará a varios. A su vez, Ernesto Lucena, retornó a sus actividades laborales en la Universidad Sergio Arboleda, en donde el rector Rodrigo Noguera, esposo de su progenitora, Zayda Barrera, lo encaminó desde hace varios años en asuntos de la dirigencia académica.
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