Peruano demanda a Louis Vuitton por US$20 millones tras acusación fallida de compra y falsificación de productos

El ciudadano peruano Walter Jacobo Gutiérrez ha iniciado un nuevo proceso judicial contra la casa de moda francesa Louis Vuitton, en el que exige una compensación de 20 millones de dólares como reparación por los daños económicos y personales derivados de un conflicto legal que comenzó en 2022, cuando la empresa lo acusó de introducir mercancía falsificada en territorio peruano, tras una alerta emitida por la propia compañía a las autoridades aduaneras del aeropuerto Jorge Chávez, en Lima.

El caso tuvo origen luego de que Gutiérrez adquiriera varios productos en la tienda oficial de Louis Vuitton en la Quinta Avenida de Nueva York.

A su regreso al Perú, los artículos fueron retenidos por agentes de Aduana en el aeropuerto internacional. La retención se basó en un informe emitido por la marca, el cual cuestionaba la autenticidad de los diseños, señalando discrepancias en detalles como la forma de las flores y las letras inscritas en las etiquetas. La empresa alegó que dichos elementos no cumplían con los estándares reconocidos de fabricación.

A raíz de esa notificación, Louis Vuitton presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entidad que inicialmente acogió la acusación de la marca y sancionó a Gutiérrez con una multa de 4,8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a aproximadamente 18 mil soles.

Además de la sanción económica, las autoridades retuvieron los productos incautados.

El ingeniero presentó documentos que, según indicó, acreditaban la compra legal de los artículos. Estos incluyeron comprobantes oficiales de pago emitidos por el establecimiento comercial de Louis Vuitton en Nueva York.

También solicitó y obtuvo información bancaria que respaldaba las transacciones. Tales pruebas fueron presentadas en la apelación interpuesta ante la misma entidad, que revirtió la decisión inicial.

Indecopi, en su segunda evaluación del caso, determinó que no existían fundamentos válidos para sustentar la acusación por parte de la empresa y ordenó que esta asumiera los costos procesales.

La resolución concluyó que hubo fallas en la evaluación de la autenticidad de los artículos por parte de la marca, además de un manejo inadecuado del procedimiento de verificación.

El conflicto legal se resolvió en primera instancia el 8 de julio de 2025, cuando la justicia peruana declaró infundada la demanda presentada por Louis Vuitton.

La sentencia también obligó a la compañía a cubrir las costas del proceso judicial, tras verificar la autenticidad de los productos mediante los vouchers de compra y documentos bancarios presentados por el ciudadano peruano.

Gutiérrez sostuvo que las consecuencias de este proceso trascendieron el plano judicial. En sus declaraciones públicas, explicó que la denuncia por presunta falsificación afectó su vida personal y sus aspiraciones políticas.

Según relató, durante su participación como candidato en elecciones municipales en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, fue objeto de señalamientos en los que se le identificaba como comerciante de artículos falsificados, situación que —a su juicio— fue utilizada como argumento en su contra por adversarios electorales.

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El ingeniero también manifestó que, a pesar del fallo favorable, nunca se le devolvieron los cinco pares de zapatos que le fueron decomisados en el aeropuerto. Su ubicación sigue sin esclarecerse, a pesar de que la autenticidad de los productos fue confirmada.

En noviembre de 2025, Gutiérrez envió dos comunicaciones notariales a Louis Vuitton solicitando una conciliación extrajudicial.

En estas misivas planteó la necesidad de una reparación integral por los perjuicios materiales y morales causados.

Al no recibir respuesta por parte de la empresa, optó por presentar una nueva demanda ante los tribunales peruanos, esta vez por una cuantía de 20 millones de dólares, en lo que constituye la continuidad de un proceso que, según su versión, no solo puso en entredicho su honestidad, sino que también dejó en evidencia los mecanismos mediante los cuales una corporación multinacional puede activar denuncias sin una revisión rigurosa previa de los hechos.

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