Baloto en la mira: indagan contrato en Coljuegos por cambios en reglas del juego y riesgo para recursos de la salud

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra Coljuegos por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la explotación del juego de suerte y azar Baloto.

El ente de control investiga decisiones adoptadas por la junta directiva de la entidad estatal que habría modificado las condiciones del juego, flexibilizado requisitos del proceso licitatorio y reducido la tarifa de explotación que debe pagar el concesionario al Estado, con un posible impacto en los recursos que se transfieren al sistema de salud.

Según el auto, la indagación se abrió “en averiguación de responsables” dentro de Coljuegos y frente a “los demás intervinientes” en la adjudicación del contrato de Baloto.

La investigación quedó en manos de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, que ordenó la práctica de pruebas para identificar e individualizar a los posibles implicados, reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las actuaciones cuestionadas y definir si procede avanzar a una investigación disciplinaria formal.

Primeros indicios

Los indicios que motivaron la intervención giran alrededor del rol de la junta directiva de Coljuegos. De acuerdo con la información conocida, ese órgano habría aprobado modificaciones al reglamento del juego, cambios en los términos de la licitación y una reducción en la tarifa de explotación económica pactada en el contrato, lo que podría disminuir el monto que recibe el sector salud por concepto de derechos de explotación.

La Procuraduría anunció que revisará la viabilidad técnica, jurídica y financiera de esos cambios, especialmente en relación con los acuerdos mediante los cuales se ajustaron las tarifas y se flexibilizaron los requisitos del proceso.

Aunque el Ministerio Público no ha divulgado nombres propios, el alcance de la indagación sugiere que podrían ser llamados a explicar su actuación los integrantes de la junta directiva de Coljuegos que participaron en la aprobación de las modificaciones, los funcionarios encargados del proceso de selección del concesionario y los representantes de las empresas interesadas o beneficiadas, en calidad de posibles intervinientes.

De momento se trata de una indagación previa, una etapa reservada que busca verificar si hay méritos para abrir investigación disciplinaria y en la que rige plenamente la presunción de inocencia.

Historia de un contrato

El contrato bajo la lupa corresponde a la concesión vigente de Baloto, adjudicada en mayo de 2022 a la Promesa de Sociedad Futura Operador Nacional de Juegos S. A. S. (ONJ), conformada en partes iguales por Redcolsa Servicios S. A. y el Grupo Empresarial en Línea S. A. (Gelsa).

El proceso, adelantado mediante selección abreviada SAMC-001-2022, se resolvió a favor de ONJ tras obtener la mayor puntuación frente al operador saliente, IGT Juegos S. A. S., que administró el juego durante más de dos décadas.

Coljuegos sostuvo en su momento que la adjudicación cumplió los principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia, y que todo el expediente fue publicado en SECOP para consulta pública.

Este contrato tiene una relevancia particular por el peso de Baloto en las finanzas del sector salud. Según cifras de Coljuegos, solo en 2021 el juego recaudó 82.163 millones de pesos por concepto de derechos de explotación, recursos que se transfieren al sistema de salud.

El ente regulador ha destacado que, desde su creación, Baloto ha transferido más de 1,4 billones de pesos a ese sector, consolidándose como una de las principales fuentes del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.

En términos técnicos, Baloto está definido como un juego novedoso de tipo “loto en línea” y funciona bajo el esquema de apuesta paramutual. El reglamento vigente de Coljuegos establece una ecuación en la que el retorno al jugador equivale al 50 % de los ingresos brutos, mientras que los derechos de explotación corresponden al 26 % de esos ingresos, antes de impuestos.

A ello se suman rubros para gastos de administración (1 % sobre los derechos de explotación), publicidad (2,5 % de los ingresos brutos mensuales) y un excedente que completa el 23,7 %.

Cualquier modificación a esa estructura, en especial a la tarifa de explotación, incide de forma directa en el flujo de recursos hacia las entidades territoriales de salud, en el marco de la Ley 643 de 2001 que regula el monopolio rentístico.

Otras controversias

La controversia actual no surge en un vacío. La Procuraduría ha acompañado y cuestionado distintos momentos del ciclo contractual de Baloto en los últimos años.

En 2016, el Ministerio Público emitió observaciones formales al proceso de licitación para otorgar la concesión, advirtiendo sobre la necesidad de garantizar condiciones que protegieran las rentas destinadas a la salud y la legalidad de las reglas del juego.

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Posteriormente, en 2021, la entidad expuso “serios reparos” al modelo de negocio planteado en la licitación para la operación de Baloto por cinco años, y pidió a Coljuegos explicar el impacto de ese modelo en los derechos de explotación, los riesgos de incumplimiento de los ingresos mínimos garantizados y las exigencias de experiencia en transacciones de recaudo en efectivo.

En paralelo, la cadena de concesiones ha tenido hitos empresariales relevantes. Desde su lanzamiento en 2001 hasta 2022, el juego fue operado por Gtech/IGT, que ganó licitaciones sucesivas para continuar a cargo del sistema electrónico y de la red de terminales.

Un comunicado de Coljuegos de 2016 confirmó que la Promesa de Sociedad Futura IGT Juegos S. A. S. se quedó entonces con la operación tras un proceso licitatorio que incluyó reclamaciones de departamentos por el impacto del esquema sobre las loterías tradicionales.

Bajo la lupa

Con la adjudicación de 2022, por primera vez el juego quedó en manos de una empresa 100 % colombiana, integrada por operadores de amplia trayectoria en redes de recaudo y servicios transaccionales.

A lo largo de casi 25 años, Baloto se ha consolidado como uno de los sorteos más conocidos del país. El juego se estrenó en enero de 2001 como una apuesta electrónica novedosa, transmitida por televisión, con un primer acumulado cercano a 15.000 millones de pesos de la época.

El primer tiquete ganador del premio multimillonario se vendió el 8 de septiembre de 2001 en Bogotá, con un acumulado de 9.500 millones de pesos, considerado entonces el mayor premio entregado en la historia de los juegos de azar en Colombia.

Con el tiempo, Baloto introdujo la modalidad Revancha en 2012, que permite al apostador participar con los mismos números por un acumulado adicional, y amplió su portafolio con productos como MiLoto y ColorLoto bajo la operación de ONJ.

En 2012 se registró el mayor acumulado de su historia, con un premio de 117.000 millones de pesos en Bucaramanga, y cifras oficiales señalan que el juego ha entregado premios a más de 27 millones de apostadores, ha generado ventas por varios billones de pesos y ha transferido más de un billón al sistema de salud, además de recaudar cientos de miles de millones por concepto de IVA.

Más polémica

En años recientes, el contrato de Baloto ha estado rodeado de episodios que ya habían despertado la atención de los organismos de control.

En 2024, un reportaje dio cuenta de cuestionamientos por la modificación de una cláusula contractual que, según denunciantes, habría beneficiado al operador frente al pago de premios, mientras que el Operador Nacional de Juegos defendió la legalidad de los cambios y aseguró que no ha incurrido en incumplimientos ni afectado las obligaciones pactadas con Coljuegos.

Esa discusión anticipó el actual debate sobre el alcance de las facultades de Coljuegos para ajustar reglas y tarifas durante la ejecución del contrato.

Ahora, la indagación de la Procuraduría se enfoca en determinar si la junta directiva de Coljuegos excedió sus competencias al aprobar modificaciones al reglamento del juego y a las condiciones económicas del contrato, y si esas decisiones se adoptaron con pleno soporte técnico y jurídico o si, por el contrario, generaron un detrimento potencial en las rentas que por ley deben destinarse a la salud.

El órgano de control anunció que solicitará actas de junta, estudios de viabilidad, conceptos internos, pliegos de condiciones y las resoluciones mediante las cuales se formalizaron las modificaciones, así como información financiera sobre el impacto real de los cambios en los flujos hacia el sistema de salud.

En paralelo, Coljuegos ha insistido en otros escenarios en que el sector de juegos de suerte y azar tuvo en 2024 un recaudo histórico para la salud, que habría superado el billón de pesos, consolidando a la industria como uno de los renglones que más empujó el crecimiento del PIB colombiano.

Ese argumento será clave en la controversia: la entidad podría sostener que los ajustes buscaban hacer más competitivo al juego y asegurar su sostenibilidad, mientras que la Procuraduría indagará si, en esa búsqueda, se sacrificaron porcentajes de explotación que la ley reserva para financiar hospitales y programas de salud pública.

El caso reabre la discusión sobre el equilibrio entre innovación en la oferta de juegos de azar y protección del interés público asociado al monopolio rentístico.

Si la indagación desemboca en investigación disciplinaria, podrían enfrentarse sanciones funcionarios de Coljuegos y, eventualmente, se podrían derivar actuaciones ante otras autoridades, en caso de que se identifiquen posibles faltas penales o fiscales.

De momento, el proceso se encuentra en una fase inicial y no hay decisiones de fondo sobre la validez del contrato o sobre suspensión de su ejecución, pero el escrutinio sobre el Baloto vuelve a mostrar cómo un juego de lotería electrónica concentra no solo el interés de millones de apostadores, sino también el de los organismos de control que vigilan cada peso que debería llegar al sistema de salud.

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